El Gobierno lleva a cabo el primer trámite oficial de los presupuestos y los desvincula de la gestión del IRPF

BarcelonaCon la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Govern considera que la carpeta que tiene abierta con ERC en cuanto a la propuesta de la nueva financiación autonómica entra ya en los "últimos compases". El ejecutivo catalán quiere tener aprobados los presupuestos del 2026 en el primer trimestre del año y, pese a tener el calendario en contra, se prepara para abrir las negociaciones con los socios parlamentarios, ERC y Comuns, una vez la consejera de Economía, Alícia Romero, vuelva del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aún no ha habido ninguna "reunión formal", ha explicado la portavoz y consellera de Territori, Silvia Paneque, pero el Govern quiere ir avanzando trabajo. Y por eso Romero ya ha enviado el borrador de la ley de medidas fiscales y financieras para 2026, conocida como ley de acompañamiento, al Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya (CTESC). Es un trámite que debe cumplir antes de aprobar los presupuestos en el consejo ejecutivo, lo que aspira a hacer una vez haya cerrado un acuerdo con ERC y Comuns.

El anuncio lo ha hecho Romero en una entrevista este martes en TV3, donde ha explicado que el CTESC, que deberá emitir un dictamen sobre el anteproyecto, tiene desde este lunes el documento. Ahora bien, los republicanos siguen insistiendo en que, si no hay "concreciones" para que Catalunya pueda asumir la gestión de los impuestos, empezando por el IRPF, no se sentarán a negociar las cuentas. El Govern se muestra dispuesto a seguir trabajando en esta dirección —en febrero, ERC someterá a votación en el Congreso su propuesta para que esto sea posible— pero lo desvincula de la negociación de presupuestos, que quiere abrir "lo antes posible".

Además, los socialistas catalanes no quieren ligar a su destino al de la propuesta de financiación autonómica en el Congreso, que no tiene asegurados los votos para salir adelante. Juntos se opone, junto al PP y Vox, y algunas voces de Sumar y el BNG también están reacias. "No está en manos del Gobierno", ha afirmado Paneque. La portavoz también ha descartado realizar movimientos desde el Govern para tratar de acercar posturas con Junts, más allá de la reunión que Romero y el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ya mantuvieron con los grupos parlamentarios el viernes. Por ahora, socialistas y republicanos presionan a los junteros para que se sumen al pacto y, al mismo tiempo, les tienden la mano para que negocien y no veten la tramitación en el Congreso de la propuesta.

En todo caso, y si el ejecutivo catalán quiere tener los presupuestos aprobados en el primer trimestre, tal y como ha verbalizado el presidente Salvador Illa, tendrá que negociar a contrarreloj. La vez que se aprobaron unas cuentas con menos tiempo, desde que salieron del consejo ejecutivo hasta que recibieron la luz verde del Parlament, fue en el 2023, con una tramitación récord de 37 días bajo la batuta de la entonces consellera de Economia Natàlia Mas. Los anteriores, capitaneados por el conseller Jaume Giró, se aprobaron después de una tramitación de 45 días. Los comunes condicionan el inicio de la negociación en la aplicación del régimen sancionador de la ley de vivienda y en una reunión de seguimiento de los acuerdos que todavía no tiene fecha.

Las medidas de la ley

Romero también ha avanzado algunas de las medidas que incluye la ley de acompañamiento, la primera que elabora la conselleria de Economia desde que el PSC llegó al Govern —en el 2025 el ejecutivo catalán no llegó a aprobar presupuestos por falta de apoyos—. El borrador de la ley suprime 19 tasas "que tenían un impacto recaudatorio muy reducido", según el departamento de Economia. Una de estas tasas es las que pagaban las cofradías de pescadores por la ocupación de espacio público en espacios como los palcos. También se incluyen diversas medidas para facilitar el acceso a la vivienda y se elimina el Consejo Catalán del Deporte.