La Fiscalía se querella por desobediencia contra los miembros independentistas de la mesa del Parlament

BarcelonaDe aquí a menos de dos semanas el Parlament escogerá nuevo presidente y renovará también al resto de lugares de la mesa. Pero antes de marchar, los actuales miembros independentistas ya saben que tendrán que lidiar contra una querella presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La Fiscalía ha anunciado este lunes que se querella por desobediencia contra el actual presidente de la cámara, Roger Torrent, el vicepresidente primero, Josep Costa, y los secretarios Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado; es decir, los representados de JxCat y ERC en el órgano de gobierno parlamentario. ¿El motivo? Haber admitido a trámite ahora hace casi un año medio la resolución de respuesta a la sentencia del 1-O que, entre otros, reiteraba el compromiso del Parlament con la autodeterminación de Catalunya. Y esto que los partidos independentistas se tiraron los platos a la cabeza para acabar consensuando una fórmula de mínimos 43 días después de la sentencia del Supremo. "Por eso, [el Parlament] reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político", se limitó a votar el 26 de noviembre del 2019.

En opinión de la Fiscalía, que ha tenido quince meses para pensárselo, la mesa tendría que haber evitado que aquel texto se hubiera votado en el pleno del Parlament. Se trataba de una propuesta de resolución que los partidos ya habían elaborado teniendo en cuenta las advertencias previas del Tribunal Constitucional (TC).

La resolución se registró el 22 de octubre, pocas semanas después de que el TC hubiera advertido a la mesa (el 10 y el 16 de octubre) que había aceptado un incidente de ejecución de sentencia impulsado por el gobierno español por el cual tenían "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada". Es decir, no se podía volver a reprobar a la monarquía ni tampoco insistir en el ejercicio del derecho a la autodeterminación o en la vigencia de la declaración de independencia (esto último no se llegó a hacer). Si no impedían el debate, el TC ya advertía los miembros de la mesa de las responsabilidades penales que se les podrían exigir. Entonces, Roger Torrent, como máxima autoridad de la cámara, dijo que asumiría "todas las consecuencias" que se pudieran derivar.

Ahora la Fiscalía considera que la admisión a trámite de la propuesta por parte de la mesa el 22 de octubre, el rechazo de las peticiones de reconsideración que presentaron varios grupos y su inclusión en el pleno del Parlament, que la acabó votando, son motivos suficientes para que se juzgue por desobediencia a Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado. Excluye de la querella al vicepresidente segundo, Joan García, y a los secretarios Laura Vílchez y David Pérez, representantes de Cs y PSC de la mesa, que intentaron parar la tramitación de la propuesta.