El PP y parte de los socios tumban el decreto "antiapagos" y evidencian la debilidad de Sánchez

MadridEl llamamiento a la "sensatez y el sentido común" de la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, este martes al mediodía, para que el Congreso de los Diputados votara a favor del decreto energético para reforzar el sistema eléctrico, ha servido de poco. El PP, Vox, UPN y buena parte de los socios de investidura (Juntos, Podemos y el BNG) han votado en contra evidenciando, de nuevo, la debilidad de Pedro Sánchez en la cámara baja española y la inestabilidad a la que está inmersa desde hace tiempo la legislatura actual.

Algunas de las medidas que incluía el decreto estaban pensadas para evitar que se repita un apagón eléctrico masivo como el del pasado 28 de abril, del que todavía no se conocen las causas exactas (gobierno español, Red Eléctrica y empresas han publicado diferentes informes sobre el origen del apagón). El sector energético había cifrado en 200.000 millones de euros el dinero en juego con el conjunto de propuestas. Tras la votación, no dudó en lamentar el rechazo: "Se aumentan los desequilibrios del sistema eléctrico", advirtió la patronal de las renovables, APPA, en un comunicado.

Pedro Sánchez ha sacado hierro desde Uruguay, donde está de viaje, destacando que el gobierno español ha ganado "seis de las siete votaciones" en el Congreso: "No está mal", ha defendido en rueda de prensa en Montevideo. "Aquellos que nos critican por oscurantismo son los que tumban [el decreto]. Creen que castigan al gobierno español, pero quienes lo sufren son los ciudadanos", ha aseverado el presidente, que ya ha anticipado que volverá a presentar las medidas: "Les adelanto que se aprobarán", ha asegurado. El gobierno español podría volver a aprobar el mismo decreto en el consejo de ministros de la próxima semana, el último antes de las vacaciones de verano.

Así pues, una jornada que se presentaba como un simple trámite (Pedro Sánchez está de gira por Latinoamérica) ha vuelto a acabar mal para el gobierno español, que dice adiós al último pleno en el Congreso antes de las vacaciones de verano viviendo una nueva derrota parlamentaria. Lo cierto es que después de unas semanas marcadas por el caso Santos Cerdán, la cita de este martes podía suponer un balón de oxígeno para alejar el foco mediático de todo ello, tanto de la corrupción que acorrala al PSOE como de la debilidad en el Congreso. Además, tampoco ha sido un pleno plácido para el PP: a ninguna formación se le ha escapado el estallido del caso Montoro. Incluso Pedro Sánchez, desde Uruguay, ha hablado por primera vez vinculando el caso con una forma de gobernar de los populares: "[El PP] legislaba sin autonomía política, en beneficio de las élites y en contra de la mayoría de los ciudadanos, previo pago de comisiones", ha denunciado el presidente español, que no ha dudado en asegurar que "la corrupción... con la moción de censura".

¿Qué incluía el decreto energético?

Sin embargo, los motivos por los que estas formaciones han votado en contra del decreto no coinciden. Mientras Podemos o el BNG han denunciado que las medidas sólo favorecen a las grandes empresas eléctricas, Junts ha vuelto a quejarse de la forma de negociar del ejecutivo español. Fuentes del partido señalan que el gobierno se ha acostumbrado a llevar los temas "cerrados" y critican que una de sus medidas (la moratoria de la vida útil de las plantas de purines) no se ha incorporado tal y como ellos querían. En un momento en que la oficialidad del catalán sigue encallada en Europa, de hecho, desde las filas junteras envían un toque de atención a Sánchez: "[En el PSOE] se han relajado y tienen problemas muy grandes sobre la mesa. Se olvidan que no tienen mayoría absoluta". Por último, el PP denuncia que no haya habido dimisión alguna tras el apagón eléctrico. Fuentes populares explican que registrarán una propuesta energética particular en el Congreso.

Entre las medidas que se han tumbado estaba un refuerzo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como supervisor del sistema eléctrico. También se consideraba que el operador del sistema, Red Eléctrica, evaluara la necesidad de implementar sistemas para controlar mejor la tensión y las oscilaciones de potencia.

También caen medidas de resiliencia del sistema eléctrico con la incorporación de soluciones tecnológicas que buscan reducir el coste para los consumidores. Para ello, se preveía una dotación de 750 millones de euros y un ahorro estimado de 200 millones anuales para los consumidores.

Asimismo, el decreto incorporaba una actualización del proceso de planificación de las redes eléctricas, que acortaba los plazos de tramitación y facilitaba la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo, como piden las grandes eléctricas, para acelerar el despliegue de nuevas actividades industriales –como los centros de datos– y el centro.

Por último, se impulsaba el almacenamiento y se facilitaba la hibridación de baterías en plantas renovables. También se favorecía el autoconsumo, se agilizaban los permisos y plazos de ejecución de proyectos renovables y se preveía acelerar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor, entre otras medidas. Sin embargo, ante la volatilidad de los mercados energéticos por las tensiones geopolíticas, el decreto incorporaba medidas para aliviar los costes a industrias como la electrointensiva.

Otras votaciones

El Congreso de los Diputados sí ha convalidado otras normas. De entrada, se ha aprobado la nueva ley de Seguros de Automóvil. También se ha aprobado la actualización de las entregas a cuenta o anticipos. Este 2025 las comunidades autónomas recibirán un récord de 147.412 millones de euros por las entregas a cuenta. A esta cantidad hay que sumarle la liquidación positiva de 2023. Como el Estado previó menos recaudación de las comunidades de la que finalmente obtuvo, éstas recibirán otros 11.692 millones de euros. Los ayuntamientos recibirán 28.734 millones de euros. En este caso, Junts también ha votado en contra, pero el gobierno español ha salvado el decreto con el voto favorable del PP.

En cambio, con los votos de toda la mayoría plurinacional se ha aprobado la reforma del reglamento del Congreso pensada para poner límites a los agitadores de extrema derecha acreditados como periodistas. Con la aprobación definitiva de esta modificación, la Mesa de la cámara baja podrá sancionar y expulsar a los pseudoperiodistas que no respeten las normas de comportamiento.