La brecha del pacto antifascista del Parlament

BarcelonaDesde que en abril del 2021 la extrema derecha logró representación en el Parlament, PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP mantienen un pacto en el que se comprometen a aislar a Vox –y ahora también a Aliança Catalana– para "no normalizar ni legitimar" su acción política. El pacto antifascista dice que los firmantes no aceptarán los votos de estas formaciones y que no se les otorgará presencia en los órganos de gobierno del Parlament. También asegura que se "evitará" hacer prosperar iniciativas de estas formaciones. Ahora bien, con las mociones (los textos que carecen de rango de ley) el pacto queda en papel mojado por el funcionamiento de la cámara.

Es lo que ocurrió con el texto de Aliança Catalana de hace pocos días que pedía prohibir todos los tipos de velo islámico en los espacios públicos. La formación de extrema derecha presentó una moción en la que justificaba pedir esta prohibición con afirmaciones como que "el islam es incompatible con los valores occidentales". Una moción que llegó al pleno con el visto bueno de la mesa, formada por Junts, ERC y el PSC, y que la junta de portavoces, configurada por un representante de cada partido del hemiciclo, el presidente del Parlament y un secretario general, también avaló que saliera adelante.

Según explican fuentes de la mesa, este órgano "no hace valoraciones del contenido" de los textos que se presentan. La mesa "no es un elemento censor" en la cámara, apuntan, sino que se dedica a gestionar trámites, y si el trámite está formalmente bien hecho, el texto se acepta a debate sin mayor discusión, detallan. Las mismas fuentes advierten que, si la mesa entrara a valorar el contenido, se podría entrar en una espiral de censura, porque la línea entre lo que debe debatirse y lo que no a veces es muy fina", dicen.

El filtro de la junta de portavoces

Quien sí tiene potestad para incluir una proposición de ley –o no– en el orden del día es la junta de portavoces. La pasada legislatura, Vox denunció ante el Tribunal Constitucional que sus iniciativas quedaban paradas "de forma sistemática" antes de llegar al hemiciclo, y fuentes del partido aseguran que en la legislatura actual sigue siendo así. Según las fuentes jurídicas consultadas, la no admisión de estos textos podría justificarse si se considera que el contenido vulnera derechos humanos o incita al odio, pero seguramente habría que analizarlos caso por caso. Entonces, ¿por qué no se detuvo –o se planteó detener– el texto de Aliança Catalana? Porque se trataba de una moción y no de una proposición de ley.

Las mociones son textos que presentan los partidos y que derivan de una interpelación previa al Gobierno. Por tanto, es una especie de cadena automática que la junta de portavoces no rompe. Son textos que buscan que el Parlamento exprese un posicionamiento o inste al ejecutivo a actuar en algún ámbito en concreto. Y así como la junta de portavoces tiene potestad para decidir el orden del día y qué proposiciones se admiten a debate, en el caso de las mociones, los grupos tienen derecho a presentarlas más libremente.

Aunque esto supone una brecha en el pacto antifascista que da vía libre a las formaciones de extrema derecha para agitar el debate en la cámara, por ahora no se prevé realizar ningún cambio en este sentido, y menos después que hace unos meses el Parlament reorientara la estrategia de confrontación con Aliança Catalana y Vox. El pacto antifascista en el ámbito de las votaciones y los órganos de gobierno sigue vigente, pero si hasta julio pasado la dinámica era cortar las intervenciones de estas formaciones en el pleno cuando estigmatizaban y denigraban a colectivos vulnerables, ahora la cámara lo ha dejado de hacer para evitar que la extrema derecha se presente como víctima de censura. En este sentido, fuentes de la mesa aseguran que no se ha estudiado ninguna vía que permita vetar las mociones con similar contenido.