El gobierno español acelera los contactos con Junts para un nuevo decreto de vivienda después del caso de la Maricarmen

MadridEl desahucio de Maricarmen, una vecina madrileña de 87 años que va en silla de ruedas, ha sacudido a todo el Estado. El caso de esta anciana se ha convertido en simbólico por su vulnerabilidad, y las protestas, que este miércoles se concentraron ante su edificio para intentar impedir que la echaran de casa, han tenido eco político. Los partidos a la izquierda del PSOE no han tardado en exigir al gobierno español un nuevo decreto de vivienda. Sumar, el socio minoritario, pide que se apruebe ya en el consejo de ministros de la semana que viene y que incluya entre otras cosas la expropiación del piso de Maricarmen a sus propietarios, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. Pero con ellos no es suficiente para que el paquete de medidas salga adelante en el Congreso. Pedro Sánchez necesita los votos de todos los partidos del bloque de investidura y eso incluye a Junts. Tras la ruptura de la relación con los socialistas, la emergencia residencial ha hecho que las negociaciones volvieran al tablero de juego.

Fuentes de Junts en el Congreso explican que hay contactos en marcha y que hace dos semanas que se entregó en mano a Pedro Sánchez un documento con las medidas concretas que estarían dispuestos a aprobar –cabe recordar que el gobierno español se comprometió ya en verano a recuperar este mes de septiembre el decreto en materia residencial. Lo cierto es que los de Carles Puigdemont han votado en contra de los últimos decretos en materia de vivienda porque se incluían propuestas que por cómo se planteaban, rechazaban. En cambio, partidos como Podemos amenazaban con no dar su apoyo a otras medidas si esto –la prohibición de algunos desahucios– no se incluía. De nuevo, Pedro Sánchez tendrá que resolver un rompecabezas que hasta ahora le ha abocado a un camino tortuoso.

Pero esta reanudación de las conversaciones no ha gustado a todo el mundo. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que es un "error" aceptar el "chantaje" de los juntaires y permitir que los de Míriam Nogueras "establezcan los límites". No es la primera vez que ERC ve cómo la negociación con Junts aguada las ambiciones de los republicanos y de otros partidos a la izquierda del PSOE. Un ejemplo es el adiós definitivo al impuesto extraordinario a las energéticas. Rufián ha reclamado que sea la Moncloa y los socios de izquierdas los que "impongan" las medidas.

Aviso de Naciones Unidas

Con todo, el relator para la vivienda de las Naciones Unidas, Koldo Casla, no ha dudado en poner en el punto de mira la ley española: "El caso pone de manifiesto que actualmente la legislación española no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado", denuncia. Casla cree que la jueza debería haberlo detenido "para evitar un daño irreparable".

En cambio, quien ha enfriado que el caso de Maricarmen sea extraordinario ha sido Isabel Díaz Ayuso: "Es uno de los 25.000 [desahucios] que se producen cada año", ha dicho. En una intervención ante el Círculo de Empresarios, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recriminado al gobierno español que la responsabilice de los hechos: "Nos intentan deshumanizar y acosar" y no ha dudado en hablar de Cataluña para recordar que, aunque se la critique a ella, "por cada desahucio que se produce en Madrid hay cinco en Cataluña".

Según datos del Poder Judicial, efectivamente durante 2025 se realizaron 25.540 "lanzamientos" (desahucios), de los cuales 6.814 en Cataluña (26,7%). En la Comunidad de Madrid se realizaron 2.267 (8,9%), es decir, tres veces menos. Ahora bien, Madrid tiene un millón menos de habitantes que Cataluña y un 8% más de renta neta media por hogar, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Ayer vimos un hecho conmovedor: cómo se desahuciaba, sin alma, a una persona de 87 años. La ceguera, la codicia del dinero, que pisotea a una persona de 87 años. Este no es el modelo de sociedad que queremos. Las instituciones estamos para combatir esto, al menos las catalanas", ha reaccionado este jueves el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Esta semana, en Cataluña también se han producido ejecuciones de desahucios.

El choque dentro del ejecutivo

En medio del impacto social y político que ha tenido el desahucio de Maricarmen, el ministro de Transportes, Óscar Puente (PSOE), ha entrado en choque directo con los partidos de izquierda en el Estado, en particular con Sumar, por sus exigencias en materia de vivienda. "A ver si todo esto sirve al menos para que aquellos que resolverían el problema de la vivienda en un pim-pam, resuelvan otro problema que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no presentarse bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha. Eso está chupado", ha espetado el ministro en un mensaje en la red social X.

El martes Puente también recriminaba a los partidos a la izquierda del PSOE que le dieran "lecciones" de cómo se debe ser de izquierdas. "A mí a ser de izquierdas y valiente no me gana ni [Ada] Colau ni nadie", afirmaba Puente después de que la exalcaldesa de Barcelona pidiera a los Comunes salir del gobierno del Estado si no se actuaba contra los fondos buitre. Ante las palabras de Puente, la líder de Más Madrid en la comunidad y ministra de Sanidad, Mónica García, le ha pedido "no confundirse de adversario": "No es a Ada Colau a quien se le debe pedir una rendición de cuentas".