La conspiración fallida contra la fiscal general
Las investigaciones al rey emérito y los recursos por la elección de Delgado marcarán el nuevo curso en los tribunales
MadridLa mañana de este lunes 6 de septiembre de 2021 entrará en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, tras ser recibido, a lo más durante un par de minutos, por los magistrados miembros de la Sala de Gobierno, el rey Felipe VI. Irá seguido desde la calle por el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a los que se unirá la fiscal General del Estado (FGE), Dolores Delgado. El rey pronunciará su clásica frase: “Se abre la sesión, audiencia pública, dese cuenta por el secretario de la sala de gobierno”.
El secretario, pues, indicará que de acuerdo con el protocolo hablará primero Dolores Delgado para dar lectura de la memoria anual de su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. Después tocará a Carlos Lesmes presentar la memoria anual -todo un récord por octavo año consecutivo- sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia. El rey, que preside el acto, encenderá el micrófono y dirá: “Tiene la palabra la fiscal general del Estado”. Y luego hará lo propio con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
La lectura de ambas memorias camuflará la situación realmente existente en las instituciones judiciales, convertidas por la derecha de Vox y del Partido Popular en trincheras, desde las cuales se libra, tras la constitución del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de Pedro Sánchez en enero de 2020, una guerra de artillería de desgaste que fácilmente durará los dos años que restan de legislatura.
El nombramiento de Delgado
Mientras la fiscal general del Estado lea su memoria, ¿qué le pasará por la cabeza a Lesmes, que el 16 de enero de 2020 evitó utilizar la clásica palabra idoneidad para dar luz verde al nombramiento de Delgado como fiscal general, que en base a la ausencia de dicho concepto -aprobado por una mayoría conservadora de 12 contra 7-, Vox y PP han impugnado la designación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la Tercera, que adoptará una decisión sobre los mismos el 19 de octubre próximo?
Y durante la lectura de la memoria del presidente del Supremo y del CGPJ, ¿le pasará por la cabeza a Dolores Delgado la posibilidad de que anulen su nombramiento el 19 de octubre? ¿El desenlace será parecido al de Eligio Hernández, fiscal general del gobierno del PSOE que dimitió el 27 de mayo de 1994 ante la próxima anulación de su nombramiento en el Pleno de la Sala Tercera por falta del requisito de quince años de jurista de reconocido prestigio para ejercer en el puesto, anulación que se produjo el 18 de junio de 1994?
Los recursos de Vox y del PP han tocado a la sección IV de la Sala Tercera del Supremo, según una providencia dictada a mediados de julio. La sección está dividida en dos mitades. Los magistrados Pablo María Lucas, Pilar Teso, que es la ponente en estos recursos, y Celsa Picó, no están a favor de anular el nombramiento, y los magistrados Luis Díez Picazo, José Luis Requero y Rafael Toledano son favorables a considerar ilegal la designación. Tanto la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa administrativa (LJCA) prevé que una mayoría de magistrados de la sección encargada puede lograr que un recurso se avoque al Pleno de la Sala. Otra alternativa es que el presidente de la Sala Tercera decida de oficio elevar el asunto a decisión del Pleno de 32 magistrados.
La primera posibilidad, la de la mayoría de la sección, no es posible, según se ha señalado. Por ello, un grupo de magistrados conservadores, capitaneado, según fuentes de la Sala Tercera, por Inés Huerta, se empezó a movilizar en julio pasado para recoger firmas con el objetivo de conseguir llevar al Pleno la resolución de los recursos. Se reunieron 9 firmas: José A. Montero, José Luis Requero, Inés Huerta, Rafael Fernández Valverde, Segundo Menéndez, Eduardo Calvo, Antonio Jesús Fonseca, Francisco J. Navarro, y Rafael Toledano. A notar: Requero y Toledano pertenecen a la sección IV a la que corresponde resolver el recurso, y Fernández Valverde es vocal del CGPJ, quien suele presentarse como vicepresidente de la institución.
La idea era, en todo caso, persuadir o "sensibilizar" al nuevo presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, para que avocase de oficio al Pleno la resolución del recurso. Pero Tolosa no ha movido ficha en esa dirección al menos hasta este pasado viernes, según magistrados consultados. Tampoco la fiscalía General del Estado, según pudo saber el ARA, tuvo constancia de esa elevación.
En su defecto, los medios de la derecha se inventaron esta semana que el presidente ya había elevado la cuestión al Pleno, calentando el ambiente ante la inauguración del año judicial previsto mañana lunes 6 de septiembre.
Fuentes judiciales estiman que la conspiración de las firmas difícilmente pueda consumar la anulación del nombramiento de Delgado. “Te puede gustar o no gustar Lola pero cumple todos los requisitos. Y lo de la trampa de la falta de idoneidad que puso Lesmes no tiene ni pies ni cabeza. Es un invento del GAL, el Grupo de Amigos de Lesmes”, señala un magistrado consultado por el ARA.
