Llarena deja la amnistía de Puigdemont en manos de Marchena

MadridNueve años después, Pablo Llarena ha puesto punto final a su participación en la causa del Procés y ha activado la cuenta atrás de la amnistía total a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. El juez instructor ha dado el penúltimo paso que faltaba para posibilitarlo: revoca el procesamiento que dictó en 2018, concluye el sumario y remite la causa a la Sala Penal para que sea Manuel Marchena quien dicte el archivo definitivo de la causa. De esta manera, la persecución judicial del 1-O en el Tribunal Supremo está más cerca de quedar enterrada.

Ahora bien, Pablo Llarena se despide con una última –e inofensiva– acometida. En una breve interlocutoria, de cuatro páginas, el magistrado aprovecha para dejar por escrito que “subsisten los indicios de participación” de los tres exiliados en el plan para “organizar y financiar con fondos públicos” el referéndum del 1 de octubre, “desatendiendo las prohibiciones” del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que le condujo a dejarles a un paso del banquillo de los acusados en marzo de 2018. El juez recuerda que el Govern impulsó una “actuación dirigida a imponer unilateralmente” la independencia de Cataluña “al margen” de la carta magna y del Estatuto de Autonomía.

A pesar de esto, asume con resignación que la amnistía y la “interpretación adoptada por la mayoría” del Tribunal Constitucional “impiden” mantener vivo el procesamiento. Y aprovecha para hacer un aviso implícito por si el independentismo quiere volver a intentarlo: “La imposibilidad de continuar la persecución penal no deriva ni de una despenalización de la malversación y de la desobediencia para el resto de casos análogos que puedan cometerse, ni de la desaparición de los indicios, sino de la decisión legislativa de amnistiar las concretas conductas investigadas”, justifica.

La resolución de Llarena ha llegado dos semanas más tarde de lo previsto. Cuando todo el mundo daba por hecho que remitiría la causa a la Sala de lo Penal, el juez se limitó a confirmar el levantamiento de las órdenes de detención, pero demoró la decisión final aduciendo que tenía que resolver un recurso de reforma que habían interpuesto Carles Puigdemont y Toni Comín contra su negativa a mover ficha después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, en otra interlocutoria que no tiene efectos prácticos, Llarena defiende la decisión que tomó en aquel momento y justifica que el veredicto de Luxemburgo “no eliminaba automáticamente” la interpretación que hizo el Supremo de la malversación después de la entrada en vigor de la amnistía. Era el último escollo que le faltaba para desprenderse de la causa.

Sin órdenes de detención desde hace 28 días

A la espera del archivo final, Toni Comín y Lluís Puig han podido volver en libertad a Cataluña recientemente porque, tras la sentencia del Constitucional sobre la malversación, Pablo Llarena dejó sin efectos las órdenes de detención que estaban vigentes desde noviembre de 2017. Por eso hace dos semanas que el exconsejero de Cultura pudo volver a Tarrasa y ocupó su escaño en el Parlamento, mientras que el exconsejero de Salud recogió el acta de eurodiputado en Madrid y solemnizó su retorno tres días más tarde. En cambio, Carles Puigdemont culminará el fin del exilio después de las elecciones del 29-N. El paso que ahora queda pendiente es que el Supremo dé la estocada final a la causa.

¿Qué pasará a partir de ahora?

El paso que ha dado Pablo Llarena era imprescindible, pero el camino hasta llegar se tiene que acabar de desbrozar. ¿Cuál será el calendario? La previsión es que Manuel Marchena, junto con Antonio del Moral y Andrés Martínez Arrieta, los tres jueces del juicio del Procés que continúan en activo, den un plazo de cinco días hábiles a las partes –las defensas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox como acusación popular– para que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía. Es el mismo trámite que hizo hace un mes con los cuatro condenados. Después de esto, la Sala Penal deberá dictar un auto para archivar la causa. Es lo que se conoce como sobreseimiento libre.

Pero puede haber un último escollo. La extrema derecha presentó un recurso de apelación contra la decisión de Pablo Llarena de levantar las órdenes de detención el mismo día que el Constitucional obligó al Supremo a amnistiar la malversación. “Si el enjuiciamiento continúa pendiente, subsiste también la necesidad de asegurar la presencia de los procesados”, esgrimía el escrito. Y en el seno del alto tribunal no está claro si habrá que esperar a que se resuelva el recurso para poner el punto final a la causa. “Debemos verlo, se trata de estudiarlo”, decía hace unos días una voz de peso consultada por el ARA. Otra fuente preguntada por este medio admitía que no había precedentes de una circunstancia como esta. En cambio, fuentes de las defensas de los exiliados están convencidas de que la ley de amnistía es clara y que debe aplicarse de manera inmediata y que, por tanto, Manuel Marchena no puede maniobrar para retrasarlo.