El juzgado de instrucción eleva al TSJC la causa contra Dalmases

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al diputado de JxCat Francesc de Dalmases, que es aforado, por haberse lucrado presuntamente con más de 224.000 euros procedentes de subvenciones para cooperación de la Diputación, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. En la exposición razonada que ha remitido al TSJC y que ha avanzado la agencia Efe, el juez de la operación Volhov pide investigar a Dalmases por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, ante los indicios de que intentó obtener fondos públicos con ánimo de lucro a través de las entidades Igman y Catmon, administradas por él, afines a CDC y presididas por Víctor Terradellas, entre los años 2014 y 2017.

La Diputación de Barcelona admitió irregularidades en las subvenciones otorgadas a entidades afines a CDC, como por ejemplo viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después del cobro, "laxitud " en la aportación de comprobantes y "indeterminaciones" en los expedientes, y las recogió en un informe que envió al titular del juzgado de instrucción. Una de las irregularidades que la Diputación enumera en los informes, precisamente, hace referencia a facturas a nombre de Dalmases en las que consta que fueron cobradas antes de la fecha de expedición.

En un hilo en su cuenta de Twitter, Dalmases ha denunciado que hace tres años que este juez lo investiga "de manera prospectiva" y "fraudulenta" y que ha pedido trasladar la causa al TSJC para poderlo imputar a pesar de que la Fiscalía se opuso a ello este miércoles. "El informe del fiscal no es vinculante y sí preceptivo y, aun así, el juez del Volhov y las criptomonedas, el de la trama rusa del Procés, ha decidido continuar la persecución", ha criticado el diputado de JxCat, que ha concluido: "Ni la Fiscalía se cree esta causa, pero el juez persevera. Ni entre ellos se ponen de acuerdo, pero el mal ya está hecho y continúa. Y estoy donde estaba: haciéndolos frente y orgulloso del trabajo hecho".

La investigación contra Dalmases deriva de la causa por presunto desvío de fondos públicos para cooperación de la Diputación de Barcelona, en la cual están imputadas una cincuentena de personas y que dio pie a la operación policial en la que el octubre pasado fueron detenidos empresarios y exmiembros del denominado estado mayor del 1-O, acusados de aprovechar sus contactos políticos para favorecer sus negocios y que quedaron en libertad sin medidas cautelares. La Guardia Civil pinchó el teléfono a Terradellas y encontró unas conversaciones con el ex dirigente de CDC David Madí y el ex conseller de ERC Xavier Vendrell en las que se basó para poder pinchar el resto de teléfonos de los investigados.

Entre los investigados también estaba el empresario Oriol Soler y el presidente de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, Xavier Vinyals. Los cuatro formaron parte del llamado estado mayor que estuvo detrás de los preparativos del referéndum del 1-O. También el interventor delegado del departamento de la Presidencia con Carles Puigdemont, Jordi Serra, así como Toni Fusté y Roc Aguilera, directivos de la empresa Events de Igualada, dedicada al montaje de escenarios y que en 2017 ya fue registrada por la Guardia Civil buscando material del referéndum. También quedaron en libertad el concejal de ERC en Cabrera de Mar Enric Mir y la ex concejala de ERC en Sant Joan Despí Marta Molina.

Aguirre basa la investigación en una serie de conversaciones telefónicas interceptadas por las cuales considera tener indicios de delitos que van desde un presunto caso de corrupción urbanística hasta tráfico de influencias, y los relaciona con la financiación del Procés y el Tsunami Democràtic. El juez sitúa tanto a Vendrell como a Madí y Soler en la cúpula del Tsunami Democràtic y relaciona también a la empresa Events: indaga si fue esta empresa la que instaló un escenario en la frontera de la Jonquera en noviembre de 2019.