La Fiscalía Europea carga contra la fiscal general española por mantener la investigación del caso Ayuso

BruselasEl mismo día que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está en Bruselas para diferentes reuniones, la Fiscalía Europea emite un duro comunicado que llama la atención a las autoridades españolas por el caso de la venta de mascarillas de su hermano. El organismo comunitario (EPPO por sus siglas en inglés) considera que la decisión de la Fiscalía General del Estado de dividir la investigación sobre los contratos de venta de mascarillas del hermano de la presidenta desafía la "supremacia del derecho europeo", porque impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga su trabajo.

De hecho, el organismo comunitario expresa explícitamente "su preocupación" por el procedimiento porque quien ha resuelto sobre el conflicto de competencias entre el órgano nacional y el europeo es justamente la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, "parcial en el procedimiento en curso". El comunicado de la Fiscalía Europea, un organismo que empezó a andar definitivamente en junio del 2021 con Laura Kovesi como fiscal general, es especialmente duro: "La decisión [de dividir la investigación entre autoridades comunitarias y españolas] se ha tomado sin escuchar a las dos partes del conflicto". Además, se queja de que la ley española que regula este proceso no prevé la posibilidad de presentar ningún recurso y lo considera "incompatible con el derecho de la UE".

Delgado decidió que los fiscales europeos investigaran los presuntos delitos relacionados con el mal uso de los fondos europeos, porque las mascarillas se pagaron con fondos regionales; y dejó para Anticorrupción la relación de este caso con la administración española, por posible tráfico de influencias. Hay que recordar que Ayuso admitió que su hermano había cobrado una comisión de 55.580 euros, más IVA, por comprar 250.000 mascarillas en China y suministrarlas a la empresa Priviet Sportive, que a su vez las vendió a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones.

La Fiscalía Europea es la entidad independiente responsable de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses económicos de la UE, que pueden ser varios tipos de fraude, como por ejemplo relacionados con el IVA, que supongan daños superiores a 10 millones de euros. También investiga el blanqueo de dinero o la corrupción siempre que involucren fondos comunitarios. Hasta ahora, solo las autoridades de los países podían investigar y procesar estos delitos, pero desde que en junio del 2021 se puso en funcionamiento este organismo ya ha registrado más de 2.500 denuncias de delitos y ha abierto hasta 500 investigaciones. La Fiscalía Europea está formada por 22 fiscales de diferentes países de la UE; solo Hungría, Polonia y Suecia no se han unido y Dinamarca e Irlanda tampoco porque tienen un acuerdo diferente que los excluye del espacio de libertad, seguridad y justicia común.