El frágil camino de la investidura

BarcelonaEl próximo domingo hará cinco meses que Catalunya no tiene presidente. La inhabilitación de Quim Torra por orden del Tribunal Supremo dejó vacante el mando de la Generalitat, que desde entonces se ha pilotado interinamente a través de la dupla formada por la conselleria de la Presidencia, Meritxell Budó, y el vicepresidente, Pere Aragonès. Hace una semana, las urnas brindaron al coordinador nacional de ERC la posibilidad de asumir finalmente las funciones de presidente al completo, pero para deshacer el camino que le resta hasta el despacho del Palau de la Generalitat Aragonès necesita antes que las negociaciones para la investidura con JxCat y la CUP salgan adelante. La puerta de los comunes, que los republicanos quieren mantener abierta, no parece hoy por hoy que lleve a la presidencia.

Las negociaciones para elegir presidente han resultado un verdadero dolor de cabeza en Catalunya desde 2015. Entonces solo el paso al lado in extremis de Artur Mas y el nombramiento de Carles Puigdemont como sucesor permitió superar el bloqueo de la CUP y salvar una legislatura que se encaminaba hacia el precipicio de la repetición electoral. También en 2018 fue necesario esperar meses para resolver el rompecabezas. Esta vez, cuando parecía que el independentismo se conjuraba a una investidura por la vía rápida, los disturbios por el caso Pablo Hasél en unas cuántas ciudades del país han vuelto a complicar, y mucho, el escenario político.

Trece nombres y un objetivo

Con el día 26 de marzo como primera fecha tope, Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP ya han designado sus equipos negociadores para intentar encontrar el solucionador que permita sacar adelante la legislatura. Trece nombres con un objetivo: buscar los puntos en común para un acuerdo de investidura. La misma elección de los equipos ya ha puesto encima de la mesa algunos de los nombres fuertes de la próxima legislatura y ha dado también algunas pistas de por donde puede ir una negociación de la cual, de momento, Pere Aragonès, Laura Borràs y Dolors Sabater quedan al margen, reservados para momentos clave en que haya que desencallar aspectos decisivos.

Así, Esquerra ha optado por volver a confiar en el equipo que ya ha protagonizado algunas de las negociaciones clave que ha afrontado hasta ahora. Josep Maria Jové y Marta Vilalta ya fueron a la mesa con el PSOE de 2019 que sirvió para desencallar la investidura de Pedro Sánchez, y Sergi Sabrià participó en las conversaciones con JxCat para concretar los cambios en la Generalitat después de la inhabilitación de Torra. La novedad es Laura Vilagrà, que sale reforzada como uno de los nombres de peso del próximo Govern.

También en el caso de JxCat hay nombres con experiencia previa en negociaciones. Josep Rius y Elsa Artadi -los dos de la máxima confianza de Carles Puigdemont- repiten respecto al equipo que forma parte de la mesa de diálogo, y se suman Francesc Dalmases -el dirigente más próximo a Laura Borràs- y el mismo secretario general del partido, Jordi Sànchez. Ahora, si hay un nombre con especial trascendencia en el equipo de JxCat es el de Míriam Nogueras. La decisión de incorporar la ahora portavoz de Junts en el Congreso es la prueba más clara de hasta qué punto los de Puigdemont quieren que el acuerdo para la investidura vaya acompañado de un pacto también sobre cómo actúa el independentismo en Madrid, uno de los puntos que se prevén más candentes de esta mesa de negociación a la que la CUP -a la espera que se sume también algún representante de Guanyem- lleva dirigentes de mucho peso dentro de la organización como Eulàlia Reguant, Carles Riera, Pau Juvillà y Xavier Pellicer.

En dos fases

Los primeros encuentros de ERC con la CUP y con Junts han servido de presa de contacto, pero los republicanos ya han podido entender cuáles son los principales escollos que tienen delante. Y también que habrá que avanzar con mucha cautela y que cualquier paso puede ser en falso. JxCat ha minimizado el número de portavoces y intenta situar toda la presión sobre ERC mostrando al mínimo sus cartas, y los republicanos -que han querido subrayar desde el primer momento que la centroderecha está ahora en minoría y tiene menos fuerza de negociación- tienen que intentar no pisar a nadie que les complique el camino. Así, por ejemplo, ayer Vilalta matizaba en Catalunya Ràdio sus palabras del día antes y afirmaba que “podría ser lógico” que la presidencia del Parlament fuera para JxCat.

La negociación, podríamos decir, se dividirá en dos fases que seguro que se encabalgaran en algunos momentos. La primera, centrada en el ámbito programático -qué se hará la próxima legislatura-, y la otra dedicada ya a la composición del ejecutivo -quién lo hará-. La fase que se prevé ahora mismo más compleja es la de quién. En la legislatura pasada, la división estratégica del independentismo pasó factura a un Govern sumido día sí día también en rifirrafes internos. Uno de los pocos consensos existentes entre todos los actores es que esto no se puede repetir, pero a partir de aquí las recetas para evitarlo son diversas. Miércoles, en una entrevista al ARA, Jordi Sànchez insistía en la necesidad de consensuar en estas reuniones la guía estratégica de toda la legislatura, una idea que ratificaba jueves una reunión extraordinaria de la dirección. La clave de vuelta es decidir cómo actuar a partir de ahora una vez el independentismo ha superado el 50% de los votos y cuenta con una mayoría absoluta de 74 escaños en el Parlament, y cómo casar las estrategias de Junts -que en campaña prometía reactivar la DUI si se superaban la mitad de los votos- y de ERC -partidaria de continuar acumulando fuerzas mientras se intenta empujar al Estado hacia un referéndum pactado-. Viernes, en una entrevista en Radio 4 y La 2, la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ya trazaba una línea roja avisando que la próxima legislatura no sería la “del regreso a la unilateralidad”.

