Peinado recuerda a un primer ministro italiano que huyó para defender la retirada de pasaporte a Begoña Gómez

MadridJuan Carlos Peinado vuelve a defender a capa y espada haber retirado el pasaporte a Begoña Gómez y haberle impedido que salga de España para evitar que se fugue. Lo hace en un informe que ha presentado a la Audiencia de Madrid para responder al recurso de apelación que presentó la defensa de la mujer de Pedro Sánchez contra las medidas cautelares. Él hace como si oyera llover y se “reafirma y reitera” en todas ellas. Hace dos días, otro juez, que le sustituyó, impidió que ella viajara a Turquía para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN, pero le permitió ir a Londres a la graduación de su hija. “No sería la primera ocasión en la que un presidente del gobierno de un estado miembro de la Unión Europea se escapa a un país del continente africano ante un procedimiento de una trama de corrupción”, sostiene Peinado en el escrito, al que ha tenido acceso el ARA.

Habla de Bettino Craxi, a pesar de que cuando huyó hacía siete años que había dimitido. Fue primer ministro de Italia de 1983 a 1987, fue condenado a 27 años de prisión por el caso mani pulite –una extensa red de corrupción política que implicaba a los principales grupos políticos y diversas empresas– y en 1994 huyó a Túnez, donde murió en 2000. Por cierto, en el escrito, que tiene fecha de 30 de junio, Peinado llega a reprochar a Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, que haga una “innecesariamente prolija” exposición de los argumentos para cuestionar la retirada del pasaporte.

Los escoltas de Begoña Gómez

El juez que ha enviado a Begoña Gómez a juicio también vuelve a aludir al papel de los escoltas de la esposa del presidente español. Inicialmente, esgrimió que los agentes podrían “colaborar” en una presunta fuga por “iniciativa propia” o “siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, una insinuación que provocó las quejas de los sindicatos policiales y que llevó al Poder Judicial a abrir un proceso para expedientarlo. Ahora dice que no dijo que fuera “probable o previsible”, sino que planteó una “mera hipótesis”. Expresa que no quiso “ofender o menospreciar” la tarea de los agentes, que “generalmente y casi en su totalidad” actúan de manera “ejemplar”, pero reitera que la “misión” de los escoltas es “protegerla frente a terceros de posibles ataques a su integridad física” y no “evitar los movimientos o desplazamientos que estime conveniente”.

Y da un paso más en su argumento para esparcir la sombra de duda sobre la policía española. Alega que si no hubiera la “posibilidad” de que hubiera agentes que “no cumplen adecuadamente con sus obligaciones”, la existencia de la Unidad de Asuntos Internos “no tendría sentido”. “Se creó precisamente por este motivo, su existencia permanece y no se contempla su disolución”, remacha.

Finalmente, recuerda que ha habido “diversos supuestos” en los que, con “mayor o menor trascendencia social”, han aparecido funcionarios que han sido objeto de “reproche disciplinario o penal”, citando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Actualmente, el excapo de la UDEF está siendo investigado por la Audiencia Nacional porque tenía más de 20 millones de euros procedentes del narcotráfico entre su casa y el despacho oficial. Y también recuerda el caso de Carlos Salamanca, que fue comisario jefe del aeropuerto de Barajas y fue condenado por haber recibido obsequios –en especie y en metálico– de dos empresarios a cambio de un trato preferente a sus clientes y familiares.