La Generalitat dirigirá la nueva Cercanías de Catalunya pero la empresa será de Renfe 'sine die'

BarcelonaLa Generalitat controlará el consejo de administración de la nueva operadora que asumirá el traspaso de Cercanías, pero la mayoría de las acciones de la compañía quedarán en manos de Renfe sine die,a la espera de que el Gobierno haga algún movimiento para reclamarlas si lo considera. Este es el acuerdo al que han llegado el Govern, el ministerio de Transportes e Izquierda, y que se ha oficializado este jueves en el Palau de la Generalitat. Según ha dicho la consellera de Territorio, Silvia Paneque, los cambios en el accionariado se harán en el momento en que "sea posible o las partes tengan interés", garantizando la operatividad del servicio y los derechos de los trabajadores.

La nueva compañía es una operadora ferroviaria (como lo son Renfe o FGC), se llamará Cercanías de Cataluña y gestionará los trenes de radio corto y medio dentro del territorio. Tendrá su sede social en Barcelona –aunque todavía no se ha decidido dónde– y un capital inicial de 2 millones de euros. Inicialmente, los republicanos habían planteado que se acotara a dos años el tiempo máximo en el que Renfe seguirá ostentando la mayoría dentro del accionariado. Sin embargo, en el transcurso de las negociaciones el partido de Oriol Junqueras ha accedido a no limitarlo para no "encorsetar" el traspaso, según ha reconocido la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella. En el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez en el 2023, ambas partes pusieron por escrito que la empresa estaría "segregada de Renfe".

En rueda de prensa, la consellera Sílvia Paneque y el secretario de estado de Transportes, José Antonio Santano, han defendido que la nueva operadora supone un paso más en el "traspaso integral" de Cercanías y que permitirá garantizar un mejor servicio desde la proximidad. Aunque Santano asegura que "no es una filial de Renfe", la nueva compañía está ligeramente inclinada hacia el Estado: Renfe se queda con el 50,1% de las acciones y la Generalitat tendrá el 49,9%. Esto ocurre tras las protestas de los trabajadores de Renfe, sobre todo de los maquinistas, que temen perder derechos laborales con el cambio. "La empresa es del grupo Renfe por dos razones -ha admitido el secretario de estado-: porque ahora tocaba garantizar los derechos laborales y, en segundo lugar, porque eso recorta los plazos a la nueva operadora para obtener las licencias y permisos necesarios para operar en un sector muy riguroso", ha dicho Santano.

Para intentar compensar esta situación de dependencia de Renfe, Catalunya ha jugado la carta de la gobernanza y tendrá más peso en el consejo de administración, el núcleo de toma de decisiones dentro de cualquier empresa, tal y como ya habían puesto por escrito en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. De los nueve consellers, cinco serán propuestos por la Generalitat y cuatro por Renfe. Además, Renfe cederá uno de esos asientos a los representantes de los trabajadores. El presidente y el director general de la empresa también saldrán a propuesta del Govern. "Si alguien quiere poner agua al vino en esta cuestión, se equivocará; ha sido un triunfo y el día de hoy será señalado como el inicio de un cambio fundamental en la movilidad pública catalana", ha subrayado Paneque.

"Lo trascendente es que la gobernanza es catalana", se han esforzado en insistir tanto a la consellera como a Capella, que también había sido titular del ramo. Paneque ha asegurado que los estatutos prevén que "la Generalitat pueda instar un cambio en la titularidad [de las acciones]", pero si esto ocurre también "hará falta un acuerdo entre las partes y con los trabajadores". Es decir que, en la práctica, que la Generalitat obtenga la mayor parte de la empresa deberá ser consensuado con Renfe. ¿Y si no hay acuerdo? En este caso, Paneque ha explicado que la diferencia de opiniones se resolverá en función de lo recogido y establece "el acuerdo entre accionistas", un documento interno de la empresa que no han hecho público. "No estamos pensando en el marco de la confrontación, sino en el de entendimiento dentro de una empresa pública", ha justificado Paneque.

Dentro del pulso por la gobernanza también entra en juego el centro de formación de maquinistas de Hospitalet. Paneque y Santano han admitido que uno de los problemas clave en Cercanías es la alta movilidad de sus maquinistas y por eso han previsto una línea específica de trabajo para esta cuestión. "Estamos buscando una gobernanza compartida en la escuela de Hospitalet para tener más maquinistas asentados en Catalunya", ha asegurado el secretario de estado.

¿Y si cae la legislatura?

Con el anuncio de este jueves, el PSC cumple uno de los acuerdos de investidura con Esquerra y que, a su vez, venía ya del acuerdo para elegir a Pedro Sánchez como presidente español. Pero, ante las incertidumbres que se abren en la legislatura española a raíz del caso Cerdán, ni Paneque ni el secretario de estado han querido valorar qué pasaría si el ejecutivo del PSOE y de Sumar cayera. "No prevemos ni en el corto ni en el medio plazo un cambio de gobierno", aseguró la consellera y portavoz del Govern.

Para Juntos, el acuerdo no es suficiente. "Hoy constatamos que no habrá un traspaso real porque Cercanías seguirá en manos de la Renfe", criticó el diputado Salvador Vergés, quien tachó el anuncio de hoy de "propaganda". En la misma línea, el diputado cupero Dani Cornellà lo calificó "de estafa en toda regla". En cambio, los comunes avalan el modelo presentado, pero avisan de que lo importante es resolver las incidencias que afectan al día a día del servicio ferroviario. Su portavoz parlamentario, David Cid, alertó de que el traspaso no puede suponer "una dilatación de las mejoras que necesita la red", porque los ciudadanos no lo entenderían.

El pacto a tres bandas sobre Cercanías llega antes de saber qué ocurre con la otra gran medida estrella del acuerdo de investidura entre PSC y ERC: la financiación singular. El Gobierno mantiene aunque su objetivo es cumplirlo en tiempo y forma, y ​​firmar el pacto antes del 30 de junio, pero tanto voces de los republicanos como del ejecutivo español admitían, ya antes del estallido del caso Cerdán, que las negociaciones se habían ralentizado. Y la presunta trama de corrupción que salpica a los exdirigentes del PSOE no ha hecho más que complicar las cosas.