Terminar con la elección a dedo de los directivos públicos: las claves de la nueva reforma del Gobierno

BarcelonaUno de los proyectos estrella del gobierno de Salvador Illa es la reforma de la administración, que encargó a un grupo de expertos encabezados por el catedrático de ciencia política Carles Ramió, y que ya ha puesto algunos cambios sobre la mesa, como por ejemplo el "derecho al error" tanto de la ciudadanía como de los funcionarios para luchar contra la parálisis. se arrastra legislatura tras legislatura y que ningún gobierno hasta ahora ha sido capaz de implementar: la regulación del directivo público profesional, que pasa por poner fin a la discrecionalidad con la que ahora los partidos eligen a las personas que ocupan las direcciones y subdirecciones generales del gobierno de la Generalitat Es decir, una reforma para poner fin a la elección de político y al

Este lunes el ejecutivo se ha hecho suya la propuesta de forma solemne con una escenificación con el presidente, Salvador Illa, y Antoni Biarnés y Carme Poveda, los representantes del Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (FERA), que reúne a decenas de asociaciones que hace tiempo que reclaman la Ca de Barcelona y el Consejo de Cámaras, Josep Santacreu; el presidente de CECOT, Xavier Panés; además de CCOO y la UGT. -aseguró-, no es un cambio pensado para el gobierno que gobierna sino para la administración y los gobiernos que vendrán", ha concluido. Y es que la reforma afectaría a unos 200 nombramientos que ahora están en manos de los partidos políticos.

de dirección de la maquinaria administrativa que esté basado en "el desempeño de objetivos y la responsabilidad gerencial" y no sólo en la confianza política, tales como "La dirección pública profesional debe dotar a la Generalitat de una gobernanza robusta de arquitectura estable, coherente y orientada a resultados", aseguran desde el ejecutivo político, que las ejecuten a través de la maquinaria de la administración dirigida por directivos públicos profesionales después de un proceso de selección meritocrático. nos debe permitir poner a las personas adecuadas ante los servicios públicos [...]. La sociedad no entiende por qué en cada cambio de gobierno se cambian más de 500 cargos y no por criterios profesionales", añadió el presidente de CECOT, Xavier Panés.

El cambio afectaría a dos grupos. El primero, las direcciones generales de los departamentos, así como direcciones de servicios o puestos equivalentes que tienen la consideración de altos cargos por ser nombrados por confianza política. El segundo, las subdirecciones generales, que ahora se eligen también por libre designación por el poder político, con la única diferencia de que deben ser funcionarios. La reforma pasaría por que en ambos casos las personas pasaran un proceso selectivo a través de una comisión (aún pendiente de concretar) en la que saliera una terna elegida de tres candidatos. Sería entre esta terna que el Gobierno elegiría al candidato, aunque no ha especificado los requisitos que deberían cumplir. Se mantendría, en todo caso, el requisito de ser funcionario en las subdirecciones generales.

En definitiva, la idea del Gobierno es cambiar el método de elección para que se incorporen "criterios de evaluación de competencias directivas y de control de los resultados alcanzados". Será este mismo martes en el seno del consejo ejecutivo en que se aprobará la memoria preliminar del proyecto de ley. Y es que hasta el primer trimestre del 2026 no llegará el proyecto terminado al Gobierno y será a lo largo del próximo año que se tramitará en el Parlament.

Los pilares de la reforma, según el ejecutivo, serán estos:

• Desligar a la dirección pública profesional de la "lógica exclusivamente política o funcionarial", de modo que esta capa de directivos no cambie cada vez que hay un nuevo gobierno.
• "Mejorar la calidad de los procesos de selección", dice el Ejecutivo, para que sea más "imparcial y transparente".
• Asociar los puestos de carácter directivo a la consecución de objetivos "medibles".
• Tener un marco jurídico específico de esa capa de directivos públicos separado del resto.
• Crear una comisión de calificación independiente como mecanismo de evaluación de los candidatos.
• Establecer mandatos temporales ligados a objetivos en vez del color de gobierno concreto.