La Generalitat apela al incremento de contagios después de las presidenciales de los Estados Unidos para aplazar el 14-F

BarcelonaJoe Biden es el 46º presidente de los Estados Unidos gracias a su victoria en las urnas el 3 de noviembre del año pasado en unos comicios que este jueves se han hecho un hueco en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La Generalitat ha incluido una referencia a ello entre sus alegaciones, señalando el incremento de contagios en todo el país americano los días y semanas posteriores. "Un día después de las elecciones norteamericanas se produjeron 100.000 nuevos casos de covid-19 en un solo día", recuerda el abogado del Govern, a pesar de que, en principio, los positivos no acostumbran a detectarse hasta algunos días después del contagio. De hecho, dos días antes de la jornada electoral también se habían detectado 100.000 nuevos contagios y desde el 29 de octubre estaban por encima de los 90.000.

"Diez días después se logró el lamentable récord de 160.000 nuevos casos en un día y veintidós días después de las elecciones se superó la cifra de 2.000 muertos también en un día", añade a continuación, y subraya que se trata de un antecedente que demuestra que "existe un riesgo real y no asumible de celebrar las elecciones el 14 de febrero y que quince días más tarde se incrementen exponencialmente los contagios, los ingresos hospitalarios convencionales y de críticos y el número de defunciones". El país escogido para hacer la comparación es el más afectado por el covid-19 del mundo, y actualmente, en la tercera oleada, el número de positivos diarios supera los 200.000 y las muertes se acercan o superan las 2.000 al día.

Esta es la única comparación, de hecho, a la que se refiere la Generalitat para hablar de las consecuencias sanitarias que puede tener la celebración de las elecciones el 14 de febrero. El Govern, de hecho, argumenta que la situación epidemiológica actual de la Generalitat hace imposible el rastreo de los nuevos contagios diarios, hecho que se podría agravar con la jornada electoral. El pico de contagios se logrará, según los informes del departamento de Salud, días antes del inicio de la campaña, y el pico de ingresos en las unidades de cuidados intensivos pocos días antes de la votación.

Proteger el derecho de voto

La situación sanitaria es el argumento básico para hablar del aplazamiento. Y hay una derivada principal: el ejecutivo considera que el "miedo" a los contagios puede hacer que mucha gente se quede en casa y no vote. De hecho, aunque la ciudadanía "pueda" votar el 14-F, el Govern está convencido de que no habrá suficientes "oportunidades para la deliberación y la creación de una opinión informada, que las candidaturas no tendrán suficientes oportunidades para presentar sus programas y candidatos y que, en consecuencia, el resultado de las elecciones que pueda implementarse podría no tener suficientes fundamentos para ser legítimo".

El riesgo de la legitimidad de los resultados es un leitmotiv de la argumentación de la Generalitat para defender el aplazamiento electoral. Como también lo es la defensa del derecho de voto y, a pesar de que parezca contradictorio, la limitación del derecho de voto. En el documento, el Govern destaca que si quiere aplazar los comicios es, precisamente, para defender el artículo 23 de la Constitución -el que garantiza la participación por sufragio universal de los ciudadanos en los asuntos públicos-. Ahora bien, también justifica que se tiene que ponderar la prevalencia de este derecho frente a otros como, principalmente, el derecho a la vida.

El ejecutivo advierte de que para que unas elecciones sean "democráticas" y las instituciones resultantes "legítimas" hace falta que las elecciones se hagan en condiciones de libertad e igualdad, lo cual ahora, según el ejecutivo, "no está garantizado". Para el Govern, el carácter "democrático" de los comicios se vería "seriamente cuestionado" si no hay una participación considerable debido a la situación de pandemia. Así, los servicios jurídicos de la Generalitat argumentan que con el aplazamiento hasta el 30-M –cuando esperan una mejor situación por el calor y el plan de vacunación– no se está privando a los ciudadanos del derecho de participación política sino que es una medida para asegurar un proceso electoral "con plenas garantías".

El estado de alarma ampara la suspensión electoral

No hay ninguna norma legal prevista en la ley electoral ni en el corpus jurídico del Estado que hable de un aplazamiento de las elecciones por motivos sanitarios -sí para un aplazamiento del recuento, por ejemplo-. Esto no es obstáculo para tomar esta determinación, argumenta el letrado de la Generalitat, teniendo en cuenta, por un lado, los precedentes de Galicia y el País Vasco el año pasado y, del otro, el decreto que ampara el estado de alarma. Es cierto que el estado de alarma tampoco habla de la suspensión, pero el Govern argumenta que el hecho de que no lo descarte es suficiente para que se pueda recurrir a ello: "Entendemos que se desprende, a sensu contrario, la posibilidad de suspender unas elecciones si las condiciones epidemiológicas lo hacen necesario". Y Pere Aragonès es, según el escrito, el único que lo puede hacer porque, a pesar de que no tiene las facultades de presidente -entre otras cosas, no puede convocar elecciones anticipadas-, es el cargo de más rango en el Govern y quien firmó el decreto de convocatoria del 14-F, aunque fuera por la disolución automática del Parlament.

Motivos sanitarios, motivos de legitimidad democrática y, finalmente, motivos de "sentido común" son los que la Generalitat señala para pedir al TSJC que avale el aplazamiento electoral y permita que las elecciones se hagan el 30 de mayo, cuando opina que la incidencia del virus será menor y la campaña de vacunación habrá avanzado lo bastante como para acabar con muchos de los peligros que presentan unas elecciones en plena tercera oleada.