Junts amenaza con "consecuencias penales" a los jueces que no se presenten a la comisión de investigación sobre la operación Catalunya
El CGPJ estudiará el jueves si tienen el deber de comparecer
BarcelonaEl Consejo General del Poder Judicial discutirá el jueves sobre la legalidad de las comisiones de investigación sobre Pegasus y la operación Cataluña que se constituyeron la semana pasada en el Congreso y, tal y como explica este lunes el ARA, el sector conservador también estudia realizar un informe para apoyar a los magistrados que se nieguen a comparecer en estas comisiones de investigación. Esto ha puesto en alerta a Junts: el portavoz del partido, Josep Rius, ha advertido este lunes en rueda de prensa de posibles "consecuencias penales" para los jueces que no se presenten a las citaciones, y ha recordado que son de obligado cumplimiento.
"Se citarán a los jueces y los más activos contra la guerra sucia del independentismo", ha afirmado el portavoz, en relación con las diversas comisiones de investigación que se han creado en el Congreso alrededor de lo que Junts tacha de "lawfare". En todo caso, las comparecencias deberán aprobarse por mayoría en la comisión, por lo que necesitarán el visto bueno del PSOE, entre otros partidos.
La Constitución prevé en el artículo 76.2 que es "obligatorio comparecer" al requerimiento que hagan las cámaras parlamentarias y que la ley "regulará las sanciones que se puedan imponer por este incumplimiento". En este sentido, el Código Penal, en el artículo 502, establece que "los que dejen de comparecer en una comisión serán castigados con un delito de desobediencia" y, si son funcionarios públicos o autoridades, también se les suspenderá de trabajo entre seis meses y dos años. Asimismo, también establece que quien "falte a la verdad" en su testimonio será penado con prisión de "seis meses a un año"
Ahora bien, varios magistrados del CGPJ creen que no tienen ese deber porque consideran que la mera creación de las comisiones de investigación es una intimidación hacia el poder judicial. el artículo 399 de la ley del poder judicial como una vía para no ir. Este artículo dice: "Las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimidar a jueces y de citarlos para que comparezcan", informa Ot Serra.
"El poder judicial, como cualquier estamento democrático, debe poder ser criticado", ha reaccionado Josep Rius. En cualquier caso, el propio reglamento del Congreso de Diputados rebaja el efecto preceptivo de las conclusiones a las que puedan llegar estas comisiones. "No serán vinculantes por los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales", dejan claro. Se prevé sólo que se plasmen en un dictamen, se debatan y se aprueben en el pleno.
Para Rius, el poder judicial ha tenido un "papel activo" contra el independentismo "más allá de lo previsto en la ley", lo que se ha traducido en "numerosos casos de lawfare" que ahora se investigarán en el Congreso de Diputados. En este sentido, ha cerrado filas con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que en el debate en la cámara tildó de "indecentes" magistrados como Manuel Marchena, Carlos Lesmes , Carmen Lamela o Concepción Espejel, declaraciones que, entre otras cosas, propiciaron que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, suspendiera una reunión con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, por las críticas de los junteros –ahora socios del PSOE– en la magistratura. La presidenta de Junts, Laura Borràs, en una entrevista al ARA este fin de semana, aseguró también que Nogueras "se quedó corta".
La reunión Puigdemont-Sánchez "próximamente" y fuera del Estado
Por otro lado, el portavoz de Junts, Josep Rius, también se refirió a una eventual reunión entre el expresidente Carles Puigdemont y el presidente español, Pedro Sánchez, que a su juicio debe producirse "próximamente" y fuera de el Estado. El encuentro, ha insistido, serviría para abordar el conflicto político. Sin embargo, desde Madrid siguen rebajando la posibilidad de que se haga a corto plazo, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este lunes que se prevé después de aprobar la amnistía y para volver en "el ordenamiento jurídico" y el "marco constitucional".