¿Se podrá prohibir viajar entre comunidades después de la alarma? Moncloa dice ahora que sí

MadridDe no poder hacer nada sin el estado de alarma a poderlo hacer "casi todo". En seis meses la Moncloa ha cambiado por completo su discurso sobre cómo responder a la pandemia. Y cada día que pasa el gobierno español ve factibles más medidas sin el amparo de la medida excepcional que permite la restricción de derechos fundamentales. Si a finales de octubre el Congreso aprobó un estado de alarma de seis meses para dar amparo al toque de queda y también al confinamiento perimetral entre comunidades, puesto que entonces el ministro de Sanidad, Salvador Illa, decía que esta era la única opción posible, la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que una vez se ponga fin al estado de alarma después del 9 de mayo, igualmente se podrán seguir prohibiendo los viajes entre comunidades, es decir, se podrá decretar el confinamiento perimetral de todo un territorio.

Se trata de una medida que los expertos no ven nada clara y que consideran que escapa de las competencias autonómicas. De hecho, en marzo del año pasado el presidente español, Pedro Sánchez, desestimó que el entonces president de la Generalitat, Quim Torra, cerrara Catalunya. También es cierto que entonces ya existía el estado de alarma y que se había decretado el confinamiento domiciliario. Pues ahora Calvo sostiene que "excepto el confinamiento en casa, que limita la capacidad de deambular, afecta a derechos fundamentales y solo se puede tomar por la vía de la situación excepcional, casi se podrán aplicar todo el resto de medidas con la legislación existente". Ahora bien, ha puntualizado, en declaraciones a los periodistas desde Valladolid, que la decisión de confinar a todo un territorio la tendría que tomar de forma coordinada el Consejo Interterritorial de Salud, el órgano que reúne a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con todos los consejeros del ramo.

Un "escenario diferente"

Tal como ya defendió Sánchez el miércoles ante el Congreso –donde descartó dar más poderes a las comunidades después del estado de alarma porque considera que podría ser perjudicial para los derechos fundamentales–, Calvo ha sostenido que nos encontramos ante un escenario radicalmente distinto al de hace seis meses o un año, puesto que esta semana se llegará a tener a más personas inmunizadas con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 que personas que se han contagiado oficialmente por el virus desde el inicio de la pandemia. "A veces las situaciones tan complicadas como las que vivimos requieren explicaciones difíciles", ha señalado la número dos del ejecutivo español antes de reiterar que, a su entender, las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud son de obligado cumplimiento para todas las comunidades.

Además, sobre las críticas desde las autonomías alertando de que habrá un caos jurídico una vez se levante el estado de alarma el 9 de mayo porque los tribunales tienen que validar todas las nuevas medidas, Calvo ha defendido que en el 99% de las ocasiones los jueces han dado siempre la razón a los gobiernos autonómicos. De hecho, ha alertado de que algunas comunidades han tenido la osadía de incluso saltarse el estado de alarma –pasó con Castilla y León cuando decretó el toque de queda a las 20 h, que el Tribunal Constitucional acabó tumbando– y que por eso lo más seguro es que la justicia retenga el control de los derechos fundamentales.

A efectos prácticos, en plena precampaña para las elecciones del 4 de mayo en Madrid, donde la gestión de la pandemia se ha convertido en un caballo de batalla, Sánchez no quiere enfrentarse al debate de prorrogar el estado de alarma. Pero a la vez no quiere dar más poderes a las comunidades aprobando una nueva legislación, como reclaman tanto la oposición como también buena parte de los socios del bloque de investidura. A cambio, ha querido convertir el Consejo Interterritorial de Salud –donde los socialistas acaban teniendo mayoría– en la madre de las decisiones de lo que se haga a partir de ahora. Parece que el poder y la capacidad de decisión quedan solo en manos de las comunidades, pero a la hora de la verdad la Moncloa podrá acabar imponiendo –de acuerdo con lo que defienden con normativas dudosas, según expertos consultados por el ARA– sus decisiones a través de la herramienta de "cogobernanza" del Consejo Interterritorial de Salud . Ahora bien, la última palabra la tendrán siempre los tribunales y no los expertos sanitarios ni los epidemiólogos.