Carles Puigdemont reclama a la Generalitat que le asigne urgentemente un escolta

BarcelonaEl pacto por la amnistía, que este mismo lunes ha sido registrada en el Congreso, y las protestas de la derecha han disparado las alarmas de la Oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El exjefe del ejecutivo catalán y dirigente de Junts pidió al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que le asigne una escolta de Mossos d'Esquadra "con carácter de urgencia" ante los últimos acontecimientos. Así consta en una carta que firma el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, al que ha tenido acceso el ARA.

No es la primera vez que la Oficina de Puigdemont reclama protección para el también eurodiputado, exiliado en Bélgica desde 2017 .Lo hizo hace 22 meses, en una petición a la que la Generalitat no respondió, según explica la misma misiva. En la carta, Alay pide tener "muy presente el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para su persona, detectado especialmente desde hace algunas semanas". A su juicio, es "público y notorio" que la actual situación política amenaza la seguridad de Puigdemont, en alusión a las últimas protestas de la derecha por la amnistía y el pacto del PSOE con los independentistas.

Apenas la semana pasada, PSOE y Junts cerraban el acuerdo que permitirá al candidato socialista, Pedro Sánchez, ser investido presidente del gobierno esta semana después de una larga negociación que se saldó con el compromiso de la amnistía y una mesa de diálogo con un mediador internacional. A raíz del acuerdo, el expresidente –y también Pedro Sánchez– es la figura que con mayor virulencia ha recibido los ataques de la extrema derecha a las manifestaciones contra los pactos del PSOE. "Puigdemont, en prisión", "Este furgón, para Puigdemont" o "Puigdemont es español" han sido de los cánticos más coreados en Madrid y en Barcelona. Según la Oficina, Puigdemont insiste en la petición de tener escolta desde el 2018, por lo que por la conselleria de Interior han pasado desde entonces tantos dirigentes de Esquerra como dirigentes de Junts sin que esto se hiciera efectivo.

¿El regreso de Puigdemont, más cerca?

La carta remarca que "las oficinas de los expresidentes no cuentan con medios humanos y materiales para garantizar la seguridad de los expresidentes, algo que depende del departamento de Interior". Ahora bien, fuentes de la conselleria consultadas por el ARA advierten de que la Generalitat no tiene competencia para ordenar que los Mossos actúen como escolta más allá de fronteras españolas. El hecho de proveer de escolta a Puigdemont implicaría que agentes se trasladaran a Bélgica, por lo que habría que contar con el visto bueno del Ministerio del Interior, explican desde el departamento. Si dependiera sólo de la Generalitat, argumentan desde la conselleria, Puigdemont habría contado con escolta desde el primer día, como expresidente que es. , primero, la conselleria debe designar a los "ocho escoltas" que le corresponden a Puigdemont por ley y que, después, la Oficina ya comunicará dónde vive el exjefe del ejecutivo catalán. Es a partir de entonces, insisten las mismas fuentes consultadas por este diario, que debe "discutirse" con Madrid por el hecho de salir de España.

Hasta ahora, nunca se ha hecho esta designación y se ha preguntado directamente en Madrid, que ha denegado las peticiones en época de los consejeros Miquel Buch –que ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión precisamente por suministrar de forma encubierta escolta al expresidente– y Miquel Sàmper (Juntos), durante el mandato del expresidente Quim Torra, y lo volvió a hacer ante la petición de Elena al actual ministro, Fernando Grande-Marlaska.

Un eventual regreso de Puigdemont a Catalunya a raíz de la aprobación de la ley de amnistía podría dar la vuelta a esta situación. Juntos admitía este fin de semana que su regreso ahora es "más posible" tras el pacto con Sánchez. Según la propuesta registrada hoy por el PSOE, finalmente en solitario ante las dudas de ERC, una vez aprobada la norma debería aplicarse por parte de los tribunales en un plazo máximo de dos meses a las causas del 1-O y el 9-N, pero también a colaboradores y asesores de los dirigentes del proceso. Esto incluiría al propio Alay, por haber representado a Puigdemont en el referéndum de Nueva Caledonia, pero también a Buch y al mozo que escoltó al expresidente en Bélgica para dar seguridad al expresidente. El Govern admite que seguirá de cerca el nuevo escenario que abrirá la ley.