Y es aquí donde volverá a ser decisiva la CUP. En el fondo, unos y otros aspiran a la posibilidad que el factor CUP decante la balanza hacia sus tesis: los republicanos, en el campo de las políticas sociales y rehuir caer en el simbolismo estéril, y los de Puigdemont en cuanto a la necesidad de bloquear determinadas votaciones en el Congreso y dificultar la estabilidad del gobierno de coalición español. De momento, los anticapitalistas -que acabarán de dar forma a la negociación en el consejo político que celebran este sábado, pero que en el programa planteaban trabajar por un referéndum en 2025- ya han pedido progresos en la autodeterminación desobedeciendo cuánto haga falta leyes estatales para sacar adelante políticas sociales.

Pero el caso Hasél ha puesto en el centro los Mossos d'Esquadra, convirtiéndolos en una de las piezas clave de la negociación. Aragonès no quiere llegar al frente del ejecutivo enfrentado a los Mossos, pero necesita los votos de la CUP para ser investido. El margen de maniobra es escaso, pero para intentar transitar por este frágil escenario en los próximos días habrá encima de la mesa el impulso de un debate sobre los proyectiles de foam y los dispositivos de los antidisturbios, la necesidad de auditar las malas praxis de algunos agentes e introducir cambios puntuales en el cuerpo.

El baile de nombres

Si, a pesar de todo, se avanza en el debate programático, llegará la hora de la configuración del ejecutivo. La primera discusión clave entonces será si entra la CUP o no. Este debate ya ha generado tensión durante la campaña entre los anticapitalistas, y después del 14 de febrero se han vuelto a hacer públicos los diferentes posicionamientos de colectivos como Poble Lliure -partidario de profundizar en el acceso de la CUP a las instituciones- y Endavant, que rechaza entrar en el ejecutivo.

La decisión final de la CUP condicionará la configuración de un ejecutivo que, hoy por hoy, tanto ERC como JxCat quieren mantener fuera de los focos. Primero habrá que definir la estructura -los republicanos querrían impulsar dos nuevas conselleries de Igualdad y Feminismos y de Acción por el Clima sin aumentar el número de departamentos actual- y después el reparto. El punto de partida de Junts es intercambiar casi al completo el actual reparto, de forma que ERC asuma las carteras que ahora son de los de Puigdemont y estos las de los republicanos. De este modo, JxCat podría asumir el departamento de Salud -con Josep Maria Argimon al frente- y Economía, mientras que Interior recaería en los republicanos, unas aspiraciones que topan con la voluntad de ERC de mantener los departamentos más sociales.

En cuanto a los nombres, en el próximo Govern se perfilan como inamovibles Ester Capella y Teresa Jordà -a pesar de que podrían cambiar de cartera- así como Bernat Solé -pendiente de si el Tribunal Supremo lo acaba inhabilitando definitivamente por su participación en el 1-O-, mientras que no es clara la continuidad de Chakir el Homrani ni la de Alba Vergés. Como caras nuevas de los republicanos aparecen Laura Vilagrà y la diputada Jenn Díaz, que podría dirigir Igualdad y Feminismos. El tercer nombre es el de Roger Torrent, que dejará de ser presidente del Parlament y podría tener un lugar en el ejecutivo.

Por parte de JxCat hay dos dudas principales. Por un lado, quién asumirá la cartera de Economía. La opción del regreso de Elsa Artadi al ejecutivo para asumir esta cartera está encima la mesa a pesar de que también aspira Ramon Tremosa. El nombre del expresidente de la Cámara de comercio Joan Canadell -muy crítico con Pere Aragonès en la precampaña- parece una opción remota. Damià Calvet y Jordi Puigneró tienen números para continuar y serán claves -por el rol que puedan adoptar en el Parlament o en el Govern - Albert Batet, Gemma Geis y Josep Rius.

La otra gran incógnita es cuál será el papel de Laura Borràs. Su perfil no encaja con el de una vicepresidencia económica, pero podría asumirla con otra temática o crear una conselleria principal. Pero también estos días se ha planteado la posibilidad que se quede en el Parlament, e incluso ha sonado como presidenta de la cámara, un cargo para el cual también se postula Meritxell Budó, porque su continuidad en el ejecutivo peligra.

Esta será la primera incógnita que se resolverá. El día 12 de marzo se constituirá el Parlament y se elegirá el presidente. Servirá de piedra de toque de las negociaciones cuando faltarán dos semanas para el primer debate de investidura, en que se tiene que decidir si se para el marcador de días sin presidente.