El rey emérito propone un pacto a Hacienda para evitar la investigación de las tarjetas opacas en el Supremo
Propone una regularización fiscal a Hacienda que continúa ocultando sus fondos en el extranjero
MadridSobre Juan Carlos I hay tres investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía en España. Dos con pocas posibilidades de prosperar por ser hechos anteriores a la abdicación de 2014 –protegidos por la inviolabilidad–, pero una tercera que, de acabar llegando al Tribunal Supremo, podría poner contra las cuerdas la familia real, puesto que salpica también a la reina Sofia y a algunos de sus nietos. Es la investigación de las tarjetas opacas: tarjetas de crédito presuntamente regaladas por un magnate mexicano y que Juan Carlos I y su mujer habrían usado entre el 2016 y 2018 sin declarar a Hacienda por un valor anual superior a 278.000 euros al año, lo que podría comportar hasta cinco años de prisión por un delito fiscal.
Para evitar a toda cuesta que esta investigación salga adelante, el abogado de Juan Carlos I habría presentado ante la Agencia Tributaria una declaración para regularizar su situación fiscal en España, lo que supondría reconocer el fraude a las arcas públicas. Una regularización que, aun así, no hace referencia a su dinero en el extranjero. Según publica este domingo El País citando fuentes de Hacienda, la propuesta del abogado del monarca fugado desde hace cuatro meses en los Emiratos Árabes Unidos ya está sobre la mesa del ministerio de Hacienda. En cambio, fuentes próximas a Juan Carlos I aseguran al Mundo que están estudiando con el equipo jurídico la posibilidad de presentar una regularización, que incluso lo han comunicado al gobierno español, pero que todavía no se ha presentado ninguna declaración voluntaria. Consultado por el ARA, el ministerio de Hacienda ni confirma ni niega la información porque por ley no pueden referirse ni a contribuyentes ni a expedientes en concreto.
Sea como fuere, la voluntad de negociar con la Agencia Tributaria significa por primera vez la admisión del fraude a las arcas públicas. De llegar a un acuerdo con Hacienda, Juan Carlos I devolvería todo el dinero defraudado en España más una multa a cambio de cerrar la carpeta judicial. Esto significaría acabar con el frente judicial más complejo para el monarca, puesto que la Fiscalía del Supremo se inclina por archivar la investigación por las comisiones del AVE de la Meca y no ve demasiadas posibilidades con la carpeta de Jersey –puesto que podría remontarse a 2005–. Con todo, continuaría sin regularizar sus bienes en el extranjero.
Desde la fuga del rey emérito a Abu Dhabi no han hecho más que crecer los detalles sobre las presuntas corruptelas del monarca. La posición de Felipe VI cada vez es más difícil, a las puertas de un discurso de Navidad en el que tendrá que hacer alguna gesticulación sobre la situación de su padre. A esto se le suma la decisión de callar en un momento en el que la extrema derecha intenta patrimonialitzar su figura. No ha dado ni un gesto en respuesta al alud de cartas de militares retirados que, con un lenguaje más que beligerante, le piden que mueva pieza contra Pedro Sánchez. La última, de más de 250 exmilitares dispuestos a “entregar la vida” para defender España del gobierno de coalición, a quienes acusan de “despreciar” a Felipe VI.
El silencio del PSOE
La noticia de El País ha sacudido este domingo el inicio del acto de conmemoración del 42 aniversario de la Constitución en el Congreso, pero más allá de Unidas Podemos ninguno de los partidos presentes han puesto contra la espada y la pared a Juan Carlos I. Aunque para el portavoz del partido lila en la cámara, Pablo Echenique, la decisión supone la “confesión del fraude” después de haberlo “pillado”, para el líder del PP, Pablo Casado, se trata de un hecho a enmarcar en la “vida privada” del monarca. El PSOE, en cambio, ha decidido guardar un escrupuloso silencio en relación con la información. Ningún portavoz socialista ha hecho declaraciones desde el atril dirigido a la prensa –en época de covid está prohibido que los periodistas persigan con micrófonos a los políticos en el Congreso – y los miembros socialistas del gobierno español se han escabullido de los medios, incluso en conversaciones informales. El presidente español, Pedro Sánchez, ha hecho una breve declaración sin preguntas.
Para el PP el “legado” del rey emérito es intocable. Casado se ha referido a Juan Carlos I como el “arquitecto de la Transición” y no ha querido hablar de hechos recientes. Lo mismo han hecho algunos de los presidentes autonómicos del PP como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que hoy era “un buen día para reivindicar su figura”. El PNB, en cambio, que nunca participa en este tipo de actas, ha lanzado un aviso sobre Euskadi: la corona tiene que reaccionar ante las sospechas de corrupción o “se puede llevar una sorpresa a medio plazo”, ha dicho su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.
La declaración voluntaria de Juan Carlos I está sobre la mesa desde que su ex-amante Corinna Larsen declaró que el rey emérito le había regalado 65 millones de euros procedentes del rey saudí. Pero por ahora parecería que el monarca mueve ficha solo cuando puede salpicarle una causa por la que no le protege la inviolabilidad.