Bruselas toca el crostón a Sánchez por la "limitada" lucha de España contra la corrupción

BruselasToque de atención de la Comisión Europea a España en plena oleada de casos de corrupción que acosan al gobierno de Pedro Sánchez. Bruselas alerta en el informe anual sobre el estado de derecho de que el estado español ha progresado "poco" o de manera "limitada" a la hora de reforzar las medidas contra conflictos de intereses y de lobby, y de mejorar la transparencia en la declaración de bienes de dirigentes y altos funcionarios. Además, a pesar de que destaca el Plan Anticorrupción impulsado por el gobierno español, lamenta que "la implementación práctica de las normas existentes no ha mejorado".

Por ello, la Comisión Europea insta a España a "impulsar un proceso legislativo" para fortalecer las normas que regulan los conflictos de intereses y las declaraciones de bienes de los altos cargos públicos, y pide que "continúe con el procedimiento en curso" para aprobar una legislación sobre lobis que incluya, entre otros, la obligación de tener un registro público obligatorio sobre las visitas que reciben dirigentes y legisladores.

En cuanto a la amnistía, el informe vuelve a evitar valorarla –tal como ya hizo el año pasado–, se limita a constatar que el Tribunal Constitucional la avala y recoge las dos sentencias de este jueves del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) sobre la ley. Y, en rueda de prensa, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha mostrado su "respeto" al dictamen de Luxemburgo, a pesar de que la Comisión Europea se había opuesto a la amnistía. "Continuaremos atentos a los acontecimientos [de su aplicación]", ha añadido el dirigente comunitario.

Más independencia judicial

Bruselas vuelve a pedir al gobierno de Sánchez que impulse una reforma del sistema judicial que desvincule los mandatos del fiscal general del Estado y el del ejecutivo. Además, la Comisión Europea asegura que las medidas anticorrupción adoptadas en este sentido no se están aplicando en la práctica y le insta a corregirlo para alinearse con las normas europeas sobre autonomía de la fiscalía.

En la misma línea, el ejecutivo comunitario censura que el gobierno español critique a la judicatura española y la acuse de practicar lawfare. "A pesar de que la crítica a las decisiones judiciales forma parte del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar manifestaciones que deterioren la independencia del poder judicial o la confianza pública en la Justicia", apunta el informe.