Así es la guerra 'soft' entre PSOE y PP en el Tribunal de Cuentas

MadridCuando el Tribunal de Cuentas dio a conocer la sanción de más de 800.000 euros en Vox por financiación irregular, en una escueta nota de prensa del pasado 30 de abril informó de que dos consejeros emitieron un voto particular en contra de la resolución. Se trata de Javier Morillas y José Manuel Otero, que algunas fuentes consultadas por el ARA adscriben al sector "más conservador" del organismo. Lo que no decía aquella comunicación es que, en el pleno, la votación había sido de un ajustadísimo 7 a 6 a favor de imponer esa importante multa a la formación de extrema derecha.

Si bien en espacios como el Congreso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional (TC), la disputa entre PSOE y PP —o entre bloques progresista y conservador— es más o menos explícita, la que se da en el Tribunal de Cuentas pasa más desapercibida. Se trata de un órgano muy particular que no forma parte del poder judicial, aunque le corresponde la jurisdicción contable, y en los últimos años ha dictaminado grandes perjuicios para partidos, como es el reciente caso de Vox, o para personas físicas, tal y como han sufrido los impulsores del 9-N o del 1-O.

"No es como el Tribunal Constitucional", afirma un miembro del pleno sobre la relación entre conservadores y progresistas, para explicar que la división entre sectores no es tan rígida como se da en otros ámbitos. En el TC, por ejemplo, no es habitual que algún magistrado progresista vote con los conservadores, y viceversa, siendo remarcable cuando sucede en asuntos delicados. Sobre todo, porque es poco disimulado cómo se alinean los intereses del PSOE y del PP con la actuación de los respectivos bloques en órganos como el TC o el CGPJ. En el Tribunal de Cuentas también pueden darse estas dinámicas, si bien las propias funciones de la institución, de carácter mucho más técnico, hacen que no sean tan acentuadas ni se ponga tanto la lupa en los choques dados.

Algunas voces destacan que hubo discusiones "acaloradas" en la fiscalización de la contratación durante la pandemia de varias administraciones públicas. No se hizo mucho eco, pero entonces también hubo división y votos particulares. Lo que trasladan desde la derecha es que el sector progresista hizo valer su mayoría para avalar la gestión contable de los ministerios y, de hecho, el gobierno español ha presumido de este aval por parte del Tribunal de Cuentas para desmarcarse de la presunta corrupción que envuelve al exministro José Luis Ábalos, vinculada sobre todo con la contratación de material. En este sentido, un consejero propuesto por el PP consultado por el ARA prefiere distinguir entre sectores "progubernamental y no gubernamental", en lugar de conservador y progresista.

"La estrategia de identificar al Tribunal de Cuentas como instrumento de una determinada fuerza política siempre se ha dado", admite una fuente del bloque progresista. Y sigue pasando ahora, pese a que en la última renovación de finales del 2021, PP y PSOE introdujeron perfiles con menos apariencia de politización respecto a otras etapas. En el mandato anterior había personas de talante inequívoco como Margarita Mariscal de Gante, ex ministra de Justicia con José María Aznar, o Manuel Aznar, hermano del expresidente del gobierno español. En ambos lados se asume el prestigio de la gran mayoría de integrantes, si bien en el sector conservador señalan alguna maniobra política.

Un fiscal propuesto por García Ortiz

La renovación pactada en noviembre del 2021 dejó un pleno con siete consejeros propuestos por el PSOE y cinco por el PP. Además, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, promovió un cambio al frente de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y situó a él a Manuel Martín-Granizo, que también tiene derecho a voto en el pleno. Fuentes de la derecha critican que actúe siempre alineado con el criterio de la presidenta, Enriqueta Chicano, a quien siempre puede verse cerca del ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuando coinciden en actos públicos. En la resolución sobre Vox, por 7 a 6, un consejero del sector progresista votó con el bloque conservador, por lo que fue clave el voto del fiscal.

En privado, los más proclives a la confrontación dejan caer que el bloque "progubernamental" impuso esa multa a Vox por ganar un titular a los medios que desviara los focos de los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Desde el otro lado defienden que no fue una decisión política, teniendo en cuenta que la propuesta de sanción la redactó un instructor adscrito al departamento de partidos políticos del Tribunal de Cuentas sin orden específica de ningún superior jerárquico. "En el 99% de los casos, el pleno acepta la propuesta del instructor", destacan fuentes consultadas por el ARA.

Varias fuentes de la derecha coinciden en que la sala tercera del Tribunal Supremo, donde Vox ha recurrido la sanción, revocará la decisión. "Nos dará un revolcón", auguran algunos, que consideran que se hizo un "salto demasiado grande" con esa multa. El voto particular de los dos consejeros conservadores decía que no se había acreditado que todo el dinero que Vox habría recolectado en puestos de merchandising callejero eran donaciones anónimas, sino que algunas podían responder a una compraventa de pulseras o chapas y que, por tanto, podía ser una actividad comercial lícita de la formación. Así, frente a la "duda razonable", habría que resolver a favor del partido político. Otros conservadores también añadían que para sancionar es necesario probar una intención de mala fe y que no es suficiente con una suma de "presunciones". Sin embargo, toda esta discusión no quedó reflejada en la nota de prensa oficial del Tribunal de Cuentas.