MadridEl intento del polémico juez Juan Carlos Peinado por apretar el círculo sobre Pedro Sánchez se ha cobrado una nueva víctima: el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. En un auto firmado este lunes, el instructor del caso Begoña Gómez eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Bolaños por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falso testigo. Todo ello por el nombramiento de Cristina Álvarez, una asesora de la Moncloa que trabajaba como asistente para la esposa de Pedro Sánchez. Le atribuye la responsabilidad de su designación en la época en la que era secretario general de la Presidencia del gobierno español. Bolaños compareció esta tarde ante los medios para expresar su "tranquilidad total" ante la decisión del juez, pero también la "preocupación por la imagen de la justicia" que deja esta resolución.
"Es una buena noticia por la justicia de que el Supremo se pueda pronunciar sobre esta instrucción y la exposición motivada. Un Supremo profesional que adoptará una decisión justa y ajustada a los hechos", vaticinó Bolaños. El ministro ha evitado calificar de prevaricación la decisión, si bien que la Moncloa enmarca este caso en el lawfare es conocido ya. Básicamente, que es una "causa política", reiteran fuentes gubernamentales. La Moncloa espera que el Supremo "ponga orden" y que Peinado vuelva a recibir un correctivo como los que en más de una ocasión ha recibido ya de la Audiencia Provincial de Madrid.
El auto de Peinado está lleno de erratas y contiene un error especialmente destacado cuando resume la declaración como testigo de Bolaños. Explica que el exministro coincidió con Gómez y Álvarez en dos o tres ocasiones: "Alguna estaba en un acto político de presentación de la candidatura del presidente del gobierno español para las elecciones generales de 2019 (...) La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Gómez", escribe el juez, de referencia el traspaso del pasado año.
La tensión Bolaños-Peinado
El delito de falso testigo atribuido a Bolaños sería supuestamente por haber faltado a la verdad cuando declaró sobre el caso el pasado 16 de abril. "Ha omitido, con reticencias maliciosas, las correctas respuestas, que respondieran a la verdad, que conocía cuando se le hicieron las preguntas como testigo y bajo juramento", concluye Peinado en el texto. De hecho, cuando se hizo público el audio de la declaración, ya pudo constatarse la tensión entre el juez y el ministro. "No sé a qué obedece que esbose usted una sonrisa", le espetó Peinado. "Me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa", le contestó él. "No me conteste con evasivas", se devolvió el juez.
El magistrado quería que Bolaños le explicara quién era la persona responsable de nombrar a Álvarez como asistente de Begoña Gómez y llegó a suspender el interrogatorio para que el ministro se asegurara. Por último, dio el nombre de Raúl Díaz como la persona de quien dependía Álvarez en tanto que responsable de la administración y de la coordinación del personal de los edificios Palau y Consejo de Ministros en el complejo de la Moncloa. Y a él le habría nombrado el vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González, quien a su vez le designó el propio Bolaños. Peinado atribuye el falso testigo al ministro por el hecho de que Raúl Díaz, posteriormente, negó haber nombrado a Álvarez, aunque sí admitió que esta trabajadora dependía jerárquicamente. "Por tanto, la exposición motivada se erige sobre una respuesta que el ministro no dio", se queja el entorno de Bolaños.
"Ha podido participar directamente en el nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido o controlado las tareas que realizaba, percibiendo sus retribuciones de una partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado", sostiene Peinado. Ésta sería la pata para atribuirle el delito de malversación de fondos. El juez cuestiona que se dediquen fondos públicos a la contratación de Álvarez para realizar tareas que no responden a actos públicos de Gómez como esposa del presidente, sino a actividades privadas.
La decisión del Supremo
Como miembro del gobierno español, Bolaños está aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que será el alto tribunal quien deberá resolver sobre esta propuesta de Peinado. Concretamente, la sala de admisiones es la que se encarga de estudiar si acepta la exposición razonada y nombra a un juez instructor. Habrá que ver si los magistrados que la componen -Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, Ángel Hurtado y Leopoldo Puente- asumen la tesis del juez madrileño. En caso de que así sea, tendrá como imputados al fiscal general del Estado, al ministro de la Presidencia y al hasta hace poco mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, al caso Koldo-Ábalos. Es decir, prácticamente todo el círculo más cercano del presidente del gobierno español.
"Llueve sobre mojado", ha reaccionado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una vez conocida la noticia. En declaraciones a los medios tras participar en un acto del diario ABC, ha afirmado que el gobierno español tiene "demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más". Sin embargo, ha preferido "ser prudente" a la espera de que el Supremo decida si ve recurrido a la petición de Peinado.
La UCO aporta el contrato por el que Cerdán compró el 45% de una empresa salpicada por las comisiones ilegales
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo el contrato por el que Santos Cerdán adquirió por 6.000 euros el 45% de la empresa Servinabar –en el punto de mira por supuestas adjudicaciones irregular de obra pública–. Se trata de un contrato que firmaron Cerdán y el empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola, y que los agentes hallaron en casa de este segundo. La defensa de Cerdán, que había pedido que se aportara el documento, recalcó que es un "contrato privado" –no una escritura, como inicialmente dijo la UCO– y niega que llegara a tener ningún "efecto jurídico". La empresa también ha desmentido que Cerdán llegara a ser socio, aunque en el documento consta su sello.
El abogado del exsocialista, Benet Salellas, ha explicado que su cliente dará todas las explicaciones a la comparecencia en el Supremo el 30 de junio, que ha pedido que se retransmita por streaming y con medios, si bien esta fase del procedimiento tiene carácter reservado. Según argumentó el letrado, quieren evitar "juicios paralelos" con el caso.