El gobierno español deja morir la posibilidad de poner escolta en Puigdemont

Madrid"Si el conseller [Joan Ignasi] Elena y el departamento de Interior hubieran cumplido la ley y me hubieran dado el escolta que me corresponde, habrían sabido en todo momento cuál era mi recorrido por Barcelona y por Catalunya", apuntaba Carles Puigdemont en un largo tuit en X, ya desde Waterloo, al día siguiente de su fugaz aparición en la capital catalana. Repescaba así un conflicto aún sin resolverse sobre su seguridad y que ahora puede haber quedado aún más en vía muerta. Lleva más de nueve meses esperando un informe de la Abogacía del Estado sobre si el expresidente de la Generalitat puede tener protección en el exilio.

Puigdemont disparaba contra el ya exconsejero de Interior, pero Elena, como anteriormente habían hecho Miquel Buch y Miquel Sàmper, había solicitado urgentemente al ministerio del Interior que autorizara un servicio de escoltas para el expresidente, ya que es lo que prevé la ley. En 2018, pocos meses después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, los servicios jurídicos del Estado rechazaron esta prerrogativa, argumentando, entre otras cosas, que había huido de la justicia. El pasado noviembre, coincidiendo con el pacto entre Junts y el PSOE para la investidura de Sánchez, la Moncloa cambió de criterio. En una entrevista en RAC1, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, abría la puerta a una eventual autorización por parte de Fernando Grande-Marlaska. "Yo creo que el ministerio del Interior la tramitará [la petición] y seguro que resolverá lo que proceda", decía. Era un momento en el que había subido la tensión a la calle a raíz del acuerdo por la amnistía.

El riesgo para la seguridad de Puigdemont se incrementó cuando decidió realizar la campaña de las elecciones en la Catalunya Nord, pero eso no hizo que se agilizaran los trámites. "A estas alturas, sospechamos que no habrá informe de la Abogacía del Estado", admiten ahora fuentes del ministerio del Interior. ¿Y se ha pedido el motivo del retraso? La versión oficial en el departamento dirigido por Marlaska es que se desconoce si los servicios jurídicos del Estado han dado alguna explicación. Orgánicamente, la Abogacía depende del ministerio de Justicia –ahora bajo la batuta de Félix Bolaños–, pero desde ese departamento se justifican diciendo que cuando actúan a instancias de otro ministerio, en este caso el de Interior, y que depende de ese otro ministerio. En Interior especifican que este expediente se lleva en "relación directa" entre la secretaría general técnica del ministerio y la propia Abogacía. Fuentes de la secretaría general técnica aseguran que en pleno agosto todo el mundo está de vacaciones y que no saben nada. Así es como el gobierno español se sacude las responsabilidades y echa balones fuera sobre el caso del escolta de Puigdemont.

¿Un error de Bolaños?

"No hace falta ser Sherlock Holmes para ver que mucho entusiasmo con el tema no existe [en el gobierno español]", comentan desde el anterior equipo de la conselleria de Interior, que comandaba Joan Ignasi Elena. ¿Bolaños se equivocó cuando abrió la puerta a tramitar la petición? La sensación en el anterior Gobierno es que Marlaska no esperaba la respuesta de su colega y que se tuvieron que hacer equilibrios. Con todo, Elena aprovechó las palabras de Bolaños de ese 14 de noviembre y envió la solicitud urgente al ministerio. Tras múltiples negativas, esa vez Marlaska optó por pedir un informe a la Abogacía del Estado. Más adelante, el 9 de enero, Elena se reunió con su homólogo en el Estado y volvió a reclamarle. El ministro puso cara de circunstancias y no contestó aunque sí ni que no.

La seguridad de Puigdemont en el exilio llevó un quebradero de cabeza aún mayor al exconsejero de Interior Miquel Buch, que fue condenado por malversación por supuestamente haber colocado a un mosso de escuadra como escolta cuando se suponía que realizaba tareas de asesor. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió aplicarle la amnistía, tanto a él como a Lluís Escolà.

Los Mossos se desmarcan de ellos

Habrá que ver si la nueva consejera de Interior, la socialista Núria Parlon, insiste en el gobierno español de su mismo partido. Consultado por el ARA, el nuevo ejecutivo de la Generalitat no ha querido mojarse. Mientras, los Mossos d'Esquadra también se desmarcan de esta polémica. En su caso no son competentes porque es el ministerio quien debe avalar que se garantice la seguridad a un ciudadano español fuera de las fronteras. Fuentes de la policía catalana apuntan, además, que aunque se decidiera poner un equipo de escoltas en Puigdemont, no se encargarían agentes de los Mossos, sino que deberían hacerlo miembros de la policía española o de la belga. Fuentes de la conselleria de Interior saliente puntualizan que si el ministerio lo autorizase, sí podrían hacerlo agentes de los Mossos. Más allá de eso, en el cuerpo catalán todavía cuece la huida de Barcelona de Puigdemont. "Cuando dice que si hubiera tenido escolta habríamos sabido dónde estaba... Cuando en el 2017 tenía escolta de los Mossos y se marchó [a Bélgica], y dejó su escolta en su casa", recuerdan.