¿Por qué no se renuevan los cargos del Poder Judicial?

¿Se puede ser equidistante al interpretar el largo bloqueo que sufre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? Y a pesar de este bloqueo, ¿por qué no se cubren los tres mandatos de nueve años ya caducados en el Tribunal Constitucional y al magistrado que dimitió en octubre de 2020? ¿Y no cabe preguntarse lo mismo sobre los miembros del Tribunal de Cuentas cuyos mandatos están vencidos desde el verano? 

Según el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, la culpa es de “la lucha partidista” y de los partidos políticos a secas. Pero bajo el disfraz de chaqué de aparente equilibrio en la ceremonia del Tribunal Supremo, el presidente, que ejerce de okupa del Supremo y el CGPJ desde diciembre de 2018, cuando se debió proceder a la renovación, colocó sus dos principales mensajes. 

Atacó al gobierno al menos en dos flancos: la reforma legal exprés de marzo que impide al CGPJ seguir haciendo los nombramientos que aprobaba Lesmes y su mayoría conservadora en el Consejo como si aquí no ha pasado nada y, asimismo, denunció la justificación dada por el Gobierno para los indultos a los dirigentes independentistas presos. Esto último con el rey Felipe VI a su lado quien firmó los decretos de indulto a pesar de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le llamó a no hacerlo para no hacer de cómplice de Pedro Sánchez, según declaró el día de la manifestación de la plaza Colón contra los indultos. 

Una y otra coz antigubernamental han tratado de diluir las referencias a la “lucha partidista” que bloquea, de acuerdo con la versión equidistante de Lesmes, la renovación. Hay gente que se cree -gente con gran capacidad de autoengaño o simplemente propagandistas peperos - que el bloqueo se explica porque hay un problema de fondo: el sistema de elección. 

Más allá del hecho de que el sistema mixto vigente -propuesta de asociaciones de jueces y decisión del Congreso- se inspira en el sistema del gobierno de José María Aznar modificado o flexibilizado después por Mariano Rajoy, hay un antecedente reciente que permite entender que lo del sistema de elección es el truco del almendruco. Que el problema de fondo es de poder puro y duro. Poder que ostenta el PP, claro, a pesar de haber perdido las elecciones. 

Un acuerdo muerto por una filtración

En noviembre de 2018 el gobierno de Pedro Sánchez representado por la entonces ministra de Justicia Lola Delgado y el equipo de Pablo Casado representado por el ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegaron al acuerdo de renovación. 

El PP estaba de acuerdo en reducir su presencia en el CGPJ a 9 miembros y ofreció 11 miembros a los progresistas de izquierda 11 - PSOE, Podemos y otros- siempre y cuando la presidencia fuera para Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y futuro presidente del tribunal del procés. Catalá contó con Marchena, quien ya había intentado en 2013 sin éxito -por el apoyo de Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE a Lesmes- ser presidente del Supremo y del CGPJ, para lanzar la operación desde su puesta en marcha. 

Pero he aquí que el nombre de Marchena se filtró –la derecha acusa a Lola Delgado- y el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre la base de una explicación que le dio el secretario general del PP, Teodoro García Egea, envió un whatsapp a su grupo -146 senadores- donde explicaba que “con la negociación, el PP tiene 9 vocales + el presidente=10, y el PSOE tiene 11 vocales”. 

Cosidó, de acuerdo con el texto de Egea, añadía: “Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente, gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el Tribunal Supremo y el CGPJ y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0”. 

Y añadía: “Y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la Sala del 61 [sala especial formada por el presidente del TS y los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una para tratar asuntos relevantes]. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde primera línea: Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”. 

Este mensaje hizo explotar el pacto. No fueron las discrepancias técnicas sobre el sistema de elección, si el Congreso y el Senado o los jueces. Lo dicho: el poder puro y duro.