La Audiencia Nacional paraliza la instalación del campamento de migrantes en el puerto de Ceuta

MadridLa gestión de la crisis de Ceuta está atravesada por las decisiones judiciales. La Audiencia Nacional ha paralizado la instalación del campamento de inmigrantes en el puerto de Ceuta. Una iniciativa del gobierno español para ubicar a un millar de personas de forma temporal y con la que había chocado con el ejecutivo ceutí. Ahora bien, ha sido un sindicato policial, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien ha provocado que se detenga con una petición cautelarísima. La sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional lo ha acordado, a petición del SUP, hasta que pueda estudiar la documentación del ministerio de Transportes y resuelva la medida cautelar.

Fuentes del gobierno español no han ocultado su "perplejidad" por la decisión, ya que la reubicación en el puerto, aseguran, era "la más idónea y tenía todas las garantías de seguridad". "Sacar a los inmigrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas", insisten. Hace diez días el departamento de Óscar Puente decidió tomar el control del puerto y autorizar a la secretaría de estado de Migraciones el uso temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta. El sindicato alega que es un peligro poner un campamento en esta infraestructura crítica. El PP ha celebrado que la Audiencia Nacional haya escuchado las quejas que se habían expresado desde Ceuta mientras que el PSOE ha lamentado la decisión. A juicio de Sumar, debería provocar que se aceleren los traslados a la península.

Por otra parte, la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio, María Tardón, ha citado a declarar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la delegación del gobierno español en esta ciudad, Gonzalo Sanz, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, respectivamente. Además, también pide las "alertas y análisis de riesgos" que pudieron emitir organismos policiales y militares y que advirtieran de la entrada masiva. Si existieron, la magistrada quiere saber quiénes fueron los destinatarios y el medio que se utilizó para enviarlas, además de la fecha y la hora.

Este no ha sido el único movimiento judicial de este miércoles. La Fiscalía de Ceuta también ha movido ficha y ha abogado por averiguar si existe una presunta responsabilidad del delegado del gobierno español, Miguel Ángel Pérez Triano, en la entrada masiva de migrantes, ya que fue la delegación de la ciudad autónoma la que recibió el aviso de las convocatorias para cruzar la frontera a través del CNI.

En concreto, quiere aclarar si hubo "decisiones u omisiones que pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos". Así lo expuso el ministerio público en un escrito a la Audiencia Nacional de hace unas semanas, al cual ha tenido acceso Europa Press, en el cual abogó también a favor de que fuera la jueza María Tardón quien pilotara toda la instrucción –y no los juzgados de Ceuta. Fuentes de la Fiscalía General del Estado han matizado que se trata de un informe de la fiscal en jefe de Ceuta sobre quién es competente para investigar los hechos y que el ministerio público "no ha efectuado ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto".

"La investigación de la conducta del delegado del gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las cuales se produjo la entrada masiva de personas nadando, la información de la cual disponían las autoridades españolas, las previsiones y las medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes y la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección", señaló en el escrito la fiscal ceutí.

De hecho, en la delegación de Ceuta ya se ha producido una dimisión por estos hechos. El jefe de gabinete de Pérez Triano, Gonzalo Sanz, dimitió despuésde la desclasificación de los documentos de Ceuta por parte del gobierno español, en los cuales había una conversación de WhatsApp con el CNI en la que le advertía de convocatorias de alcance de 180.000 personas el día del trono de Marruecos. La versión de Pérez Triano es que no le llegó la información, pero su jefe de gabinete dice que sí. Sea como sea, desde el gobierno español defienden que estas alertas, así como otras de la policía, no se pueden considerar avisos sólidos de lo que ocurrió, ya que insisten en que ni el CNI ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional previeron la "magnitud" de la crisis.