¿El Parlament puede suspender a Joan Ignasi Elena?

BarcelonaLa adjudicación de contratos a dedo bajo sospecha en Altafulla con varios políticos imputados vuelve a poner bajo el foco al Parlament. ¿Por qué? Una de las personas que están imputadas en el caso es el actual diputado de ERC y exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, que este lunes ha declarado como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Elena se ha desvinculado de cualquier movimiento ilegal en un asunto que la defensa ve como meramente administrativo. De hecho, Elena defiende su trabajo y honestidad, y niega el relato acusatorio que ha desembocado en la imputación. Por eso, espera que se archive. Ahora bien, si la imputación deriva en la apertura de juicio oral, tal como pasó con la expresidenta del Parlament Laura Borràs en 2022, volverá a poner a la cámara en la encrucijada de suspender a un diputado por un caso de presunta corrupción. ¿Qué dice el reglamento? ¿Se ha cambiado, tal como se prometió?

los diputados Josep Maria Jové y Lluís SalvadóJunts defendió esta reforma, pero la que se llevó a cabo en 2024, que permitió el voto telemático y blindar el caso de los exiliados, guardó en un cajón un asunto que podría provocar la suspensión de Elena. El artículo 25.4 del reglamento lo deja claro: "En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la mesa del Parlament, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de él, deberá acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".

Esto hace que todavía a estas alturas no esté sobre la mesa de la mesa esta cuestión porque supone adelantar escenarios y el juez puede optar por no enviar a juicio la causa. Pero si sucediera, a priori Elena sería suspendida. Ahora bien, los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en noviembre de 2022 fueron enviados a juicio por un delito de malversación por la causa del Procés y la mesa rechazó suspenderlos porque entendía que había persecución política. La diferencia es que en el caso de Borràs ERC rechazó el relato de lawfare que promovía Junts, mientras que coincidieron meses después por el caso de Jové y Salvadó. Por lo tanto, la mesa siempre es quien tiene la última palabra.

¿Qué han declarado Elena y Herrera?

Elena y Herrera están investigados en una causa en la que también están imputados el exalcalde de Altafulla Fèlix Alonso Cantorné (Comuns) –imputado en el Supremo porque es diputado en el Congreso– y el exconsejero de Iniciativa Salvador Milà –investigado en el Vendrell en una ramificación del caso–. En el ojo del huracán está la supuesta prevaricación por favorecer contractualmente a los expolíticos desde el consistorio, con cooperación de los beneficiados.

En su declaración como imputado, Elena ha alegado que no tiene "ningún vínculo político" con el exalcalde investigado por el Supremo por el mismo caso, Fèlix Alonso, al que "no conocía", según fuentes jurídicas presentes. Su defensa señala que Antifraude no encontró delito y que prórrogas excesivas son habituales en ayuntamientos. También han calculado la responsabilidad contable en caso de falta administrativa por parte del Ayuntamiento y sería de solo 600 euros por el beneficio industrial.

Así, consideran todo ello una mera "carencia administrativa" por una prórroga mal hecha por parte del consistorio en la finalización del contrato –ya no se podían conceder más contratos menores y había que ir a concurso al filo del año, no ir prorrogando como se hizo–. Según fuentes consultadas, Elena ha reiterado que no ha querido nunca "incumplir la legalidad" y ha defendido su trabajo de asesoramiento jurídico y urbanístico, desligado de la política desde 2014 hasta 2021. De hecho, a ojos de la defensa, el cambio de rasante sobre los hechos que se están investigando se produce con el cambio de gobierno municipal en Altafulla, que dejaron de pagar algunas facturas para sacar "rédito político".

Por su parte, Herrera, que se ocupaba del área de energía, se ha desvinculado de lleno de las acusaciones y ha dicho que cuando se produjo la prórroga no formaba parte de la sociedad, que dejó en julio de 2018. Cuando la integraba tampoco se encargaba de esta área concreta, sino que solo era "administrador formal".

El Ayuntamiento de Altafulla ha sido un nido de denuncias últimamente. Ahora bien, han sido las imputaciones por presunta corrupción las que han trastocado el consistorio. Según el tribunal, los contratos "exigirían una licitación pública basada en el respeto a la transparencia y al tratamiento igualitario y no discriminatorio entre los licitadores", según consta en la resolución de finales de mayo firmada por los magistrados Maria Eugènia Alegret, Jesús María Barrientos y Carlos Ramos. Todos los implicados habrían cooperado para los beneficios económicos comunes, algo que los investigados niegan.