¿Por qué pactar el traspaso de Cercanías está siendo tan o más difícil que la amnistía?

MadridAmnistía, traspaso de Cercanías y sistema de financiación. Son las reivindicaciones que ERC ha puesto sobre la mesa de negociación con el PSOE para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. La primera supone todo un desafío para el sistema jurídico español y tiene buena parte de la cúpula judicial, de la derecha política y mediática e incluso del PSOE y, por motivos opuestos, del independentismo, en contra. Y, sin embargo, es la que más ha avanzado desde que empezaron las negociaciones. Tanto que desde ERC incluso la dan "por supuesto" –en palabras de Oriol Junqueras– si el líder socialista quiere asegurarse los votos independentistas que le permitan mantenerse en el Palau de la Moncloa. Fuentes republicanas admiten que la amnistía es una de sus máximas prioridades y reconocen que será difícil hacer ceder al PSOE más allá. También sitúan la carpeta de Cercanías como "imprescindible", aunque lleva años arrastrando y podría volver a atascarse sin que necesariamente tenga que hacer tambalear el acuerdo global para la investidura.

Pero por qué es tan difícil de pactar? Aceptar la reivindicación independentista implica que el gobierno español ceda recursos e infraestructuras que están en manos del Estado. El traspaso "integral" significaría que la Generalitat gestionaría el dinero que se paga a Renfe por el servicio y, además, que pasaría a ser la titular de las vías, las catenarias y estaciones –propiedad de Adif– y de los trenes y el personal –que son de Renfe–. Fuentes de ERC achacan la reticencia del gobierno español a que supondría una cesión de soberanía. Ahora bien, no es sólo el gobierno español quien se opone, los trabajadores de la operadora han amenazado con huelgas si se culmina el proceso.

¿Cuál es la versión del Estado? El ministerio de Transportes asegura que no es viable ceder toda la infraestructura a la Generalitat Concretamente, la parte de las vías consideradas por la ley ferroviaria "de interés general". Son las que conectan distintas comunidades autónomas y las que llegan a otro estado. En el caso de Cataluña, las que llegan a Francia, Aragón y la Comunidad Valenciana. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dicho reiteradamente que las vías que se podrían traspasar son "muy residuales" y ha defendido que el traspaso integral que pide el Gobierno "no se puede hacer" por un tema "de operatividad y complejidad" .

Otro escollo es el traspaso económico. La Generalitat estima en unos 300 millones anuales el déficit de explotación –la parte del coste del servicio que no se sufraga con la venta de billetes y que deben pagar las administraciones–. Si el dinero que debe recibir Renfe pasa primero por las manos del Gobierno, se incrementa el poder de decisión sobre el operador. En noviembre del 2021, durante la etapa de JxCat en Territori, la conselleria y el ministerio pactaron que se encargaría un estudio de la cantidad a traspasar. gobierno español estaba "orientado" y había predisposición a encontrar una forma de avanzar en el traspaso –el PSC planteó una moción en el Parlament que defendía un traspaso aunque con matices, por el que este viernes ha vuelto a apostar–. Con la salida de JxCat del Govern las mismas fuentes explican que se enfría la relación y el grupo de trabajo para abordarlo, pactado a finales del 2021, deja de reunirse. La ministra de Transportes acordó en septiembre con la actual consejera republicana, Ester Capella, reactivarlo, pese a que ahora son el PSOE y ERC quienes lo están negociando.

Una ventana de oportunidad

En este sentido, fuentes republicanas sostienen que el hecho de que la negociación esté ligada a la investidura abre una ventana de oportunidad para conseguirlo. En este sentido, Cercanías se ha convertido en un reclamo electoral de ERC. El tema centró gran parte de su campaña del 23-J y el Govern ha denunciado desde entonces en múltiples informes las incidencias del servicio.

Si se desbloqueara, se lograría rematar un traspaso que se arrastra desde la aprobación del Estatut del 2006, que abrió la puerta. No es hasta 2009 que se pacta un traspaso parcial entre el ejecutivo español liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y el tripartito, presidido por el también socialista José Montilla. El Estado cede al Gobierno la titularidad del servicio. Es decir, el control de horarios y tarifas. Los sucesivos gobiernos catalanes lo han considerado una cesión envenenada, que origina parte de los problemas actuales. uno y otro. Está pendiente desde 2011, en el que se considera un vacío legal que ha generado que haya sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien haya resuelto este octubre cómo compensar las mejoras realizadas en la red. El Gobierno defendía que el Estado era quien debía hacerse cargo. El TSJC sentenció que recayera sobre la Generalitat.

El Gobierno de coalición ERC-Junts apostó en la negociación con el PSOE para que fuera Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) quien se fuera haciendo cargo progresivamente de las líneas de Cercanías. Fuentes del actual departamento rechazan tratar una futura puja con apriorismos, pero defienden tener ya la capacidad de decidir qué operador se hará cargo de las líneas. La legislación europea obligará al Estado a cederlo a las autonomías de cara al 2033 sin que ello implique un traspaso de infraestructura.