Los diputados reforman su sueldo para limitar las dietas que no tributan
Desde 2015 se han traspasado a la parte fija del salario dos pequeñas partes de las indemnizaciones
BarcelonaLas dietas o indemnizaciones de los diputados del Parlament son un debate recurrente en cada legislatura. El hecho de que más allá de una retribución fija -que cotiza- los parlamentarios cobren también diversas variables libres de impuestos en función de la distancia que hay entre su domicilio y el Parlament y el rol institucional que ocupan -si son presidentes de grupos, portavoces o tienen cargos en la mesa o en alguna comisión- es un privilegio que en tiempo de crisis genera suspicacias. Desde la reforma del reglamento del año 2015, sin embargo, los diputados catalanes se comprometieron a afrontar un debate espinoso: reformar su salario para reducir la parte de dietas que no tributan a Hacienda. Así, en 2018 y 2020 una parte pequeña de este tipo de indemnizaciones por desplazamiento ha pasado a incorporarse a la parte de salario que sí cotiza, y este 2021 la mesa debate si se sigue en la misma línea o se hace un cambio más amplio manteniendo las dietas pero condicionándolas a una serie de requisitos.
Vayamos por partes. El cobro por concepto de “indemnización por gastos de viaje y desplazamientos” es una cantidad que perciben los diputados por el ejercicio de sus funciones y que tiene el objetivo de afrontar gastos derivados de su actividad. La polémica tiene una doble vertiente: que no hay nadie que controle los desplazamientos de los diputados y su asistencia al Parlament para vincularlo al cobro de estas indemnizaciones; y que la ley estatal sobre el impuesto de rentas de trabajo deja exento de tributación el capital que se cobra por este concepto.
La asignación cambia en función del lugar de residencia: ahora un diputado que vive dentro del área metropolitana cobra 16.975,56 euros anuales por desplazamientos, mientras que el que reside a 80 km de Barcelona cobra 22.070,76. La cifra se incrementa algo más en el caso del que vive en municipios situados a entre 81 y 190 km de la capital (23.694,48 euros al mes) y los que están a una distancia superior a 190 km (23.895,12). Esta cifra era unos 4.000 euros más alta para cada una de las situaciones geográficas ahora hace tres años. En un acuerdo del 23 de mayo de 2017 se aprobó reducir el importe anual de las indemnizaciones un 7,14% cada año hasta el 2019 e incorporarlas a la parte fija del sueldo sin “pérdida de poder adquisitivo” para los diputados. ¿Cuál es el problema? Que para mantener el poder adquisitivo actual de los diputados se tendría que aumentar de forma considerable el pago fijo para que, una vez descontado el IRPF, no se vieran perjudicados por el cambio de sistema salarial. Es decir: en la práctica se tendrían que subir el sueldo.
La decisión se derivaba de la reforma del reglamento de dos años antes, en 2015, que estableció que las indemnizaciones a las que tenían derecho los diputados tenían que ser objeto de una “reducción gradual y progresiva” para que fueran incorporadas a la asignación fija del sueldo. La mesa, sin embargo, tenía que decidir los detalles.
En 2018 se puso en práctica por primera vez y hubo otra modificación en 2020. Antes de estas modificaciones un diputado raso de un municipio a 80 km de Barcelona cobraba 2.871,57 euros sucios al mes con una indemnización de 26.083,59 euros al año y ahora tiene un salario fijo de 2.921,82 euros sucios con una indemnización de 22.070,76 euros anuales. Por lo tanto, se han reducido mínimamente las dietas (que no tributaban) para aumentar la parte fija del sueldo (que sí cuenta como renta del trabajo). Otro ejemplo: un presidente de grupo de dentro del área metropolitana antes cobraba 5.757,37 euros al mes con una indemnización de 20.061,99 euros y ahora percibe 5.858,12 al mes de parte fija con 16.975,56 de indemnización al año. Esto significa que, respecto a los años anteriores, en el primer caso pasó a pagar 488,70 euros más al mes en IRPF, y en el segundo, 375,88.
En cuanto a la presidencia del Parlament, ahora ostentada por Laura Borràs, percibe 7.931,18 euros de sueldo fijo mensual, más 1.592,58 euros de complemento de representación y, anualmente una indemnización de 16.975,56 euros al año, puesto que vive en Barcelona. El anterior presidente de la cámara y ahora conseller de Empresa, Roger Torrent, que residía en Sarrià de Ter, cobraba 23.895,12 cada año por indemnización de desplazamientos. Hasta ahora, pues, quien ha ocupado la presidencia de la cámara ha mantenido las dietas de viajes y otros gastos asociados al cargo a pesar de disponer de coche oficial. Esto representa una diferencia respecto a los consellers con acta de diputado, que renunciaron a ello.
Sistema similar en el Congreso
El sistema de sueldos en el Parlament es el mismo que en el Congreso, puesto que ahí un diputado raso cobra una cantidad fija de 3.050,62 euros; un complemento de representación -1.890,98 para ser portavoz con 1.006 euros de gasto de libre disposición-, y 1.959,62 euros al mes por dietas, libres de tributación, para los que no son de la circunscripción de Madrid (935,37 euros si son de la capital). Ahí, sin embargo, el debate sobre las dietas de desplazamiento no está tan presente y solo se produjo con intensidad durante el estado de alarma, cuando los diputados siguieron cobrando por este concepto a pesar del confinamiento. En el Parlament pasó lo mismo hasta que se decidió dar esta parte del sueldo a la lucha contra el coronavirus.
