La Audiencia Nacional imputa a la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez

MadridLa Audiencia Nacional imputa a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire Díez y la cita a declarar el 16 de julio. No es el único cargo del instituto armado que el tribunal considera bajo sospecha: también investiga al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por las presuntas maniobras de Díez para frenar las investigaciones que afectan al entorno del presidente español, Pedro Sánchez. En concreto, el juez Santiago Pedraz, que ha tomado esta decisión tras la petición de la Fiscalía y las acusaciones populares lideradas por el PP, cree que podrían haber cometido delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

Sin embargo, desde el gobierno español mantienen la confianza en estos cargos. Tras conocer la decisión, fuentes de Interior aseguran que González y Llamas seguirán ejerciendo sus responsabilidades en la Guardia Civil y que "colaborarán" con la justicia.

¿Cuáles son los comportamientos bajo sospecha? En el marco de la causa de Leire Díez, uno de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) indica que Mercedes González se habría reunido hasta tres veces con la exmilitante del PSOE entre 2024 y 2025. En un contexto en el que Díez, según la policía, sería la pieza clave de un grupo liderado por el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán para "desestabilizar" causas que afectan al PSOE y al entorno del presidente español, Pedro Sánchez.

En una de sus notas, Díez presumía de tener una "relación de confianza" con González, con quien se conocía previamente de la época en la que la actual directora de la Guardia Civil era delegada del gobierno español en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en su comparecencia en el Senado, Mercedes González quitó importancia a los encuentros con Díez y argumentó que eran simples encuentros para tomar café. Negó, además, haber participado en ninguna conjura para obstaculizar las investigaciones de la misma policía que dirige y aseguró que cortó el contacto en el momento en que Leire Díez le pidió readmitir en el cuerpo al comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. Y es que en el marco de la investigación, la UCO también indica que el DAO Manuel Llamas, ahora también imputado por Santiago Pedraz, indicó a los investigadores que debían "mirar hacia otro lado" en las causas que tenían afectación política.

El escrito de la Fiscalía, al cual ha tenido acceso el ARA, considera que desde el año 2021 había operativa una "organización criminal" dedicada a manipular la contratación pública a través de organismos públicos, principalmente la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que evolucionó hacia una trama destinada a obstaculizar procesos judiciales que pudieran afectar al gobierno español y al PSOE a partir del año 2024, cuando Sánchez se toma los cinco días de reflexión a raíz de la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

Además, el ministerio público considera que la presunta "penetración en mecanismos de la SEPI para conseguir contratos públicos y ser beneficiarios" se habría prolongado más allá de 2023 y tiene "indicios de estar persistiendo hasta la actualidad" —sin hacer más concreciones–. Así, la Fiscalía cree que hay indicios suficientes de que se habría buscado la colaboración de otras entidades públicas como la dirección general de la Guardia Civil, la subdirección de nacionalidades del ministerio de Justicia —la trama habría presionado para obtener la nacionalidad a Nervis Villalobos, imputado en diferentes causas y presunto colaborador de la organización— o el Banco de España para frenar la actividad de los investigadores de la UCO.

Para imputar a Mercedes González y Manuel Llamas, la Fiscalía se apoya en diversas declaraciones que a lo largo de este mes de junio han realizado agentes de la Guardia Civil. Remarcan que se ha detectado una coincidencia entre las anotaciones de Leire Díez, que apuntaba a la UCO como autora de filtraciones de causas que afectan al entorno de Sánchez y también del caso Koldo, e informaciones reservadas —un tipo de expediente disciplinario— que abrió la dirección general de la Guardia Civil contra agentes que estaban investigando los hechos.

En definitiva, el ministerio público considera que la cúpula política de la policía utilizó de forma "instrumental" los expedientes disciplinarios para hacer "presión" a los investigadores judiciales, lo que interpreta que puede ser un delito de "obstrucción a la justicia". Paralelamente, constata que Mercedes González mantuvo el contacto con Leire Díez —con quien activó el borrador automático de mensajes en WhatsApp— a pesar de que había una nota policial que informaba de una campaña de desprestigio del PSOE hacia la UCO.

Solicitud de información al PSOE

La imputación de los dos cargos políticos de la Guardia Civil no es la única decisión que ha tomado este jueves Pedraz. También requiere información al PSOE sobre el asesoramiento jurídico que habría realizado para el partido Jacobo Teijelo, que es abogado de Santos Cerdán, entre el 2024 y el 2025. Pide que se identifique a la persona del PSOE que firmó el contrato de asesoramiento.

Hay que tener en cuenta que el partido reconoce haber contratado al letrado por sus análisis jurídicos por un coste de 125.000 euros, pero asegura que rechazó las dos últimas facturas (por valor de 53.000 euros) al conocer la imputación de Santos Cerdán en el caso de presuntas comisiones por obra pública. Teijelo, en su declaración el 25 de junio ante la Audiencia Nacional, aseguró que él tan solo había ejercido su trabajo como abogado. La sospecha de los investigadores es que los pagos del PSOE al letrado eran una especie de pantalla para ocultar, en realidad, pagos a Leire Díez y financiar las presuntas maniobras para desestabilizar las causas judiciales del entorno del PSOE.