Llarena manda a Serret a la sala de lo penal del Supremo sin descartar la malversación

BarcelonaMeritxell Serret fue procesada el 21 de marzo del 2018 por presunta desobediencia y malversación de fondos públicos. Y es precisamente por estos dos delitos por los que ahora podría ser juzgada una vez el juez instructor, Pablo Llarena, ha comunicado este jueves que cierra el sumario y envía el caso a la sala segunda del Tribunal Supremo, la que preside Manuel Marchena. "Una vez practicadas las diligencias que se han estimado necesarias para la comprobación del delito, así como para determinar la participación que tuvo la procesada en los hechos y las circunstancias concurrentes en su comisión y al no apreciarse necesaria ninguna otra indagación, es procedente concluir el sumario presente", describe Llarena en un auto de cuatro páginas.

Ahora será, pues, la sala de lo penal –la que ya juzgó y condenó a los presos políticos y al resto de consellers que no se marcharon al exilio– la que se encargará de gestionar el caso. De momento, tendrá que pedir el informe de conclusiones a las partes acusadoras (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) para determinar si siguen optando por el delito de malversación o si, por el contrario, se limitan a pedir un juicio por desobediencia. La lógica llevaría a pensar que lo harán solo por desobediencia, teniendo en cuenta el resultado del juicio del Procés (solo se atribuyó malversación a los titulares de las conselleries que cedieron locales para el referéndum). Pero ya se vio en el caso del juicio en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos que la Fiscalía insistió en hacer el juicio por rebelión (y no por sedición).

También se abrirá la puerta para que la defensa de Serret, encabezada por el abogado Iñigo Iruin, solicite el traslado de la causa a Catalunya para que sea juzgada por el Tribunal Superior de Justicia (está aforada como diputada del Parlament). Todavía no se ha aclarado qué hará la defensa, pero, una vez más, se entra en el terreno de la lógica: una de las vulneraciones de derechos que los presos políticos han llevado al Tribunal Constitucional y pretenden enviar también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la del juez predeterminado por ley. Llarena, por cierto, se había negado a trasladar a Catalunya la causa de Serret y también la de Anna Gabriel, que estaría en una situación similar.

La única exiliada que ha vuelto

Por sorpresa, Serret volvió a Catalunya el 11 de marzo pasado, después de haberse pasado más de tres años en el exilio belga. Ella es la única de los exiliados que ha decidido emprender el camino de vuelta, a pesar de que también es la única (con Anna Gabriel) sobre la que no pesan los delitos de sedición. Ese día fue directamente al Tribunal Supremo –con el que había tenido contactos– para ponerse a disposición de las autoridades españolas. La dejaron en libertad y no fue hasta el 30 de abril cuando la ex consellera de Agricultura declaró ante Llarena. Reconoció haber sacado adelante el 1-O a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, pero negó que su departamento hubiera asumido ningún gasto relacionado con el referéndum.

Desde las elecciones del 14-F que Serret es diputada en el Parlament por ERC. Un lugar que, a priori, facilitaría el traslado de la causa a Catalunya. Pero, en caso de que su defensa lo solicite, dependerá del criterio de Marchena. De momento el TC ya ha resuelto a favor del Supremo, que decidió asumir la investigación y el juicio de los líderes del Procés, a pesar de que ni siquiera estaban aforados cuando fueron detenidos.