Tribunales

El juez del Supremo envía a juicio al fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros

El instructor del caso de revelación de secretos rechaza suspender provisionalmente a García Ortiz de sus funciones

MadridEl juez del Tribunal Supremo que ha investigado al fiscal general del Estado por revelación de secretos ha dado el paso definitivo para enviarlo a juicio. El instructor del caso, Ángel Hurtado, ha acordado este martes la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz por haber filtrado presuntamente el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso dirigido a la Fiscalía en el que Alberto González Amador reconocía haber cometido fraude fiscal. Hurtado, además, le impone una fianza de 150.000 euros "para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse", es decir, el pago de una posible indemnización a González Amador por "perjuicios morales". Si García Ortiz no les entrega en cinco días, se le embargarán bienes "para asegurar esa cantidad". Por otra parte, el juez rechazó suspenderle provisionalmente de sus funciones al frente del ministerio público y rechazó así la petición que había hecho la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares.

Hurtado pasa el balón a la sala penal del Supremo, que deberá fijar la fecha del juicio, que se prevé para los próximos meses, y la composición del tribunal que le juzgará. A la espera de la resolución oficial, ha trascendido ya que lo formarán el presidente de la sala segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Antonio Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer. Es decir, será de mayoría conservadora. El movimiento de Hurtado, que era inevitable porque la sala de apelación del Supremo ya había rechazado el recurso del fiscal general con el que realizó un último intento de evitar el juicio, ha reactivado el choque entre el gobierno español y el PP por este caso, que llegó a su punto álgido el pasado viernes con la plantada de Alberto Núñez Feijóo en el acto de apertura del año judicial.

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Desde la Moncloa han acogido la noticia sin asombro y sin variaciones en su posicionamiento. En rueda de prensa tras el consejo de ministros, la portavoz del ejecutivo español, Pilar Alegría, reiteró que mantienen "la confianza" en García Ortiz y en "su inocencia". "Ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Todo el respeto a la resolución judicial y confianza en el fiscal general del Estado", ha dicho. El PP, por el contrario, ha vuelto a pedir la dimisión del fiscal general. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado una vez más que Pedro Sánchez aún no le haya forzado a dejar el cargo. "Eso es lo que pasaría en un país democrático", ha argumentado Muñoz en rueda de prensa. Ha insistido en X el presidente popular, que ha lamentado la "insoportable degradación institucional" que cree que ha provocado el presidente español y ha advertido al PSOE de que si sigue sin pedir la dimisión del fiscal general, "le acompañará hasta el banquillo de los acusados".

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"Hay suficientes indicios"

En el auto, el juez Hurtado defiende que "hay suficientes indicios" para juzgar al fiscal general por la filtración del correo la noche del 13 de marzo de 2024. Una de las evidencias, a juicio del instructor y también de los dos magistrados de la sala de apelación que a finales de julio confirmaron la decisión de procesar dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales" para contrarrestar la versión falsa que había difundido el entorno de la presidenta madrileña sobre el correo publicada en El Mundo a las 21:29 horas del mismo día.

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El instructor sostiene que García Ortiz quería "ganar el relato en esta información" aunque era sobre la cuestión "de quien había surgido la iniciativa para alcanzar un pacto de conformidad penal" que, a su juicio, tiene "escasa relevancia". Según la información deEl Mundo, había sido un ofrecimiento del ministerio público, aunque fue una propuesta de la defensa del novio de Ayuso. Esta actividad de García Ortiz, la coincidencia temporal con la publicación en la Cadena SER del contenido del correo que desmentía El Mundo o el hecho de que el fiscal general borrara los mensajes de sus dispositivos son algunos de los argumentos de Hurtado para juzgarle.

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Un planteamiento que ha generado críticas incluso en el Supremo. Uno de los magistrados de la sala de apelación se opuso a juzgarle al considerar estos indicios como "absolutamente insuficientes" para acreditar que fuera quien filtró el correo. Es un argumento que también ha resonado este martes en el Congreso. "No se le puede pedir a un investigado que demuestre su propia inocencia", ha defendido la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, en rueda de prensa.

Se mantiene en el cargo

García Ortiz podrá sentarse en el banquillo de los acusados ​​como fiscal general del Estado, ya que Hurtado ha concluido que no se le puede suspender del cargo porque existe un "vacío legal". "Existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal, que es de naturaleza administrativa", pero "no contempla la suspensión del fiscal general del Estado", que es nombrado por el gobierno español y no está incluido en el mismo régimen que el resto de fiscales.