¿Empieza a rodar la financiación singular?

BarcelonaEste lunes se ha escenificado la puesta en marcha del proyecto de financiación singular defendido por ERC y aceptado por el PSOE en el marco de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El texto acordado y firmado por ambos lados está lleno de buenos propósitos, matizados siempre por la apelación a la extensibilidad de lo acordado a las demás administraciones tributarias autonómicas. El objetivo es que la administración tributaria de la Generalitat asuma progresivamente las competencias en la gestión del IRPF y que las declaraciones del IRPF correspondientes al ejercicio 2025 ya se puedan presentar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con la posibilidad de utilizar la clave de identificación digital establecida por la Generalitat (idCAT), y que se pueda avanzar la AEAT, en particular con la comprobación de la correcta aplicación de la normativa autonómica y, en especial, de las deducciones aprobadas por el Parlamento”.

Leído atentamente el acuerdo firmado por ambas partes, el gobierno del Estado parece haber cedido poco. Podríamos decir que lo firmado serían unas "prácticas" de recaudación fiscal. La parte introductoria es más estimulante, pero igualmente se ve que el ministerio de Hacienda, representado por el ministro de Política Territorial, avanza con el freno de mano puesto, más atento al "qué dirán" (las comunidades autónomas propias y las del PP) que al cumplimiento del pacto con ERC. Una lectura fría del acuerdo no puede interpretarlo como una revolución ni como un golpe de estado, más bien como la apertura de una posibilidad, siempre dentro del marco de las competencias aprobadas por el Parlament de Catalunya, de recaudar la parte del IRPF que deriva de competencias ya transferidas o legisladas por el Parlament. Estamos lejos de la financiación singular.

Sin embargo, ¿debemos abuchear a los interlocutores de la parte catalana? ¿O debemos felicitarlos? Se hace difícil felicitarles a la vista del acuerdo, pero, probablemente, en la situación de fragilidad política general, sólo se pueda romper el fuego de la recaudación del IRPF desde la ATC empezando por algún punto, por modesto que sea, y que el gobierno de Pedro Sánchez pueda aprobarlo con sus propios votos y los de sus socios de investidura.

Ahora bien, si se aprueba y avanza en su cumplimiento, el literal del acuerdo es tan poco amenazante para las esencias unitaristas españolas que podría sobrevivir a una mayoría absoluta del Partido Popular. La Generalitat debería aprovechar la ocasión para convocar el máximo de plazas de alto nivel de inspección y administración tributaria que sea posible, para dar el salto que nunca se ha llegado a tener musculatura y calificación para tener una administración tributaria propia.