Manuel Marchena con sus colegas de la derecha

MadridNadie que haya asistido a la presentación del libro de Manuel Marchena este lunes habrá encontrado una disquisición jurídica o política innovadora respecto a lo que encontrará enLa justicia AMENAZADA (Espasa), una visión "ponderada, prudente y no dogmática", según el escritor Lorenzo Silva, sobre cuestiones del actual debate jurídico-político. El magistrado del Tribunal Supremo cree que debería prohibirse a los partidos políticos ejercer la acusación popular y que sólo deberían estar aforados diputados, senadores, miembros del gobierno español y el rey emérito —el rey actual es inviolable—. Considera, además, que en estos momentos no se da el clima para una reforma profunda que lleve a la Fiscalía a instruir los procesos penales. Todo esto que explica en el Círculo de Bellas Artes ya queda recogido en el libro.

Así, las únicas novedades que encontrarán los asistentes a la presentación es el reconocimiento público a los abogados que participaron en el juicio del Proceso: eran "muy buenos", dice. También dice que si pudiera dejaría el derecho para dedicarse a la literatura. "Intento redactar bien [las sentencias] y no siempre lo consigo", se lamenta, y declara su envidia sana a Lorenzo Silva, con quien se admiran mutuamente. Silva es el encargado de conducir la conversación.

Uno puede imaginarse que Marchena, que ha querido tener muy controlada la publicidad de su libro –no ha aceptado entrevistas con los medios; sólo ha respondido a cuestionarios por escrito sin posibilidad de repregunta–, nunca habría permitido que acudiera al acto Ignacio Cosidó, el exportavoz del PP en el Senado que frustró su ascenso a presidente del Consejo General del Poder Judicial con aquél whatsapp sobre "controlar la sala segunda por la puerta trasera". Sin embargo, pese a que aborde las carpetas más espinosas del debate jurídico de forma "ponderada", y aunque el exministro de Justicia del PP Rafael Catalá no tiene un lugar reservado y debe buscar una silla vacía entre la prensa, la inclinación de los asistentes del público es reveladora. Permitirán a este cronista que enumere muchos nombres, a riesgo de hacerse pesado: los presidentes en funciones de la sala segunda y tercera del Supremo, Andrés Martínez-Arrieta y Pablo Lucas, candidatos del bloque conservador a serlo de forma formal; los magistrados de la derecha del Tribunal Constitucional José María Macías y Concepción Espejel; los compañeros de la sala segunda Pablo Llarena y Carmen Lamela; los vocales del CGPJ Alejandro Abascal y Gema Espinosa; el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Martínez; el presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez; el expresidente del CGPJ Carlos Lesmes; el exmagistrado del TC Antonio Narváez; y el teniente coronel de la Guardia Civil jubilado y uno de los grandes enemigos del Proceso Diego Pérez de los Cobos. Todos ellos tienen en común pertenecer al sector conservador de la justicia (o de la política, o de la policía). También asiste Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, por su papel institucional, y Susana Polo, teóricamente progresista pero muy alineada con Marchena en la sala segunda, además del magistrado del TC y ex ministro de Justicia del PSOE Juan Carlos Campo, amigo suyo personal. En realidad, las afinidades y adscripciones de Marchena no eran ninguna novedad.