La Guardia Civil espió por el Tsunami a una cuarentena de personas que nunca han sido imputadas

MadridEspionaje a gran escala de la Audiencia Nacional por el presunto terrorismo del Tsunami Democrático. Los integrantes del juzgado de instrucción número 6, Manuel García-Castellón y Alejandro Abascal, que instruyeron en secreto durante más de tres años la investigación, autorizaron que la Guardia Civil pinchara el teléfono móvil de una cuarentena de personas que después no han sido imputadas. Las vinculaban a la plataforma que movilizó al país a partir de la sentencia del juicio del Proceso en octubre del 2019. Así lo confirman el entorno de los implicados y también la Fiscalía, que durante unos meses avaló esta actuación hasta que constató que la vulneración de derechos fundamentales no era "proporcional". Ahora, el ministerio público defiende que los hechos deberían enmarcarse en el delito de desórdenes públicos.

Entre los afectados, destacan los exdiputados de la CUP David Fernàndez y Quim Arrufat, tal y como ha avanzado Vilaweb; los ex diputados de Catalunya Sí Que se Puede Albano-Dante Fachín y Marta Sibina y, tal y como avanzó el miércoles El Mundo, el guionista de RAC1 Oriol de Balanzó. Otros no son conocidos. Una vez levantado el secreto de las actuaciones el pasado mayo, el juez decidió imputar a doce personas por terrorismo, entre ellas Carles Puigdemont y Marta Rovira, pero a lo largo de la instrucción hubo muchas más espiadas. "Después no apareció ningún elemento que haya sido utilizado para el estado de la investigación abierta ahora mismo", aseguran fuentes de las defensas. Básicamente, la información proviene de la operación Volhov, indican. Por su parte, la Fiscalía se justifica: “Por supuesto, se imputa a quien se puede y no a todos los investigados, pero esto es siempre así”.

Semejante a Pegasus

La intervención de los teléfonos móviles por Tsunami, en algunos de los casos, fue total. Las potencialidades del software que utilizaba la Guardia Civil –no dice su nombre– eran: acceder a la agenda de contactos, el registro de llamadas, el correo electrónico, el historial de navegación web, las comunicaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería, todos los archivos del terminal y la posibilidad de activar el micrófono del dispositivo para captar las comunicaciones orales. Es decir, un nivel de acceso como el que permiten programas como Pegasus. La afectación en la intimidad se amplía, por tanto, a un indescifrable número de personas. Además, el juez ordenó a los investigadores que informaran de los interlocutores con los que se comunicaba cada espiado, en caso de que resultara relevante para el esclarecimiento de los hechos “ya los efectos de que la autoridad judicial pueda extender la medida a estas personas, si fuera procedente”. Todo ello, mientras el CNI también espiaba figuras vinculadas al independentismo –al menos 18 reconocidas–, con la incógnita de si esto propició trasvase de información hacia los tribunales.

La mayoría de los pinchazos autorizados por 'Audiencia Nacional se produjeron entre finales de 2019 y principios de 2020. En el caso de Fachín y Fernández, la Fiscalía declinó una segunda prórroga solicitada por el instituto armado porque consideraba que faltaba “motivación” en la petición y no cumplía con la exigencia de "proporcionalidad". “Debería exteriorizarse los datos o hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito y la conexión de la persona o personas investigadas, algo más que simples sospechas. Es decir, sospechas fundadas en algún tipo de dato objetivo, lo que no ocurre en los casos que se indican”, dice una resolución a la que ha tenido acceso el ARA. Se les atribuía, entre otros, un posible delito de expedición de moneda falsa.

Vuelos a Bruselas y Tweets

¿Y qué sospechas tenía la Guardia Civil por vincular a estas personas con el Tsunami Democrático? Los investigadores justificaban este espionaje con el hecho de que los afectados tuvieran a favor de las protestas o participaran. Tal y como explica Fachín al ARA, la Guardia Civil llegó a pensar que una campaña para recaudar fondos para Octuvre –su canal de YouTube– podía servir para financiar al Tsunami Democrático. El instituto armado también pone la lupa en dos viajes que el exdiputado de Catalunya Sí que Pot se hizo en Bruselas, donde residían dirigentes del Proceso exiliados.

Según explica Vilaweb, la Guardia Civil incriminó a David Fernàndez por el hecho de que en 2014 ya utilizó la expresión “Tsunami Democrático” con motivo de la consulta del 9-N. También, por ser “una persona destacada en organización y entrenamiento para la realización de movilizaciones de resistencia”, en relación con su implicación en la iniciativa En Peu de Pau, un espacio que se creó para fomentar la manifestación no-violenta. Algunos de los afectados barajan acciones legales por si los actores han incurrido en mala praxis que pueda ser delictiva.