¿Por qué los intérpretes del juicio del caso Roger Español no sabían traducir el catalán?

BarcelonaUno de los titulares que dejó este jueves el juicio del caso Roger Español tiene que ver con los intérpretes que había en la sala, incapaces de traducir las preguntas de los abogados del catalán al castellano. Los letrados de las acusaciones particular y las populares, ejercidas por Irídia, Òmnium y la ANC, acabaron autotraduciéndose o interrogando a los policías directamente en castellano después de que hasta dos intérpretes no pudieran hacer su trabajo, un hecho que las entidades han denunciado por "vulneración de los derechos lingüísticos". ¿Pero cómo se pudo dar esta situación?

Según consta en la web de Justicia de la Generalitat, las traducciones e interpretaciones en los órganos judiciales y en las Fiscalías de Cataluña las presta el departamento, sea mediante personal propio o, como sucede en la mayoría de casos, a través de diversas empresas adjudicatarias a las cuales se externaliza el servicio. En el caso del juicio a Roger Español es precisamente una empresa la que aportó a las dos mujeres que probaron sin éxito trasladar las preguntas a los policías españoles acusados de vaciar un ojo al activista independentista.

Fuentes del Gobierno explican que ya se ha hecho un requerimiento a la empresa en cuestión para "aclarar de manera inmediata los incumplimientos que se hayan producido en el servicio de traducción" y para garantizar que el servicio "se ajuste a las condiciones contratadas". Este requerimiento podría llegar a derivar en una sanción o, en caso de reiterado incumplimiento del servicio, en una resolución del contrato. "El Gobierno trabaja intensamente para promover el uso del catalán también en el ámbito judicial y defiende los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía", añaden las mismas fuentes.

En un comunicado conjunto este viernes, Irídia, Òmnium y la ANC, junto con las entidades impulsoras de la campaña #JustíciaPerRoger, han calificado de "intolerable" la "vulneración de derechos lingüísticos" que se está produciendo en el juicio. "Los abogados se han visto obligados a autotraducirse al castellano, hasta el punto de no poder efectuar preguntas en catalán a algunos de los testigos porque la persona encargada de la traducción no conseguía hacer la tarea con solvencia", lamentan, y remarcan que esto vulnera la carta de derechos lingüísticos de la ciudadanía ante la justicia y la ley orgánica del poder judicial.

Un problema que viene de lejos

El problema con la interpretación judicial hace años que es noticia por errores graves. El grupo MIRAS de la UAB ha documentado errores en inglés, francés, rumano, árabe y chino, entre otros. En este estudio se constata que la mitad de lo que se dice en un juicio con intérprete no se traduce al acusado. El problema de interpretación, pues, "no es porque sea en catalán", sino que tiene más que ver con cómo se licita este servicio y se otorga a agencias que tienen malas prácticas de forma reiterada. "Los pliegos no son un ejercicio de transparencia y garantía de calidad, sino a menudo subastas a la baja: gana quien presenta el precio más bajo, sin exigir ni acreditar adecuadamente la formación y experiencia de los intérpretes, que además lo hacen en condiciones muy precarias (económicas, de titulación, de experiencia, etcétera)", explica al ARA la traductora e intérprete jurada Emma Soler, miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias y de la Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña.

El sector ha denunciado esta situación desde hace prácticamente 20 años, e incluso ha llegado al Defensor del Pueblo. "Las consecuencias en un juicio pueden ser muy graves: información que no se traslada correctamente, afectación del derecho de defensa y de las garantías del proceso", alerta la intérprete.

Falta de "transparencia" de la vista

Más allá de la cuestión lingüística, las entidades que ejercen la acusación en el caso Español también critican la "falta de transparencia" y "opacidad" de un juicio que –destacan– interpela a los miles de ciudadanos que el 1 de Octubre sufrieron la violencia policial. En este sentido, señalan las "trabas" sufridas por parte de acompañantes y personas interesadas en asistir físicamente al juicio como público, "limitaciones de aforo" y la "imposibilidad" de la ciudadanía y de los periodistas de poder seguir el juicio a distancia, ya que el servicio de streaming no estaba disponible durante el juicio este jueves por la tarde. Consultado por este diario, el departamento de Justicia ha declinado hacer comentarios sobre estas cuestiones.