El Parlament saca adelante su presupuesto sin acuerdo sobre el sueldo de los diputados

BarcelonaDesde 2015 en el Parlament hay un debate abierto sobre el sueldo de los diputados, y en seis años no se ha conseguido resolver. ¿Cuánto tienen que cobrar los parlamentarios? Ahora mismo cada uno de los miembros de la cámara tiene un sueldo fijo, al cual se suman unas llamadas indemnizaciones –de menos o más cuantía según el lugar de residencia–, que teóricamente van destinadas a gastos de desplazamiento. Pero este dinero se cobra tanto si hay movilidad como si no, y además están exentos –de acuerdo con la ley estatal– del impuesto de rentas de trabajo (IRPF). Esta situación en algunos casos propicia que un diputado raso de fuera de Barcelona pueda cobrar casi la mitad del sueldo libre de impuestos. Ante esto, en 2015 se acordó que progresivamente se incorporaría la parte de indemnización en el sueldo fijo para que tributara –se ha hecho en pequeñas partes en 2018 y 2019–, pero ahora desde la mesa del Parlament que preside Laura Borràs se plantea un cambio del sistema salarial para que lo tribute todo. La propuesta implica incorporar las indemnizaciones en el salario y que, por lo tanto, también paguen IRPF. Ahora bien, sin que los diputados pierdan poder adquisitivo, de forma que en la práctica implica un aumento de su sueldo bruto para que quede el mismo importe que ahora una vez descontados los impuestos. Sobre esto no hay acuerdo: la CUP y los comuns se oponen.

Así ha quedado patente este jueves en el debate sobre los presupuestos del Parlament: ha salido adelante el proyecto de cuentas para 2022, que prevé un incremento de los gastos de personal para poder asumir económicamente esta reforma, pero sin acuerdo sobre cuál tiene que ser el sistema de retribución de los diputados. Alba Vergés, vicepresidenta de la cámara y encargada de los temas económicos, ha justificado el incremento de las cuentas –un 4% superior al año pasado, hasta los 65,5 millones– para poder asumir la reforma del sistema salarial si hay acuerdo. Ha constatado que no hay consenso sobre esta cuestión, pero que el presupuesto necesariamente tiene que prever el incremento por si acaso se llega a un pacto. "Es un máximo" de gasto, ha justificado. El capítulo de remuneraciones de personal de las cuentas sube hasta los 41,3 millones de euros: 11,1 millones destinados a la retribución de los altos cargos –es decir, de los diputados–, 4,2 a la del personal eventual y 18,9, la más alta, a la de los funcionarios de la cámara. El resto de capítulos de las cuentas tienen que ver con gastos corrientes, de conservación y otras inversiones.

Además de esto, Vergés ha destacado la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos –se ha contabilizado la brecha salarial– y de los objetivos de la Unión Europea de sostenibilidad de la Agenda 2030.

Durante el debate en el pleno, la CUP y los comuns han expresado su desacuerdo con el cambio de modelo salarial. El diputado de la CUP y secretario de la mesa Pau Juvillà ha denunciado que la nueva propuesta puede convertirse en una "subida de sueldo por detrás", y en lugar de esto ha pedido una reducción del salario de los diputados, porque ya cobran "una pasta". El cupero ha puesto de manifiesto que el salario medio de las mujeres en Catalunya es de unos 23.000 euros y el de los hombres de 29.000, de forma que cree que se tiene que tender a tener el mismo salario en la cámara. Ahora, ha recordado, los diputados giran alrededor de los 70.000 euros al año de media.

La izquierda anticapitalista está de acuerdo con que las indemnizaciones empiecen a tributar, pero quiere que sea cada diputado quien asuma el IRPF. Es decir, que se rebaje el poder adquisitivo de los parlamentarios. "No queremos que el IRPF lo acaben asumiendo el Parlament y el resto de ciudadanos", ha denunciado Juvillà. De hecho, ha recordado que la legislatura pasada ya habían propuesto que se bajara un 14% el salario de los diputados.

Los comuns también se han expresado en la misma línea. La diputada Susana Segovia ha dicho que no ven clara la propuesta de cambio del sistema salarial y ha pedido hablar más entre los grupos parlamentarios. En todo caso, también se ha mostrado favorable a regularizar la parte del sueldo que ahora son indemnizaciones y no tributan.

Vox, a su vez, ha votado en contra porque el presupuesto global prevé un aumento de gasto e incorpora la agenda "progre", en sus palabras, de la Unión Europea.

La propuesta, en debate

Hoy el sueldo base de un diputado raso es de 2.921,82 euros. A esta base se le tienen que sumar complementos de representación en función del rol: la presidencia del grupo tiene 2.936,30 euros más, un portavoz cobra un complemento de 2.803,12 euros, y un presidente de una comisión parlamentaria 732,58 euros adicionales. Y, además, existen las indemnizaciones por gastos de viaje y desplazamientos, que no tributan: los diputados que son del área metropolitana cobran 16.975,5 euros anuales más libres de impuestos por este concepto; los parlamentarios que viven en municipios a 80 km del área metropolitana, 22.070,76; los de entre 81 y 190 km, 23.694,48, y los que residen a más de 191 km del área metropolitana, 23.895,12 euros al año.

La nueva propuesta de la mesa para reformar el sueldo es incorporar la indemnización en el sueldo fijo para que empiece a pagar IRPF, pero sin perder poder adquisitivo. Es decir, que en la práctica habría un aumento del salario bruto que asumirían los presupuestos públicos del Parlament –se calcula que supondría entre uno y dos millones de euros más de presupuesto.

Ahora bien, no todos los diputados consolidarían en el sueldo la indemnización que ahora cobran. Según fuentes parlamentarias, se incorporaría el importe en el sueldo fijo que ahora cobra un diputado de dentro del área metropolitana: 16.975,5 euros anuales, que se sumaría al salario básico mensual de 2.921,82 euros. Es decir, los parlamentarios que son de un municipio de más de 190 km de Barcelona no consolidarían la cifra de 23.895,12 euros anuales extras en su sueldo. Sumarían alrededor de 16.975, y para cobrar gastos de desplazamiento los tendrían que justificar. Esto supone, según las mismas fuentes, que si no van al Parlament un mínimo de tres veces a la semana perderían dinero.

Por este motivo la oposición a la propuesta de la mesa de Parlament no solo viene de algunos grupos parlamentarios –la CUP y los comuns–, sino también de los diputados de fuera de Barcelona de todos los partidos. La opinión que tienen los parlamentarios varía en función del punto de residencia, y esto hace que dentro de cada grupo haya posiciones diferentes: los de municipios que no son del área metropolitana tienden a estar en contra de esta reforma porque en función de cuál sea su día a día laboral pueden acabar con un sueldo más bajo que el actual.

Con todo esto, fuentes próximas a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, explican que la mesa se da un margen de tres meses, hasta enero de 2022, para intentar llegar a un acuerdo –pronostican que acabará siendo un punto intermedio entre la opinión de todos los grupos– y resolver de manera definitiva un debate que hace muchos años que se arrastra en el hemiciclo.