La mayoría de los catalanes defienden restringir el acceso de inmigrantes pero garantizar la igualdad de derechos

BarcelonaBarreras más duras para acceder al país, pero igualdad de derechos para las personas que regularicen su situación. La teoría de la sandía, que predica controles fronterizos exhaustivos, pero derechos más inclusivos para los residentes, parece encajar a la perfección con la opinión de la mayoría de los catalanes. Así queda reflejado en la encuesta del ARA, elaborada por YouGov, que se publica este fin de semana. Un 66% de los encuestados son partidarios de que las condiciones para entrar y establecerse en Cataluña (y, por defecto, en el Estado, que es quien tiene las competencias en inmigración) sean más restrictivas, un porcentaje muy superior a los que opinan que se deben mantener como hasta ahora (17%) o que deben ser incluso más permisivas (9%).

En el interior de la encuesta, los resultados se invierten: un 67% defiende que los inmigrantes que hayan podido regularizarse tengan los mismos derechos que los ciudadanos locales. Hay, sin embargo, un 30% que apuesta por el principio de prioridad nacional: que los inmigrantes tengan los derechos más restringidos. Este principio, que han popularizado los acuerdos autonómicos de PP y Vox y que es uno de los estandartes de la extrema derecha, es mayoritario entre los votantes de Aliança Catalana: un 47% creen que se deben limitar los derechos de los inmigrantes en situación regular y hay un 5% que opina que estos inmigrantes no deberían tener reconocido ningún derecho.

Frenar la inmigración es precisamente uno de los caballos de batalla de la formación que encabeza Sílvia Orriols, que acostumbra a vincular delincuencia e inmigración, especialmente en referencia al colectivo marroquí. Curiosamente, los votantes de Vox están más divididos y un 55% cree que los inmigrantes deben tener los mismos derechos que los locales si tienen los papeles en regla (un 45% defienden limitar o retirarles los derechos, igual que hacen un 47% de los del PP). En todo caso, que es un tema espinoso lo demuestra el hecho de que entre un 20% y un 30% de los votantes del resto de los partidos —con la excepción de los de Comuns— también creen que deberían limitarse los derechos de los recién llegados, aunque estén en situación legal. Una de las propuestas que hay sobre la mesa es la de otorgar derechos por fases, por ejemplo cuando se demuestre un cierto grado de arraigo, que se incluye tanto en los pactos PP-Vox como en el plan de Junts sobre inmigración que, de momento, no ha pasado de la fase de borrador.

Recelos a la regularización extraordinaria

Hasta el 30 de junio hay tiempo para que las personas en situación irregular que lleven al menos seis meses residiendo en el Estado y que no tengan antecedentes penales puedan hacer los trámites para acogerse a la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno español. Hace días que hay largas colas en las oficinas que se ocupan de ello y el ejecutivo estatal ha calculado que unas 500.000 personas se podrán beneficiar. Diversos partidos políticos han puesto el grito en el cielo, empezando por PP y Vox, pero desde Junts tampoco lo ven claro. La encuesta del ARA detecta recelos entre los catalanes: un 42% se posicionan en contra del proceso de regularización; hay un 31% a favor y un 27% que no están ni a favor ni en contra.

La encuesta también pregunta por la opinión respecto a la inmigración ilegal. Un 64% de los catalanes consideran que se debería dar la posibilidad de regularizar su situación siempre que se cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo, la ausencia de antecedentes penales –una obligación que ya se recoge en el proceso iniciado en el Estado–, tener trabajo o familiares a cargo. Un 9% creen que todo el mundo debería poder conseguir los papeles independientemente de su situación; pero un 27% dan apoyo a posiciones más restrictivas: un 9% son contrarios a cualquier tipo de regularización y un 18% opinan que se debería expulsar del país a todos los inmigrantes en situación irregular.

Competencias en inmigración

Otro de los debates políticos que ha copado titulares los últimos dos años es el de la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. Junts lo acordó con el PSOE y Sumar, pero Podemos ha bloqueado la iniciativa en el Congreso argumentando que con estas competencias, "los Mossos harían redadas racistas" y, de momento, no ha movido ficha. Una amplia mayoría de los catalanes (71%) ve con buenos ojos que Cataluña asuma las competencias en inmigración y solo el 18% se oponen.

El capítulo de inmigración es el primero que os ofrecemos de la encuesta del ARA y durante el fin de semana tendréis dos entregas más. En el diario de domingo podréis leer, por ejemplo, cómo quedaría el Parlament en caso de que hoy se celebraran elecciones o quiénes son los políticos más valorados para convertirse en presidentes del Gobierno. El lunes analizaremos la opinión que suscitan los cordones sanitarios a la extrema derecha y os mostraremos las diferencias que hay cuando a los catalanes se les pregunta o bien por Vox o bien por Alianza Catalana.