La secretaria general del Parlament no informó que su hijo optaba a una plaza de ujier

BarcelonaJan Forner recibió el pasado martes una plaza interina de ujier sin que la mesa del Parlament supiera que era el hijo de la secretaria general de la cámara, Esther Andreu. Un hecho, avanzado este jueves por EFE, que vuelve a poner en el punto de mira a la máxima jefa de la administración parlamentaria: no advirtió al órgano rector de la cámara de que podía tener un eventual conflicto de intereses con el proceso de selección de una bolsa de trabajo de ujieres para cubrir vacantes durante los ejercicios 2022 y 2023. En un comunicado difundido por los canales de prensa del Parlament, la secretaria general niega, en cualquier caso, que haya participado directamente o indirectamente en el proceso de selección.

"Cuando el director de gobierno interior, a propuesta del Consejo de Personal, planteó la conveniencia de constituir una bolsa de ujieres y una bolsa de administradores parlamentarios, la secretaria general accedió a convocarlas y ya desde aquel momento manifestó que, dada la carga de trabajo, se inhibía de cualquier participación en el proceso selectivo, tanto en la redacción de las bases como en la selección de los candidatos, como así fue", argumenta en el comunicado. Es decir, justifica que no participó en ninguna fase del procedimiento desde el 23 de noviembre, cuando se publicó la convocatoria, y que por este motivo ya no dijo nada.

Ahora bien, las bases de la convocatoria del concurso sí que otorgan un rol a la secretaria general: ser miembro de la comisión de la evaluación técnica -el tribunal calificador- que selecciona a los aspirantes, junto con el director del gobierno interior y un funcionario especializado. Con la opción, no obstante, de delegarlo en alguien otro. Andreu optó por esta última opción el 23 de diciembre: no fue la secretaria general quien intervino en la calificación, sino que lo delegó en otra persona, la jefa de Infraestructuras, Maria Beascoa Amat, que evaluó al hijo de Andreu junto con Ferran Domínguez (director de gobierno interior) y Montserrat Bermudo Ferrer, funcionaria especializada. Un tribunal que validó la mesa del Parlament, que está asesorada en todo momento por la secretaria general.

La situación pone en entredicho el deber de los funcionarios públicos de abstenerse de los procesos en caso de que puedan tener intereses y varias fuentes parlamentarias cuestionan la ética de Esther Andreu. De hecho, Esquerra, la CUP, los comunes y Ciutadans han pedido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que aclare lo que ha pasado. La ley del sector público, en su artículo 23, dice que las autoridades y el personal al servicio de las administraciones "se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato" cuando haya "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado" con alguno de los interesados. Según fuentes consultadas por Efe, desde Presidencia indican que Borràs conoció a posteriori esta relación familiar y confirman que no se informó al resto de los miembros de la mesa, si bien defienden que Andreu no tomó ninguna decisión en relación con esta selección de personal interino.

El episodio se suma a una situación ya delicada para la secretaria general, que ya ha sido cuestionada por su gestión en las licencias por edad, por la obstaculización de los procesos de transparencia y la retirada del escaño de Pau Juvillà.