Marlaska niega el traspaso "integral" de competencias de inmigración a la Generalitat
Puigdemont avisa que no pueden quedar al margen competencias como fronteras o extranjería
BarcelonaLa inmigración vuelve a estar en el centro del debate político y en esta ocasión ha supuesto un choque entre Junts y el PSOE por el traspaso de competencias pactado a la Generalitat. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves en un desayuno informativo que el Estado no realizará un traspaso integral de las competencias en inmigración a la Generalitat, como habían pactado los junteros con los socialistas, según un comunicado que difundió el partido de Carles Puigdemont al haber salvado dos decretos en el Congreso el pasado enero. Las competencias en cuestión son aquellas que desde el principio el ejecutivo español estaba en contra de transferir, como el control de la inmigración y las fronteras, según aseveró el ministro. "Las competencias de control de fronteras y de inmigración son una competencia exclusiva del Estado y del gobierno [español], y no son susceptibles de ser transferidas", ha sentenciado. Sin embargo, sí ha señalado que se podría traspasar la "gestión de servicios sociales, o políticas de inclusión de los migrantes".
Esto ha generado malestar en Junts, que a primera hora de esta mañana ya había enfriado que las negociaciones en este ámbito avancen a través de algunas concesiones sin que sea un traspaso total, como ha publicado El Periódico. Por eso, el gobierno español ha recibido un aviso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "Sólo avanzaremos si Catalunya recibe la delegación integral de las competencias en inmigración, que es lo que acordamos". Y aún ha ido más lejos recalcando que "si alguien piensa que dejando pasar el tiempo nos vamos a venir a una solución a medias –al estilo de la financiación– va bien confundido". Así pues, insiste en que competencias como la gestión de los flujos migratorios o fronteras deben ir hacia la Generalitat. Asimismo, el dirigente de Junts ha expresado indignación con los socialistas, que cree que "parece que se les rehota" su advertencia de que no se dejarán "engañar". También recordó que no se pueden "empaquetar" estos "incumplimientos acumulados" con negociaciones de los presupuestos estatales.
¿Qué se pactó exactamente en inmigración?
El comunicado del acuerdo in extremis entre el PSOE y Junts de gener fue distribuido sólo por los junteros, mientras que los socialistas enseguida intentaron enfriar la dimensión del pacto y se centraron en la vertiente social que puede acarrear, cerrando la puerta a cuestiones como extranjería. La nota juntera justificaba que permitieran aprobar acuerdos del gobierno de Pedro Sánchez a cambio de "la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat" que debería reflejarse en una ley orgánica por la que las formaciones están negociando todavía sin un texto acordado. Desde Junts se ha insistido en el control de los flujos migratorios, en integración con la lengua como clave e incluso disponer de la facultad desde Catalunya de la expulsión, que siempre ha estado en manos del Estado.
¿Se pueden traspasar todas las competencias?
El traspaso de las competencias de inmigración puede toparse directamente con el artículo 149 de la Constitución si se plantea como una delegación integral porque hace constar que son competencias "exclusivas" del Estado, pero según los junteros esto no impide que sean delegables a través del artículo 150.2, que permite la cesión de facultades "susceptibles de transferencia o delegación". Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional (TC) recortó mucho el margen en inmigración para Catalunya en la sentencia contra el Estatut del 2010. Sentenció que una autonomía podía "participar" en las decisiones sobre inmigración, pero que la titularidad era estatal.
También dejó claro que en materia de inmigración Catalunya podía actuar sólo a través de sus competencias, como los servicios sociales, la sanidad o la educación. Sólo menciona "potestades" en las primeras actuaciones "sociosanitarias" o "de orientación", pero aclara que la competencia exclusiva en la "primera acogida" de migrantes es estatal. Ahora bien, ¿con un TC con mayoría progresista se vería igual si tuviera que abordar un recurso?
