La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Torra por la segunda pancarta en la Generalitat

La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para cualquier cargo público y 30.000 euros de multa para el expresident Quim Torra por no haber descolgado a tiempo una pancarta a favor de los presos políticos del balcón de la Generalitat en septiembre de 2019. Le acusa de un delito de desobediencia, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le dio 48 horas para descolgar el cartel y el expresident no lo hizo alegando que la orden vulneraba la libertad de expresión. Finalmente el tribunal ordenó a los Mossos d'Esquadra que la retiraran, pero antes lo hicieron unos trabajadores de Palau.

La entidad españolista Impulso Ciudadano pidió en junio de 2019 a la sala contenciosa-administrativa del TSJC que, como medida cautelar, obligara a Torra a retirar la pancarta con el lema Llibertat presos polítics i exiliats ('Libertad presos políticos y exiliados') en catalán e inglés, y un lazo amarillo. La sala contenciosa-administrativa admitió la petición de medidas cautelares y el 19 de septiembre dictó la orden de retirada, que fue comunicada personalmente a Torra el 23 de septiembre, dándole un plazo máximo de 48 horas. No obstante, el 20 de septiembre Torra ya emitió un comunicado asegurando que no acataría la orden. Torra no descolgó la pancarta alegando que la decisión no era firme y se podía recorrer. Según el expresident, la pancarta era un ejercicio de los derechos de libertad de expresión, participación política y ejercicio de cargo representativo.

El 25 de septiembre la Generalitat presentó un recurso de reposición contra el auto del TSJC donde pedía la suspensión de la medida cautelar. Al día siguiente el TSJC recordó que el recurso no suspendía la orden. El 27 de septiembre al poco de las 12 del mediodía una letrada de la administración de justicia levantó acta constatando que la pancarta seguía en su lugar. Entonces el TSJC ordenó al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra la retirada de la pancarta. Poco después de las 3 de la tarde agentes de los Mossos d'Esquadra acudieron al Palau de la Generalitat con la orden, que se acabó cumpliendo por parte de trabajadores del edificio.

En cuanto a la pena de inhabilitación, la Fiscalía pide que sea para el ejercicio de cualquier cargo público electo o de gobierno de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, y que esta inhabilitación comporte la privación "definitiva" de estos cargos públicos y de los honores que comportan, así como la imposibilidad de obtenerlos durante el tiempo de condena. Para el juicio, la Fiscalía pide que declare como testigo un inspector de los Mossos d'Esquadra, que habría recibido la orden de retirar la pancarta.

Torra ya fue condenado por el mismo delito por el (TSJC) por no haber descolgado la misma pancarta en marzo de 2019 después de los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC). Su inhabilitación fue firme el septiembre del año pasado, cuando la ratificó el Tribunal Supremo. El alto tribunal ha confirmado íntegramente la condena que ya fijó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa por haber desobedecido de manera "reiterada y contumaz" las órdenes de la JEC, tal como ratifica la sentencia de la sala segunda del Supremo, redactada por el magistrado Juan Ramón Berdugo. Era la primera condena a un president de la Generalitat en ejercicio de sus funciones y que provocó que el vicepresident Pere Aragonès tuviera que asumir la presidencia en funciones.