Los graves problemas de Vox y Alvise con la financiación

Barcelona / MadridLa extrema derecha españolista está en el punto de mira de investigaciones y sanciones por financiación irregular. Tanto Vox como Se ha Acabado la Fiesta (SALF), de Alvise Pérez, acumulan problemas en este ámbito con multas impuestas y diligencias abiertas. El Tribunal de Cuentas ya tocó la corteza a Vox el año pasado con dos sanciones que subían hasta un total de 233.000 euros, y este año de nuevo, con 862.000 euros. Incluso el PSOE presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una investigación en el partido por financiación irregular por unas supuestas donaciones anónimas. Según ha podido saber el ARA, el ministerio público decidirá, en los próximos días, si se querella contra Vox o si archiva las diligencias. Por su parte, el Tribunal Supremo investiga a Pérez por una donación de 100.000 euros en efectivo por parte de Álvaro Portillo, un empresario de las criptomonedas y presunto estafador masivo.

El motivo del primer aviso en Vox fue el uso de donaciones finalistas de no militantes, en este caso para utilizarlas para acciones judiciales –para querellas como la que presentaron contra el expresidente Quim Torra y para recaudar fondos para ayudar a pagar la fianza de un hombre que se enfrentaba a dos años de cárcel por la muerte de un ladrón al que golpeó. Pero la última sanción del órgano fiscalizador volvió a ser por una "infracción muy grave" por haber recibido donaciones irregulares, ya que no estaban identificadas en los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. En tres ejercicios Vox recibió 330.000 euros en cajeros automáticos como "actividades promocionales" sin que se pueda comprobar si venían de la venta de merchandising o de donaciones. Fuentes de Anticorrupción aseguran que esta decisión del Tribunal de Cuentas "claro que afecta [a la investigación]", dado que los hechos son los mismos.

La multa, que se conoció el 30 de abril, se aprobó pese al voto en contra de seis de los trece consejeros, dos de los cuales dictaron un voto particular, José Manuel Otero y Javier Morillas. Vox confía en que el Supremo la tumbe –el recurso se ha admitido a trámite–, como también recurrió las sanciones del pasado año. Fuentes de la coordinación jurídica de Vox aseguran al ARA que el partido "siempre ha cumplido la ley y ha sido escrupuloso en la gestión económica", con cuentas auditadas incluso en orden, según su criterio. Así, recalcan que el presidente español, Pedro Sánchez, "con la ayuda del PP, ha asaltado al Tribunal de Cuentas con el objetivo de que le pongan multas a Vox". El modo gráfico como denuncian esta "persecución" política es que las multas son por vender brazaletes con la bandera española que llenan las huchas de Vox.

De todos modos, los problemas de financiación de la extrema derecha de Santiago Abascal también van más allá: la Fiscalía investiga el polémico préstamo de un banco húngaro cercano al primer ministro Viktor Orbán –pro-ruso y del mismo grupo europeo que Vox–, lo que fuentes críticas del partido denuncian como la demostración de que “se Putin, un argumento que también repite uno de los tótems mediáticos de la derecha, Federico Jiménez Losantos. Sin embargo, fuentes de Vox relatan que pidieron este préstamo "porque en España no lo han obtenido" por un supuesto veto de las entidades financieras y que ya ha sido devuelto con "intereses elevados". En el partido de Abascal creen que Sánchez ha promovido este veto como en Alemania se ha hecho con la extrema derecha de la AfD utilizando la presión de las instituciones.

El encaje legal

Las donaciones anónimas y las finalistas están prohibidas por la ley de financiación de partidos y constituye ya un delito de financiación ilegal según el artículo 304 bis 1 del Código Penal, con sanciones de entre el triple y el quíntuplo del valor de las donaciones. En su versión agravada, cuando la cifra sea superior a medio millón de euros, podría acarrear, además, penas de prisión de hasta cuatro años.

David Sans, abogado penalista experto en financiación ilegal de partidos, y que hizo su tesis doctoral precisamente sobre esta materia, apunta las complicaciones por condenar con la modalidad agravada del delito de financiación ilegal porque "habría que probar que con estas presuntas donaciones se ha superado la suma de medio millón de euros". Esto lo ve difícil porque las pruebas aportadas son las imágenes extraídas de las publicaciones de Vox en las redes sociales desde 2020 en tablas informativas. También añade que "la ausencia de antecedentes jurisprudenciales" abre la puerta a "problemas interpretativos" sobre la forma de alcanzar el medio millón.

Uno de los elementos que destaca es que a menudo se confunde la normativa sobre financiación de partidos, que no es penal, con el delito de financiación ilegal. Así, argumenta que las donaciones anónimas por las que Vox ha sido sancionado ya quedan prohibidas en la ley de financiación de los partidos políticos de 2007, pero está por ver si llegan a la línea del delito agravado que conlleva prisión, que se instauró en 2015. la segunda eran 330.000.

Alvise, señalado

En cuanto al caso de Alvise Pérez, que se ha quedado solo por la ruptura con sus compañeros eurodiputados, está investigado por difundir una PCR falsa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por la que el Supremo ha solicitado un suplicatorio en la Eurocámara. También planea sobre él la retirada de la inmunidad por los 100.000 euros que recibió de un presunto delincuente que declaró públicamente que le había "comprado" en un acto de "corrupción". Se trata de una "donación finalista", en este caso por promover "una plataforma de criptomonedas", según puntualiza el abogado.

[Este artículo ha sido modificado el 13 de mayo de 2025 porque la nota de prensa del Tribunal de Cuentas sobre la sanción de Vox sólo informaba de los votos particulares, pero no de los votos totales en contra de la resolución]