El fiscal Redondo descartó terrorismo al comprobar que Tsunami no secuestró controladores en el aeropuerto

BarcelonaEn cuatro días, el fiscal del Supremo Álvaro Redondo pasó de ver terrorismo en la causa de Tsunami Democrático (y ponerlo por escrito en un borrador) a redactar un informe en el que rechazaba que el tribunal investigara al expresidente Carles Puigdemont por éste delito. Y aunque finalmente le enmendaron la página sus colegas de la junta de fiscales del Tribunal Supremo, la decisión final está en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez, quien como superior jerárquica deberá fijar el criterio. Pero ¿qué ocurrió entre el 26 de enero –fecha del primer documento de Redondo– y el 30 –fecha del definitivo– para que Redondo cambiara de opinión?

Según han explicado este miércoles fuentes jurídicas, Redondo hizo el primer informe con un conocimiento muy "superficial" de la causa a partir del escrito que remitió al Supremo el juez instructor, Manuel García-Castellón. Inicialmente, el fiscal analizó el relato sobre los disturbios en el aeropuerto de Barcelona fruto de la movilización de Tsunami Democrático contra la sentencia del Proceso. En una primera lectura, consideró que había razones para afirmar que los controladores del aeropuerto fueron retenidos ilegalmente y que, por tanto, hay posibilidad de acusar a los promotores de las protestas de un delito de secuestro. Es entonces cuando redacta un informe inicial con esta tesis, que envía al fiscal del Supremo Fidel Cadena (que, por cierto, ejerció la acusación en la causa del Proceso). Redondo no hizo llegar el informe a nadie más y, sin embargo, el documento acabó en manos de la prensa antes de que se hiciera público.

Tras el 26 de enero, Redondo volvió a revisar los expedientes del caso y reconsideró la tesis temprana, según estas fuentes. Comprobó que, de acuerdo con el relato de los hechos disponible, ninguno de los manifestantes impidió a los controladores abandonar el aeropuerto, y que únicamente se encontraron problemas los profesionales que en ese momento entraban a trabajar. Concluyó que no hubo ninguna retención y, por tanto, no es posible imputar un delito de secuestro. La acusación de terrorismo empezaba a deshincharse. Finalmente, el 30 de enero redactó un nuevo informe –el que después elevó a la junta de fiscales– donde considera que no hay indicios suficientes contra Puigdemont y que los hechos son constitutivos de desórdenes graves y daños.

Todo ello, una tesis que concuerda con la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, pero no con la que han denunciado algunos medios de comunicación en los últimos días, que, citando fuentes de la Fiscalía, apuntaban a presiones a Redondo para que cambiara de criterio .

La reunión Redondo - García Ortiz

Ahora bien, lo cierto es que entre estos cuatro días Redondo se reunió precisamente con García Ortiz. El mismo día 30. En cualquier caso, el fiscal ponente ha negado que el fiscal general del Estado le presionara o le pidiera que cambiara el informe para evitar que Puigdemont acabara investigado por terrorismo en el Supremo. De hecho, en una visita este miércoles a Barcelona, ​​el propio fiscal general ha desmentido que tuviera en sus manos el primer borrador. "Ignoro e ignoraba la existencia del anterior informe, lo he visto en informaciones de prensa", ha afirmado en declaraciones a los medios. "Si se ha traicionado la confianza y el compañerismo, tenemos un problema", ha apuntado en relación a la filtración del informe.

¿Qué criterio se impondrá al ministerio público? Según el fiscal general, que no quiso posicionarse sobre si en Tsunami Democrático hubo o no terrorismo, la discrepancia se resolverá por las vías legales habilitadas en estos casos a través de la jerarquía. Es decir, será María Ángeles Sánchez, alineada con las tesis del gobierno español en cuanto a Tsunami, la que decida. "Hay que dejarla trabajar en paz", ha añadido García Ortiz, que ha visitado Catalunya para reunirse con los fiscales superiores después de que el gobierno español le confirmara en el cargo. La visita a Barcelona estaba prevista desde hacía semanas, apuntan fuentes del órgano.

Un fiscal del Supremo denuncia injerencias

Los llamamientos a la calma del fiscal general contrastan con las declaraciones del fiscal del Supremo Salvador Viada, uno de los once miembros de la junta que avaló pedir que el tribunal asuma la causa contra Puigdemont por terrorismo. En una entrevista en Onda Cero este miércoles, Viada ha sostenido que la discrepancia en la junta estaba "preparada", a su juicio, con el objetivo de que el caso ascienda hasta los superiores jerárquicos y, eventualmente, quien decida sea el fiscal general. "Nos han hecho un 155 encubierto", ha criticado.

Al preguntarle por estas declaraciones, García Ortiz ha afirmado que el hecho de que se divulguen las deliberaciones en las juntas de fiscales es una "anomalía" y ha reiterado la necesidad de preservar a los fiscales de presiones externas.