El gobierno español desenterra la ley de secretos oficiales y desclasificará los secretos del franquismo y la Transición

Madrid / BarcelonaEl gobierno español quita el polvo a la ley de secretos oficiales que había caído con el adelanto de las elecciones generales en el 2023. El consejo de ministros ha aprobado en segunda vuelta la norma, que ahora da el salto al Congreso de los Diputados, donde empezará su tramitación parlamentaria. Se trata de la norma que debe permitir desclasificar los documentos que estaban hasta ahora protegidos por la ley de secretos franquista, que todavía continuaba en vigor desde el año 1968. "[Con la ley] Damos respuesta a una de las recomendaciones sistemáticas de la Comisión Europea en cuanto al estado de derecho en España [...] La nueva ley cumple con los estándares europeos democracias avanzadas", ha defendido el ministro de Justicia, Presidencia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el consejo de ministros.

El gobierno español aprobó el anteproyecto de ley que debía sustituirlo el 1 de agosto de 2022, pero el texto no llegó a ver la luz porque no llegó ni a tramitarse en el Congreso y decayó con el adelanto electoral de julio del 2023. Ahora lo vuelve a probar. El texto incorpora algunos cambios respecto a la propuesta de hace tres años y, además, establece sanciones por revelar información clasificada, lo que podría afectar a periodistas. Hasta ahora, únicamente se preveían penas de prisión, introduciendo el nuevo texto un régimen sancionador administrativo, con multas que van de los 30.000 euros hasta los 2,5 millones de euros en función de la gravedad de las revelaciones. Unas cantidades que Sumar también ha pedido rebajar. "La seguridad nacional no es una broma", justificó Bolaños.

Desclasificación automática

De entrada, se levantará el secreto de todos los documentos clasificados hace 45 o más años, lo que incluye el franquismo y la Transición. En concreto, aquella información clasificada antes de la entrada en vigor de la ley se desclasificará automáticamente cuando haya pasado ese plazo de tiempo desde su clasificación. Además, las personas que puedan justificar un "interés profesional" por acceder a la información, por ejemplo, investigadores o periodistas, estarán legitimados para solicitar la desclasificación una vez hayan pasado los 45 años.

Esto incluirá también la información clasificada relacionada con el 23-F, cuando se cumpla el tiempo que impone la ley. En concreto, Bolaños ha indicado que teniendo en cuenta que la ley entra en vigor un año después de su publicación en Boletín Oficial del Estado (BOE), si el Congreso de los Diputados lo aprueba en el último trimestre de este 2025, la norma podría entrar en vigor en el último trimestre de 2026. "Si así fuera, teniendo en cuenta que los apoyos parlamentarios se deben trabajar, se incluiría en 1981 y los anteriores. Es decir, entraría [la información] vinculada al-F", la entrada en vigor.

Ahora bien, esta desclasificación automática que incorpora la ley puede no producirse en caso de que suponga un riesgo para la seguridad nacional o la defensa, tal y como ha matizado Bolaños. De hecho, la norma incluye que una información podrá seguir siendo secreta indefinidamente si se aprecia "motivadamente y de forma excepcional" que existen razones para que no vea la luz.

En el texto elaborado en 2022, la desclasificación de estos documentos no era automática, sino que debía hacerse a petición "de una persona física o jurídica directamente afectada o que pueda justificar un interés profesional". Ahora, el criterio sería al revés: debería motivarse la "no desclasificación" de estos documentos.

Otra de las novedades de la ley es que la clasificación de información tendrá un carácter "excepcional y deberá estar motivada". Además, aquella relativa a grandes violaciones de derechos humanos oa crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación en ningún caso. El texto también contempla la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Cuatro categorías

La normativa a la hora de desclasificar los documentos reduciría relativamente los plazos establecidos en la norma de 2022. Las materias clasificadas como "alto secreto" se desclasificarán de forma automática a los 45 años (en el anterior texto era de 50 años), con una única opción de prórroga de 15 años, lo que llevaría a guardar estos documentos; en el caso de las materias clasificadas como "secreto", el período sería de 35 años (antes era de 40 años), pero prorrogable a 10 años; para las cuestiones "confidenciales", serían entre 7 y 9 años (antes era entre 7 y 10), y entre 4 y 5 (antes era entre 4 y 6) para las materias "restringidas".

Una de las críticas que hicieron a la normativa en su momento los socios de investidura eran los plazos, que consideraban demasiado largos. De hecho, el informe que realizó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también picó la cresta en el gobierno español en el mismo sentido. Precisamente, el socio minoritario de la coalición, Sumar, ha presentado alegaciones al respecto. "Se han realizado observaciones fundamentalmente dirigidas a establecer plazos de desclasificación mucho más cortos de los que establece la propuesta y en línea con los países de nuestro entorno", apuntan desde la formación. También piden que no se clasifique como reservada la información que pueda ser "relevante" en un proceso judicial donde se persigan conductas contra la dignidad humana.

La norma también pone negro sobre blanco quien podrá clasificar y desclasificar los documentos. En el caso de la información de alto secreto y secreto, los poderes los tendrá el consejo de ministros -a propuesta del presidente del gobierno español y los ministros-. En cambio, para el resto de documentos incluidos en la categoría de confidencial o restringido, habrá un mayor número de cargos que tendrán esta competencia. Entre estas autoridades se encuentran la directora del CNI, la secretaría de Instituciones Penitenciarias o el jefe del estado mayor de la defensa, así como de los ejércitos de tierra, mar y aire.

Escepticismo de los socios de investidura

La norma aprobada era una de las exigencias de los socios de investidura, en particular del PNV, que lucha desde hace años para que se deje atrás el texto franquista. De hecho, la aprobación del anteproyecto este martes llega una semana después de un encuentro entre Pedro Sánchez y el lendakari Imanol Pradales en la Moncloa. En este sentido, aunque el PNV celebra el paso adelante del gobierno, lamenta que llegue "tarde", en palabras de la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero. De hecho, Vaquero, al igual que EH Bildu o ERC, ya ha anticipado que no les convence del todo: "Está lejos de lo que pedíamos, pero negociaremos para reducir los plazos de desclasificación".