Municipalismo

Cerdos, residuos y una consulta que ERC no quiere: terremoto en Moià

Los republicanos se oponen a que los vecinos validen una ampliación del matadero y una planta de biogás

BarcelonaERC hace bandera del derecho a decidir, pero en Moià, donde gobierna con mayoría absoluta, está poniendo todas las trabas posibles para que sus habitantes no voten si quieren que se amplíe el matadero y se instale una planta de biogás El 21 de mayo, el gobierno municipal rechazó admitir a trámite la consulta de promo de la 200 vecinos en la plaza del ayuntamiento.

ERC aceptó preguntarlo a la ciudadanía, pero puso sobre la mesa una consulta propia, simplemente para pedir a los vecinos si están de acuerdo con la regularización del polígono industrial del Prat, donde hay diferentes empresas, como el matadero, y si están de acuerdo con instalarlo el matadero. Los republicanos consideran que aceptar estos proyectos es la única vía para regularizar el polígono y, por lo tanto, salvar a las empresas que ahora mismo están instaladas, pero los ecologistas y la oposición no están de acuerdo y creen que hay otras vías que después de la Generalitat ha aceptado la consulta. la votación por considerar que no tiene motivos justificados para no hacerlo. Al consistorio ya sólo le quedaba la vía judicial –presentar un recurso contencioso administrativo antes del miércoles–, pero se comprometió a no acudir a los tribunales, y así lo ha hecho. del problema y la modificación del POUM se hace para regularizar el polígono y para no tener que cerrar las empresas que hay y que emplean a 500 familias de la comarca".

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Jaume Sesé, portavoz de la Comisión Promotora de la Consulta Popular de Moià, que ha recogido a 1.800 firmas de habitantes en estos municipios. "Quieren que la pregunta se ajuste a sus planteamientos, pero es obvio que todo el mundo quiere que se regularice el polígono", argumenta, y recuerda que la coordinadora ya ha modificado tres veces la pregunta buscando el consenso que les pide la Generalitat.

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Si no hay acuerdo, el alcalde adelanta que aceptará la consulta como la plantea la coordinadora, pero avisa de que no es vinculante y que la última palabra la tiene el gobierno: "Actuaré con responsabilidad y no marcharé siendo el alcalde que lo ha cerrado aunque ha endeudado el Ayuntamiento por las indemnizaciones que se tendrán que pagar a las empresas, y si eso supone". Sea como fuere, ya ha convocado un pleno extraordinario el miércoles para la aprobación inicial del proyecto de la regularización del polígono, que ya salió adelante con un decreto de alcaldía. "Hasta ahora sólo ha puesto bastones en las ruedas y ahora tira por el derecho; no sé si llegaremos a tiempo para detenerlo", remacha la portavoz de Junts, Maria Tarter.

¿Pero cuál es la propuesta que hay sobre la mesa? El propietario del matadero quiere ampliar las instalaciones en los terrenos que tiene al sur del polígono y cederá una parte al Ayuntamiento para que ponga una planta de biogás, que se financiará con el fondo Next Generation, y también para que se instalen elementos que faltan en el polígono para regularizarlo. A cambio, el Ayuntamiento recalificará todos estos terrenos, que ahora son suelo rústico y que no pueden formar parte de un polígono.

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Propuesta al gobierno después de las elecciones

Pilar Clapers, portavoz de la entidad ecologista El Fanal, recuerda que el matadero tiene una sentencia firme de cierre desde 1999 y recuerda que el actual propietario lo compró en el 2022 y que justo después de las elecciones municipales planteó la propuesta al gobierno. "Es curioso, al menos –denuncia–. Todo ello huele a chamuscado", añade la portavoz de la CUP, Lakshmi Roset, quien explica que la gente se está movilizando como nunca porque "la indignación es fuerte".

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El alcalde rechaza que todo estuviera planeado. "Siempre puede haber coincidencias; y ahora debemos aprovecharlo porque en 14 años de alcalde no había llegado esa posibilidad", subraya mientras destaca que tanto el matadero como las demás empresas tienen licencia para seguir operando y que reclamarán indemnizaciones por lucro cesando si las cierra.

Clapers argumenta la oposición de una parte de los vecinos porque aseguran que se "duplicará el suelo del polígono industrial en una zona protegida" y por "los malos olores o las emisiones contaminantes de la planta de biogás". En este sentido, expone que "sólo un 11% de residuos son propiamente de Moià" y que "sólo el 0,08% de los 3.000 cerdos que se sacrifican a diario son de la comarca". Y defiende que la regularización del polígono podría hacerse en la parte norte, pero el alcalde dice que es inundable y que la Generalitat ya lo ha rechazado. "No nos creemos que para regularizar un polígono de 10,2 hectáreas sea necesario modificar 13,3. No han mostrado ningún informe técnico que concluya que ésta es la única opción", replica Clapers.