Mandatos de siete años (ampliables) y fin de la elección a dedo: el Gobierno aprueba la ley del directivo público

BarcelonaEl Gobierno ha aprobado este martes, antes de irse de vacaciones, uno de los proyectos de los que más bandera ha hecho. Se trata de la ley de la dirección pública profesional, que pretende acabar con la elección a dedo de las figuras de los directivos públicos y acotar su mandato. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó la norma hace ahora un año junto a las entidades profesionales que la avalan, y este martes el ejecutivo ha presentado los detalles de una normativa que quiere poner fin a la discrecionalidad con la que ahora los partidos eligen a las personas que ocupan las direcciones y subdirecciones generales del gobierno de la Generalitat. Así, la norma contempla que los procesos de selección se hagan por "mérito e idoneidad" y pone un plazo máximo de siete años (prorrogables) para los mandatos. En total, la norma afectaría a unos 727 altos cargos: 320 directores generales y 407 subdirectores.

La ley, pues, intenta poner fin al relevo de cargos cada vez que cambia el color político del Gobierno. De entrada, la selección se hará por el "mérito, capacidad, publicidad e idoneidad" de los candidatos, y los procesos serán evaluados por un nuevo "órgano independiente de calificación" que estará formado por "personas de reconocido prestigio en gestión pública y recursos humanos" designados por el Gobierno y que tendrá una representación paritaria. Este órgano propondrá tres candidatos y el departamento en cuestión hará la selección. Entre los requisitos para presentarse al proceso se encuentra el de tener titulación universitaria y, para las subdirecciones generales, también el de ser funcionario. Además, también se exigirá el conocimiento del catalán escrito y oral.

Los mandatos serán de siete años, pero se podrán ampliar por siete años más en función de una "evaluación favorable de los resultados obtenidos" de cada directivo: no hará falta que superen un nuevo proceso selectivo, pero sí un informe que justifique la "idoneidad" para prorrogarse. ¿Podrán ser cesados? No se podrá despedir a un directivo de forma "libre", sino que siempre deberá ser por "causas legalmente establecidas", como por ejemplo el fin del mandato, una evaluación desfavorable o por una renuncia voluntaria.

Los resultados de la actividad de estos directivos serán evaluados durante su mandato y su continuidad en el cargo dependerá del "cumplimiento" de los objetivos fijados. A partir de aquí, también se establece una retribución variable que puede llegar hasta el 15% de la fija en caso de una evaluación favorable.

Una excepción del 20%

La ley también diferencia las distintas categorías de directivo público: dirección gerencial, que son las direcciones generales y de servicios (son los altos cargos que eran nombrados normalmente por confianza política); dirección operativa, que se refiere a las subdirecciones generales que ocupan funcionarios (aunque también se escogían hasta ahora por designación política), y los directivos del sector público institucional. Todos estos cargos estarían sometidos a estos nuevos procesos de selección, pero cada gobierno puede dejar hasta un máximo de un 20% fuera por el "perfil funcional esencialmente político".

Además, no todos los altos cargos de la Generalitat estarán sometidos a esta ley, sino que no se aplicará a entidades públicas como el Institut Català de la Salut (ICS), porque tiene una normativa propia, o los Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), el Institut Català de Finances o la Agència Catalana de Protecció de Dades.

La norma forma parte de la reforma de la administración pública que promueve el Govern desde el inicio de la legislatura y tiene el consenso de diversas entidades profesionales representadas en el Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració (FERA), que reúne decenas de asociaciones que hace tiempo que reclaman esta modificación.

"La ley se enmarca en la estrategia global del Govern de transformación de la administración de la Generalitat. Permitirá encaminar el relevo generacional del gobierno y la captación y retención de talento [...] Entre los objetivos también está la profesionalización de la función directiva pública", ha defendido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa. Ahora la ley deberá tramitarse en el Parlament, donde Paneque confía en un "consenso amplio". En paralelo, el Govern elaborará el Estatuto de la dirección pública profesional, que debe servir para desplegar la norma.