El gobierno español reclama a ERC que abandone "posiciones extremas" en la negociación del IRPF
Los republicanos registran la ley para el consorcio que gestionará las inversiones del Estado en Cataluña
BarcelonaEl día en que la Generalitat presenta los presupuestos sin el apoyo de ERC, cosa que hoy por hoy los aboca al fracaso, el gobierno español ya avisa que será difícil ceder a las exigencias de los republicanos, que reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado en una entrevista esta mañana en la SER, que de momento no hay acuerdo en la recaudación del IRPF —condición sine qua non de los de Oriol Junqueras para negociar las cuentas catalanas— y ha reclamado a Esquerra que abandone "posiciones extremas" que, a su parecer, sólo consiguen "alejar" el entendimiento.
La cesión de la competencia para que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) recaude el 100% del IRPF es uno de los acuerdos que socialistas y republicanos firmaron para la investidura de Salvador Illa y que el comité federal del PSOE asumió. Bien es cierto que el gobierno español se resiste a desbloquear esta cuestión e incorporarla en la modificación de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas) que los socialistas deben entrar en el Congreso para dar amparo legal al nuevo modelo de financiación.
En este sentido, el portavoz de ERC, Isaac Albert, ha contestado las palabras de Montero y le ha reclamado que traslade el acuerdo de la última reunión de la Comisión Bilateral sobre la financiación al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para el mes de marzo. De hecho, tal como explicaba el ARA este jueves, este encuentro es clave para los republicanos para ver si Hacienda está dispuesta a mover ficha con el IRPF. El texto firmado por el Estado y la Generalitat en julio del año pasado establecía realizar las modificaciones legislativas oportunas para que Catalunya asumiera "competencias" en la gestión del IRPF. "Se pueden hacer modificaciones para avanzar para que las comunidades puedan recaudar impuestos", ha afirmado Albert a SER Catalunya. El dirigente republicano considera que será "la prueba del nueve" y "un primer paso claro" que Montero se comprometa.
El consorcio de inversiones
Prácticamente en paralelo a estas declaraciones, ERC registraba en el Congreso la ley reguladora del Consorcio de Inversiones de Catalunya, el nuevo organismo Estado-Generalitat que debe gestionar las inversiones estatales en Catalunya. Este organismo, pactado también con el Govern para la investidura de Salvador Illa, busca "poner fin a los déficits estructurales acumulados durante décadas", según han reivindicado los republicanos, que destacan la idoneidad de la iniciativa en plena resaca del desbarajuste en Rodalies e infraestructuras como la AP-7.
De hecho, este consorcio estaba encallado desde haca meses: Govern y ERC tenían pactados los estatutos que deben regir el nuevo organismo, pero no habían recibido el aval del PSOE. Este órgano se empezó a desencallar en las últimas semanas y debía servir de desbloqueo de las negociaciones entre socialistas y republicanos para empezar a hablar de los presupuestos, aunque ERC mantenía que no sustituía la condición que habían fijado para recaudar el IRPF.
El texto presentado en la cámara baja española establece que el nuevo consorcio será paritario, es decir, que tendrá la participación del Estado y tambié de la Generalitat a partes iguales, y deberá elaborar un plan plurianual de inversiones, hacer el seguimiento y control de la ejecución, coordinar los entes estatales inversores e impulsar medidas correctoras cuando los plazos o los niveles de ejecución no sean los acordados.
La ley prevé también la creación de una Sociedad Mercantil de Inversiones de Catalunya, participada nuevamente por las dos administraciones, para la redacción de proyectos y ejecución de obras. Con esta estructura, ERC defiende que "se podrá superar la lentitud administrativa y la falta de agilidad que han marcado proyectos estratégicos pendientes desde hace años". Es decir, por un lado, habrá el consorcio, que será el órgano que fijará y planificará el rumbo político de las inversiones, y por otro la Sociedad Mercantil, que se encargará de ejecutarlas.
La norma registrada fija un plazo máximo de nueve meses para constituir el consorcio: debería iniciar la actividad el 1 de enero de 2027. En cuanto a la sociedad mercantil, se fijan doce meses para su creación. Según Esquerra, la financiación de todo ello la asumirá "íntegramente" el Estado.