Feijóo pone en marcha el plan para torpedear la amnistía

MadridLa amnistía se ha debatido por primera vez en el Congreso y el PP ha comenzado su batalla de obstáculos para descarrilarla. Alberto Núñez Feijóo anunció que utilizaría todas las herramientas a su alcance y una de ellas será una comisión de investigación en el Senado para fiscalizar al por menor la negociación en el extranjero entre el PSOE y Junts. "No la cerraremos hasta saberlo todo: quiénes son los mediadores, cuánto cobran, cuál es el contenido y alcance de la negociación, y comparecerán todos", ha asegurado el líder conservador, en una sesión parlamentaria que ha bautizado como la más "trista y decadente desde el 23-F".

Feijóo ha recuperado el liderazgo de la oposición a Pedro Sánchez, después de que en las últimas horas estuvieran marcadas por las declaraciones de Santiago Abascal en Argentina, en las que decía que el presidente español acabaría colgado de los pies como Benito Mussolini. Unas palabras "tan gruesas que algunos pueden utilizarlas como justificación para acciones violentas", ha alertado el portavoz del PSOE, Patxi López, encargado de defender la amnistía en el pleno y de anunciar que su partido presentará una denuncia por un presunto delito de odio contra el líder de Vox. Lejos de retractarse, Abascal ha celebrado la acción judicial porque cree que cumple su vaticinio durante el debate de investidura: "O el dictador en el banquillo de los acusados, o los que nos oponemos al golpe en prisión".

Los 178 votos de la mayoría plurinacional permitirán que la ley de amnistía se abra paso y sus portavoces le han defendido ante los ataques del PP. López recordó que José María Aznar tampoco llevaba al programa electoral todo lo pactado con Jordi Pujol en el pacto del Majestic y comparó esta amnistía con la de la Transición. "No se puede sostener que perdonar torturas y asesinatos era tener sentido de estado y que superar la fractura en Catalunya es romper a España. Ya sé que son tiempos diferentes, pero la amnistía iluminó la democracia", ha subrayado. Además, López ha subrayado que la amnistía es "más democrática" que los indultos porque se somete a debate a la cámara y "todo el mundo aporta".

El PSOE volvió a defender que la medida de gracia favorece la "convivencia" y la "unión", mientras que el independentismo insistió en que es el paso necesario para la negociación sobre el conflicto político. "Abrirá una vía muy difícil: la negociación entre naciones, la catalana y la española, para decidir nuestro futuro", ha subrayado el diputado de Junts Josep Maria Cervera. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dejado claro que la amnistía no hará que se sienta "más español" porque es una "imposición" y ha defendido que se pregunte en un referendo.

Un camino de obstáculos

El debate no ha servido para aportar nuevos argumentos a favor y en contra de la amnistía, pero sí para constatar que el PP pondrá todas las posibles trabas. La primera fue la de solicitar que la toma en consideración se votara por llamamiento, lo que obligó a cada diputado a expresar con la voz el sentido de su voto. Ya ocurrió en la anterior legislatura con la derogación de la sedición. Sin embargo, López ya ha anunciado que el PSOE no tienen "ningún problema en retratarse". "Aquí tienen 121 diputados socialistas", ha manifestado.

La segunda maniobra de dilatación de la proposición de ley será, presumiblemente, presentar enmienda a la totalidad con texto alternativo que obligará a celebrar un nuevo pleno para aprobarla o rechazarla. Fuentes parlamentarias aseguran que esta sesión será en enero y no la próxima semana, aunque inicialmente se había apuntado esta posibilidad. En el Congreso el PP no tiene mayoría y, por tanto, no podrá alargar más el trámite de enmiendas al articulado. En esta fase, los independentistas sí estudian presentar alguna, tal y como han reconocido ERC y Junts, aunque el PSOE ya ha avisado de que no aceptará ninguna sustancial. Sólo menores y de carácter técnico.

En febrero la ley de amnistía pasará al Senado y allí los conservadores sí tienen mano. Ya han impulsado una reforma del reglamento para que su tramitación no sea de urgencia y pueda ser de dos meses, como cualquier otro trámite que proviene del Congreso. Además, la mesa ha acordado pedir informes al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial sobre la norma, pese a que estos organismos sólo los hacen cuando se trata de proyectos de ley del gobierno español. Sin embargo, la mayoría conservadora del CGPJ probablemente aceptará el encargo.

Aún en el ámbito parlamentario, la comisión de investigación en la cámara alta que ha anunciado Feijóo será el torpedo constante a las relaciones entre el PSOE y el independentismo. El PP podrá utilizar su mayoría absoluta para citar a muchos comparecientes, que teóricamente están obligados a hacerlo si no quieren incurrir en sanciones. Por último, la pata judicial es otra de las vías que utilizará Feijóo: por un lado, con el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; y, por otra, con los propios jueces de la derecha que por voluntad propia ya han empezado a poner bastones en las ruedas en la amnistía.