El pecado original del ministro Puente
MadridQuisiera creer que en cuanto a su forma de concebir la participación en la vida política, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no será lo mismo después de las experiencias que está teniendo estos días. El acto más solemne y digno por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida tuvo lugar el pasado jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín, de Huelva. En ese funeral de estado lo más importante fue la intervención de Liliana Sáenz, hija de una de las víctimas mortales. "Somos las familias [ahora ya 46] que lucharán por saber la verdad", dijo, por subrayar el sentido y el propósito de sus palabras. "Solo la verdad –añadió– nos ayudará a curar esa herida que nunca se cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio".
Presidieron el acto los reyes de España, con ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El parlamento de Sáenz fue muy aplaudido por los presentes, 4.350 personas que apoyaron a las familias de las víctimas. Horas antes, en el Senado, el ministro Óscar Puente fue recibido por los parlamentarios del PP con griterío y peticiones de dimisión. El contraste entre el ambiente de estos escenarios es lógico, pero la coincidencia en una misma fecha es menos. Debemos considerar positivo, en cambio, el ritmo con el que han avanzado las investigaciones sobre la tragedia de Adamuz, que sustancialmente están poniendo de manifiesto la existencia de un deficiente mantenimiento de las vías en el tramo del accidente.
El ministro de Transportes ha sabido estar en su sitio, ha dado la cara, pero eso no ha garantizado la claridad de sus mensajes. Decir que la línea entre Madrid y Sevilla había sido objeto de una "renovación integral" no supone una definición capaz de alejar las dudas sobre el alcance de los trabajos realizados y su eficacia. Las reservas que puedan provocar este tipo de explicaciones son aún mayores debido a que Puente se mostrara contrariado por las declaraciones del jefe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón. Entre otras cosas, Barrón había dicho que "el ferrocarril español tiene aspectos muy positivos", destacando "la red de alta velocidad, el aumento de viajeros […] pero está pasando un momento delicado no por el accidente, sino por las incidencias", por lo que hace falta plantearse la cuestión.
En declaraciones a la revista del Colegio de Ingenieros, el presidente de la CIAF no se quedó aquí. Añadió que Adif tiene "un inmenso desequilibrio dentro de su propia organización, porque está destinando millones de euros a construir obra nueva ya la vez manteniendo y operando una red en la que no se ha hecho todo lo que había que hacer". "Debemos interiorizar el mantenimiento", dijo para ser aún más explícito, haciendo referencia a "una frase célebre que dice que los mantenimientos no se inauguran y otra que dice que las mercancías no votan", lo que –dijo– "nos da idea de cómo se está enfocando el negocio". Y en otras declaraciones dijo que escuchado al ministro sobre la "renovación integral" del tramo del accidente, "todos creíamos que se había hecho una remodelación integral, y no ha sido así".
El papel de Puente
Por su parte, Puente explicó en el Senado que "renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla; es impensable". También dijo que no entendía "la obsesión por que sea la soldadura o sea el carril". Y acabó añadiendo sobre Cercanías que el mantenimiento necesita más recursos y "una aproximación distinta". Ya se ve que Transports ha tenido que aceptar como obligada la asunción de responsabilidades políticas por la situación de esa red. La Generalitat ha hecho bien en reclamarlo, y el ministerio de no oponer resistencia.
Sin embargo, el cese de un alto cargo de Renfe y otro de Adif no soluciona el problema. Por otra parte, el ministro no tiene nada de qué extrañarse por la contundencia con la que la oposición le está tratando por la crisis ferroviaria. Es en parte el precio por su propio estilo. Le costará aceptarlo, pero su pecado original es el gusto por la fácil descalificación, la bronca y el enfrentamiento agrio y desconsiderado. Si ahora levanta recelos y se le niega credibilidad es porque recoge lo que ha sembrado, en forma de efecto boomerang. Lo que no tiene sentido es que el PP haya querido comparar la situación con el accidente del 2013 en la curva de A Grandeira, cuando ahí el factor esencial para explicar la tragedia fue la existencia de un grave error del maquinista. Por otra parte, Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero, mientras que en aquella ocasión Rajoy no dio explicación alguna al Parlamento.
El gobierno mira a Junts i Podem
Esta función, la de control del gobierno, es una de las funciones básicas de toda asamblea parlamentaria. Pero hay otra, la de construir. Y aquí no vamos bien. Se podrá recuperar la revalorización de las pensiones. Sin embargo, la jugada de incluir esta medida en un decreto ómnibus no podía prosperar, en esta ocasión. No es por ese camino que se conseguirá aumentar la confianza en el Congreso y el Senado. Gobernar por decreto no es una buena propuesta, ni el mejor sistema para combatir los efectos de la fragmentación del Parlamento español. Hay que decir, sin embargo, que todo el mundo ha abusado de ello. Entre 1996 y 2020, por ejemplo, se aprobaron en el Congreso 463 decretos leyes. Resulta más aconsejable trabajar en busca de acuerdos, incluso en la modalidad más compleja, que es la de jugar a varias bandas. Lo han hecho ahora los socialistas, y han logrado avances paralelos repartiéndose cartas con Podemos y Junts.
Los podemitas habían dicho por boca de Ione Belarra que los postulados de Junts en materia de inmigración son "racistas". El hecho de que el gobierno haya sacado adelante negociaciones con Podemos por un lado y con los junteros por el otro sobre este capítulo es inteligente, aunque de resultado incierto. Habrá que comprobar hasta dónde llega la flexibilidad de Belarra y compañía, porque quieren cambios sobre los textos acordados por los socialistas con Junts. La portavoz de esta formación, Miriam Nogueras, ha dicho que no se aceptará modificar el contenido de los artículos pactados, mientras que en Podemos explican que no se conformarán con que se retoque el preámbulo. Si saben lo que les conviene a todos, deberían cerrar un acuerdo.