El curso más probable, siempre que Tolosa no eleve el asunto al Pleno -para lo que todavía sobra tiempo- sería que el recurso sea resuelto en la sección IV. Según las normas del CGPJ “cuando en la sección IV se traten asuntos que se refieren a actos o disposiciones procedentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo o del Consejo de Estado, o que afecten al Ministerio Fiscal, la sección será presidida por el presidente de la Sala”. Ergo, el nuevo presidente, Tolosa, presidirá la sección IV el 19 de octubre.
En tal caso, según la fuente judicial consultada, “el resultado de la deliberación-negociación busca evitar una imagen de división excesiva, como sería un 4 a favor de desestimar el recurso y un 3 a favor de su admisión mediante una sentencia que recoja el sentir de los minoritarios”. Es decir: un rapapolvo al Gobierno por el nombramiento de la ministra de Justicia como FGE y votos particulares.
El rey emérito
Si encender el fuego del recurso de Vox contra la fiscal general del Estado ha sido una de los instrumentos de la semana para preparar la inauguración del año judicial, la situación procesal de Juan Carlos I, el rey emérito, ha sido la otra bomba, precisamente cuando su hijo, Felipe VI, se da prisa para asistir mañana, lunes 6, a presidir el acto del Tribunal Supremo.
La Fiscalía del Supremo, que investiga en tres casusas sin imputar formalmente al emérito, cursó a finales de 2020 una comisión rogatoria a Suiza para obtener las cuentas bancarias y patrimoniales de la fundación Zagatka, que ha pagado 9 millones de euros en viajes de avión privado de Juan Carlos I mientras era rey en ejercicio y con posterioridad a su abdicación en 2014. Zagatka (Liechtenstein 2003) tenía en esos años como primer beneficiario a Álvaro de Orleans, primo remoto de Juan Carlos I, como segundo a su hijo Andrés Orleans, tercero al propio Juan Carlos I, cuarto al entonces príncipe Felipe y quinta y sexta a las infantas Cristina y Elena.
Esa comisión rogatoria fue devuelta al Supremo por el fiscal suizo Yves Bertossa por falta de fundamentación, según fuentes jurídicas. El 24 de febrero de 2021, la Fiscalía del Supremo reformuló y amplió la comisión rogatoria.
Y he aquí que dos días más tarde, el 26 de febrero de 2021, los asesores de Juan Carlos I, tras quitar hierro a la Fundación Zagatka y señalar que es propiedad de Orleans, presentaron una regularización fiscal por gastos de Zagatka de 4.395.901,96 euros. Según explicaron Juan Carlos I ha prestado servicios a dicha fundación.
Javier Sánchez-Junco, abogado del emérito, fue notificado, según se ha señalado, de cada una de las investigaciones que se ha abierto a su cliente en el Supremo, y ha preferido no personarse en las diligencias de investigación para tener las manos libres a la hora de presentar una regularización “espontánea”, la única considerada válida para evitar el delito fiscal. Pero la defensa de Juan Carlos I conocía las diligencias en España y en Suiza. Sabía lo que se cocía en torno a Zagatka. Y aprovechó para regularizar. El diario El País informó a primeros de junio pasado sobre la comisión rogatoria cursada por la Fiscalía y sobre los delitos que se invocaban (blanqueo, fiscal, cohecho y tráfico de influencias) y la investigación de presuntas comisiones internacionales por parte del emérito. Este viernes, el diario El Mundo recicló el asunto y atribuyó a la Fiscalía calificar a Juan Carlos I como comisionista internacional.
En el texto se señala que se investiga el cobro “de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales” y apunta a la existencia de “elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación tienen, entre otros, la referida procedencia ilícita”, por presuntos delitos de blanqueo, fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía del Supremo no atribuye más que elementos indiciarios a la conducta de Juan Carlos I. ¿Qué sentido tendría atribuirle hechos si lo que se está pidiendo precisamente son las cuentas de Zagatka, sobre las que el emérito ha presentado una regularización de casi 4,4 millones de euros? ¿Cómo puede la Agencia Tributaria valorar esa regularización si no sabe qué es Zagatka? ¿Por qué si no es propiedad de Juan Carlos I (aunque figura como tercer beneficiario), el emérito, antes y después de abdicar, se gasta dinero a espuertas de dicha fundación?
La "revelación" periodística ha servido como ariete para que el emérito desde los Emiratos Árabes Unidos – donde reside desde el 4 de agosto de 2020 con escoltas pagados por Patrimonio Nacional – ataque a la Fiscalía del Supremo “por vulnerar su presunción de inocencia” y provocarle “indefensión”. ¿Por qué no se personó en las diligencias cuando se lo ofreció la Fiscalía del Supremo? ¿Para regularizar "espontáneamente"?
Si bien las investigaciones en Suiza y España no van formalmente dirigidas contra Juan Carlos I, la demanda civil por acoso, seguimiento ilegal y difamación presentada por Corinna zu Sayn-Wittgenstein en el Alto Tribunal de Justicia británico acusa directamente al rey emérito. Tendrá que nombrar abogados y responder a las acusaciones de su examante en breve.