El juez del caso Pegasus recibe las autorizaciones del espionaje en Aragonès

BarcelonaEl juez que investiga el caso Pegasus ha recibido este jueves la documentación desclasificada por el gobierno español que acredita el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En concreto, los autos judiciales del Tribunal Supremo que avalaron las intervenciones telefónicas, según avanzó El País y ha confirmado el ARA. La documentación ha llegado al juzgado de Barcelona que se encarga del caso 24 horas antes de que declare a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por videoconferencia como investigada. El gobierno español envió esta semana el acuerdo del consejo de ministros en el que se autorizaba al CNI a solicitar el acceso a estos autos.

Hace pocos días, el ejecutivo estatal acordó la "desclasificación parcial" de los documentos relacionados con el espionaje al presidente de la Generalitat por parte del CNI después de que se lo solicitara el juez que investiga el caso Pegasus. La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, precisó que esta desclasificación sólo sería por este caso en concreto y que no "afectará a la seguridad nacional". Lo ha confirmado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia en el Congreso, donde ha explicado que el gobierno español ha enviado la documentación "absolutamente esencial" y "sin ningún tipo de tacañería" para que Paz Esteban pueda declarar y ser interrogada por las partes este viernes. Según Robles, en esta documentación "queda claro" que "todo lo que se hizo fue con autorización judicial" y con "respeto absoluto a la ley".

La ministra lo ha dicho en respuesta al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que le ha reprochado que el ejecutivo español no desclasifique todos los documentos porque considera que es una "cuestión de calidad democrática" y porque "es muy raro" que se utilicen mecanismos de espionaje contra adversarios políticos". Pere Aragonès declaró el pasado 13 de diciembre ante el juzgado de Barcelona que lleva este caso y defendió que levantar el secreto de la información era una "obligación ética y moral". La defensa del presidente de la Generalitat, de hecho, pedía tener esa información para prepararse las preguntas a hacer a Esteban en su declaración de este viernes. Según fuentes del TSJC, las partes tienen ya toda esta documentación. Ahora bien, fuentes de la defensa de Aragonès aseguran que todavía no han recibido la información.

El magistrado que se encarga del control judicial de las actividades del CNI que afectan a los derechos fundamentales, Pablo Lucas, rechazó entregar el auto en el que autorizaba a los servicios secretos del Estado a intervenir el teléfono de Aragonès porque se trataba información confidencial y protegida. El espionaje al presidente de la Generalitat se produjo entre finales de 2018 y principios de 2020. Lucas se escudó en que debía ser el gobierno español quien desclasificara la información. Cuando el CNI pide permiso al juez para intervenir un teléfono, el magistrado podrá concederlo por un tiempo máximo de tres meses. Por tanto, durante el período en que se habría espiado Aragonés, el juez pudo solicitar varias veces que los agentes del CNI le justificaran que había indicios de delito para mantener el teléfono intervenido.