La Fiscalía pide amnistiar a todos los encausados por el 1-O, incluidos los policías
El ministerio público también defiende la medida en el caso de Tsunami Democrático
BarcelonaLa Fiscalía ha pedido la aplicación de la ley de amnistía a todos los encausados por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Pide extinguir la responsabilidad penal del expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de líderes implicados en el referéndum, así como la retirada de la orden de detención contra Puigdemont y los demás investigados que se encuentran en el exilio, también por Tsunami Democrático. Asimismo, presentó un escrito para que se aplique la amnistía a los 46 policías nacionales investigados por las cargas del 1-O.
En concreto, el ministerio fiscal pide a la sala segunda del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, que se declare extinguida la responsabilidad penal de Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que todavía no han cumplido toda la condena de inhabilitación por el delito de malversación, y se finalice la ejecución de las penas que les fueron impuestas. Del mismo modo, en otro escrito dirigido en este caso al juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, la Fiscalía pide que se declare el sobreseimiento de las actuaciones contra Puigdemont, Toni Comín, Marta Rovira y Lluís Puig, que están en el exilio, así como contra Clara Ponsatí. Y, además, exige la retirada de las órdenes de detención para que puedan regresar a Catalunya.
La Fiscalía pone el foco en que el delito de malversación puede ser perfectamente amnistiable porque "el relato de hechos probados [en la sentencia por los hechos del 1-O y en las actuaciones de procesamiento de los exiliados] no contiene ninguna alusión o referencia a que se hubiera producido una afectación directa o indirecta a los intereses financieros de la Unión Europea", que es uno de los extremos que puede limitar la aplicación de la amnistía. Los escritos lo firman la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe penal de la Fiscalía del Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, quienes han asumido la causa del Proceso por encargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que ayer martes la Junta de Fiscales avalara su postura sobre la ley de amnistía y apartara a los titulares de la Fiscalía ante el alto tribunal durante el juicio del Proceso.
Pero la petición de la Fiscalía va más allá de los miembros del gobierno del 1-O y de la organización del referéndum y pide también dejar de investigar a los encausados por el caso Tsunami Democrático, que incluye a activistas y manifestantes, aparte de Puigdemont y Rovira. En el escrito, la teniente fiscal argumenta que ninguno de los hechos investigados en la causa han causado "de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos" y que, por tanto, son amnistiables pese a que se trate de una acusación de terrorismo.
Solicitud también para los policías nacionales del 1-O
Del mismo modo, el ministerio ha pedido que se amnistie a los 46 policías nacionales que son investigados por haber agredido a votantes durante la jornada del referéndum en Barcelona. Considera que los agentes pueden ampararse en la ley porque su actuación para impedir el referéndum se enmarca, como máximo, en un delito de lesiones, lesiones leves o maltrato de obra leve. Concluye, por tanto, que no incurrieron en discriminación o en un delito contra la integridad moral lo suficientemente graves como para ser excluidos del ámbito de aplicación que dibuja la ley, a diferencia de lo que defendía la acusación ejercida por Irídia.
Alrededor de una decena de policías encausados ya anunciaron que pedirían que se les aplicara la medida, a la que Irídia dijo que se opondría al considerar que podrían haber cometido delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes contra los votantes.
La Audiencia de Barcelona confirmó en febrero la decisión del juzgado de enviar a juicio a estos 46 policías nacionales considerando que había suficientes indicios para juzgarlos por delitos de lesiones y contra la integridad moral. En la resolución, el tribunal descartaba investigar a más agentes, pero también rechazaba archivar la causa contra ellos y denegó las peticiones de sus defensas.
En concreto, el auto del juzgado enviaba a juicio a 46 policías y archivaba la causa para otros 21. Òmnium, Irídia y la ANC recorrieron contra algunos de estos archivos, pero la Audiencia los confirmó. Por lo que se refiere a los agentes investigados, se han desestimado sus recursos. El tribunal decía que hay muchas evidencias e imágenes que indican que podrían haberse cometido abusos policiales como lesiones y delitos contra la integridad moral contra los votantes independentistas. De hecho, el tribunal reprochaba a algunos policías que aseguraron que no estaban en el lugar de los hechos aunque las imágenes los desmientan. La Audiencia también avalaba que sean juzgados algunos mandos por dar las órdenes de cargas desproporcionadas. Pero con la amnistía todo esto puede quedar en nada.