El fiscal represaliado
MadridLa condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es de las que marcan un período, una etapa de la vida del Estado y de las relaciones entre sus instituciones. Habrá que ver el razonamiento de la sentencia, por supuesto, pero ya de entrada el hecho mismo de que el fiscal haya sido considerado autor de un delito implica una corrección impuesta al gobierno de Pedro Sánchez, que había defendido su inocencia. Por otra parte, aquí se juzgaba la conducta de la Fiscalía por desmentir una manipulación informativa. Lo que hizo García Ortiz fue salir al paso de una mentira que comprometía la credibilidad de su gestión. La falsa noticia era que el ministerio público había detenido una negociación con el empresario Alberto González Amador –denunciado por fraude fiscal– siguiendo instrucciones recibidas desde altas instancias, es decir, desde el gobierno. Se añadía que el intento de acuerdo había sido inicialmente impulsado por los fiscales, cuando en realidad lo había pedido la defensa.
La Fiscalía quiso aclarar que aquellos contactos se habían producido a petición del abogado de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que por tanto los fiscales no estaban jugando con perversidad alguna en los contactos establecidos. En cambio, desde el otro lado se quiso convertir el asunto en un episodio de acoso político del que se había hecho víctima un empresario por estar unido sentimentalmente a una dirigente muy significada de la oposición como la presidenta Ayuso. Ayudada por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ella misma difundió la idea de que, en realidad, lo que pretendían el gobierno y la Fiscalía era atacarla por su relación con un hombre de empresa injustamente acusado por la Agencia Tributaria.
Durante el último año y medio, un caso de fraude fiscal de 350.000 euros presuntamente realizado con facturas falsas se ha convertido en una causa por un delito de revelación de secretos contra García Ortiz, quedando invertidos los papeles entre el investigador y el investigado, que ha logrado convertir a su acusador. Naturalmente, González Amador sigue imputado y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido ya para él una condena de 3 años, 9 meses y 1 día de cárcel y una multa que en el primer caso es de 623.000 euros y en el segundo de 448.000 euros. Pero aún no hay fecha para ese juicio, mientras que tenemos un fiscal general ya condenado e inhabilitado por dos años, contra el parecer de dos magistradas que votaron por la absolución.
En todo caso, esto no acaba aquí. Seguro que García Ortiz presentará primero un incidente de nulidad en el Supremo, paso necesario para recurrir después al Constitucional. Y ésta será la batalla más interesante. El órgano de garantías lleva tiempo corrigiendo al Supremo. Lo hizo en el caso de los ERE de Andalucía, sobre la ley de amnistía y sobre la condena a Alberto Rodríguez, el diputado de IU que perdió el escaño al ser condenado por dar una patada a un policía. Veremos si ahora se repite la historia entre Supremo y Constitucional.